Un negocio redondo.
Y sin barreras.
300 € por hora de sexo.
Con ‘cadáveres’ en el armario porque resulta que un fontanero aficionado murió electrocutado en otra sauna prostíbulo del padre de Begoña Gómez.
El verano político en España acostumbra a traer sobresaltos, pero pocos tan jugosos como la última polémica que envuelve a Pedro Sánchez.
No se trata esta vez de una disputa parlamentaria ni de un desacuerdo internacional, sino de los polvorientos archivos familiares de su esposa, Begoña Gómez, cuyo apellido aparece ahora ligado a un negocio tan rentable como incómodo: una red de saunas y prostíbulos en pleno centro de Madrid, regentada por su familia durante décadas.
El asunto ha saltado a la primera línea mediática gracias a la filtración de audios inéditos del excomisario José Manuel Villarejo, donde se detalla la actividad empresarial del padre de Begoña, Sabiniano Gómez, y las implicaciones directas de la propia Begoña en tareas contables.
El escándalo no es menor: hablamos de locales en los que se ejercía la prostitución abiertamente y que, según sentencias judiciales firmes, funcionaban bajo el amparo y gestión directa del entorno familiar de la actual primera dama.
Los números del escándalo: ¿cuánto ganaba la familia Gómez-Sánchez?
En esta comedia política con tintes de vodevil, las cifras son tan mareantes como explícitas. Una sentencia reciente revela que la madame principal de uno de estos prostíbulos cobraba nada menos que 10.885 euros mensuales por su labor. Pero el dato más relevante es cuánto ingresaba realmente la familia propietaria, ya que en estos negocios, el reparto suele dejar lo más jugoso para quien está al mando.
De acuerdo con los testimonios y los documentos judiciales desvelados:
- En el prostíbulo femenino situado en el Paseo de la Castellana, se cobraban 300 euros por hora de sexo. Con jornadas estimadas en 8-10 horas diarias y varias trabajadoras en plantilla, las cuentas superan fácilmente los 50.000 euros mensuales solo en servicios sexuales.
- La empresa matriz, San Bernardo 36 S.L., gestionaba al menos tres saunas (Adán, Princesa y Azul) y varios pisos donde se realizaban actividades similares.
- Los ingresos se completaban con alquileres ventajosos: tras cesar parte del negocio, la familia mantuvo el ático sobre una de las saunas por solo 853 euros mensuales, muy por debajo del precio de mercado para un inmueble tan céntrico.
Con estas cifras, no extraña que parte del patrimonio familiar –incluida una vivienda valorada en casi 700.000 euros en Pozuelo– se haya vinculado directamente al rendimiento económico de estas actividades.
Sentencias judiciales y despidos polémicos
El relato adquiere tintes aún más sórdidos cuando se revisan las sentencias judiciales relacionadas:
- El Tribunal Superior sentenció que el suegro de Sánchez despidió ilegalmente a una madame tras caer enferma. Según consta en autos judiciales, esta trabajadora fue apartada tras sufrir problemas médicos derivados del estrés laboral propio del sector.
- El Supremo confirmó que en al menos una sauna propiedad familiar se ejercía abiertamente la prostitución, echando por tierra cualquier pretensión de legalidad o simple “negocio hostelero”.
Estos fallos no solo confirman las prácticas irregulares dentro de los locales sino también el conocimiento directo y la participación activa del círculo familiar más próximo a Begoña Gómez.
La doble moral: leyes abolicionistas y beneficios privados
Resulta especialmente llamativo que este escándalo emerja mientras el gobierno socialista ha impulsado leyes dirigidas a abolir la prostitución y perseguir el proxenetismo. La paradoja es evidente: mientras el discurso oficial condena sin paliativos este tipo de negocios, parte del entorno presidencial habría amasado fortunas precisamente gracias a ellos.
Las críticas desde la oposición no han tardado en llegar. El líder popular Alberto Núñez Feijóo denunció abiertamente estos hechos en sede parlamentaria, acusando al presidente Sánchez no solo de beneficiarse indirectamente sino también de intentar ocultar las pruebas patrimoniales asociadas a estas actividades.
Consecuencias políticas e impacto mediático
El escándalo ha tenido ya varias consecuencias inmediatas:
- El presidente Sánchez acumula semanas sin responder preguntas directas sobre este asunto.
- Parte del archivo documental ha sido entregado al PSOE por el empresario Javier Pérez Dolset, actualmente imputado por otros delitos económicos.
- Medios independientes denuncian censura y presiones comerciales para evitar que estas informaciones lleguen al gran público.
- Se reabre el debate sobre la transparencia patrimonial y las incompatibilidades éticas en el entorno familiar de altos cargos.
La situación recuerda otros casos recientes donde propiedades familiares o relaciones personales han servido como munición política –desde Ayuso hasta otros líderes autonómicos– pero aquí el componente sexual añade una dosis extra de morbo mediático.
