El Gobierno pretende cortar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años que no tengan autorización paterna para usarlas. Dicha prohibición afectaría también a foros y espacios de inteligencia artificial generativa. En casos específicos, la edad mínima podría reducirse a 14 años, mientras que para jóvenes entre 16 y 18, bastaría con su propio consentimiento. Además, las tiendas de aplicaciones estarán obligadas a ofrecer controles parentales para las descargas.
Este borrador se presenta en un entorno europeo convulso. Australia ya ha implementado una medida similar desde diciembre de 2025, con sanciones que alcanzan los 50 millones de dólares para empresas como Meta o TikTok que no verifiquen las edades mediante documentos o reconocimiento facial. En España, el apoyo entre los padres es notable, con un 79% a favor de una normativa parecida, aunque muchos cuestionan su efectividad real. El Parlamento Europeo respalda establecer límites desde los 13 años con autorización familiar, mientras países como Francia, Italia o Dinamarca están avanzando hacia prohibiciones hasta los 15 años, utilizando identidades digitales o aplicaciones para verificar edades.
Esta iniciativa responde a años de advertencias. En España, el uso problemático del móvil afecta al 25% de los menores, generando trastornos del sueño y dependencia. El nuevo marco legal europeo conocido como el Digital Services Act ya exige a las plataformas reforzar sus controles; sin embargo, al no haber una edad unificada, las empresas pueden esquivar estas normativas. Según Sánchez, las redes son un «territorio sin ley», y ahora busca armonizar esta situación con Europa.
Si esta propuesta se aprueba, las consecuencias podrían ser variadas. Las plataformas enfrentarían multas millonarias y tendrían que invertir en tecnología para validar edades sin requerir más datos personales. Los padres contarían con nuevas herramientas, pero hay quienes temen que esto pueda llevar a evasión: menores utilizando VPNs, creando cuentas falsas o recurriendo a aplicaciones alternativas menos seguras. Además, si no se proporciona una educación digital sólida, esta norma podría promover usos clandestinos similares a lo que ya ocurre en el Reino Unido, donde se utilizan rostros falsos en videojuegos.
El humor también hace acto de presencia ante situaciones irónicas: mientras que Elon Musk desafía la ley australiana aludiendo a «libertad de expresión», en España, muchos padres se cuestionan si prohibir TikTok será tan eficaz como vetar el tabaco en bares. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo apoya las verificaciones pero subraya la necesidad de responsabilidad familiar.
En países como Dinamarca, han reservado ya 21 millones de euros para mejorar la seguridad infantil; en Italia, están multando a ‘kidfluencers’; y un estudio alemán contempla prohibiciones totales para otoño de 2026, sin excepciones parentales. Las encuestas revelan que un tercio de los españoles duda sobre la efectividad del control propuesto, pero un contundente 83% aboga por límites en notificaciones adictivas.
