El 21 de julio de 2025 amaneció con un asunto tan incómodo como inesperado para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo ha reavivado el pasado empresarial de su familia política al confirmar en una sentencia que en la conocida Sauna Princesa, regentada por el suegro del presidente, se ejercía la prostitución. Este dictamen judicial, fechado en 2001 pero traído de nuevo a la actualidad por las recientes investigaciones y declaraciones parlamentarias, expone con detalle cómo el establecimiento, camuflado bajo la apariencia de una sauna, funcionaba realmente como prostíbulo.
La resolución no es baladí: certifica que la Policía tenía constancia fehaciente de que allí se ofrecían servicios sexuales en habitaciones equipadas con sauna y jacuzzi. La fachada clásica del local, situada junto a la Plaza de España de Madrid, apenas disimulaba el trajín interior. El fallo del Supremo anuló una orden de expulsión contra una ciudadana guineana al considerar que no había pruebas concluyentes de su implicación directa en la prostitución, aunque reconocía sin ambages la naturaleza del negocio familiar de los Gómez Serrano.
Los antecedentes: décadas de negocios bajo sospecha
La familia política de Sánchez, especialmente su suegro Sabiniano Gómez Ocampo y sus hermanos, estuvo vinculada durante décadas a una red de saunas y prostíbulos repartidos por Madrid, León y Segovia. No se trataba de un negocio ocasional ni marginal: los Gómez Serrano controlaban al menos nueve locales en los que se practicaba tanto la prostitución heterosexual como homosexual.
La actividad empresarial fue objeto de investigaciones policiales y sanciones administrativas. Uno de los episodios más graves tuvo lugar en el club Kilómetro Ochenta, en Segovia, donde una operación policial destapó una trama de trata de mujeres extranjeras sin papeles. La Inspección de Trabajo multó a la empresa familiar con 66.339 euros por explotación laboral tras descubrir que once mujeres brasileñas, colombianas y nigerianas trabajaban allí sin contrato ni autorización administrativa.
La polémica se agrava porque estos negocios se mantuvieron activos durante años sin apenas trabas legales. Según testimonios recogidos por los medios, existía una connivencia entre los responsables del local y algunos miembros de las fuerzas policiales, quienes recibían invitaciones a copas y servicios gratuitos a cambio de mirar hacia otro lado.
Consecuencias políticas y personales
El escándalo ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en un arma arrojadiza en el debate político nacional. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó recientemente una sesión parlamentaria para acusar a Sánchez de haberse beneficiado «a título lucrativo» de los negocios sexuales familiares. Las palabras resonaron con fuerza porque el PSOE ha defendido históricamente posturas abolicionistas frente a la prostitución.
No es menor el hecho de que parte del patrimonio familiar —incluida una vivienda en Pozuelo de Alarcón donde residió el propio presidente— provenga directamente de las ganancias obtenidas en estos negocios. El piso fue adquirido por Sabiniano Gómez y cedido posteriormente a su hija Begoña Gómez, esposa del presidente. Aunque no figura formalmente inscrito a nombre de ella en el Registro de la Propiedad, vecinos confirman que Begoña asistía como propietaria a las juntas vecinales.
Además, diversos testimonios apuntan a que Begoña Gómez llevaba personalmente las cuentas y gestionaba pagos a las trabajadoras sexuales en las saunas familiares. Según un antiguo responsable de seguridad citado por medios madrileños, «iba por las saunas a hacer caja» y preparaba sobres con dinero para pagar a las chicas al día siguiente.
Un pasado incómodo… y cargado de curiosidades
- El nombre «Sauna Princesa» no era casual: su entrada decorada con columnas y molduras evocaba más un palacete veneciano que un prostíbulo madrileño.
- Se ha documentado que altos cargos policiales recibían servicios gratuitos como parte del «blindaje» empresarial.
- En uno de los locales más famosos, la Sauna Adán, existieron cámaras ocultas supuestamente instaladas para fines policiales pero sin autorización judicial; según algunas fuentes policiales, las grabaciones pudieron usarse para chantajes o presiones políticas.
- El caso Kilómetro Ochenta saltó incluso al ámbito diplomático: fue una llamada desesperada desde el interior del local lo que activó la intervención consular rumana y desencadenó la redada policial.
- Mientras tanto, Pedro Sánchez siempre ha mantenido públicamente una postura firme contra la explotación sexual… aunque nunca ha hecho declaraciones explícitas sobre los negocios familiares vinculados a su entorno más cercano.
La ironía no pasa desapercibida para los analistas políticos: quien lidera hoy un Gobierno abiertamente abolicionista se ve ahora obligado a capear uno de los escándalos familiares más incómodos para cualquier inquilino reciente del Palacio de La Moncloa.
