Las cuatro asociaciones de jueces señalaroneste miércoles que la demarcación territorial en veguerías que ha aprobado el Parlamento catalán sería inconstitucional si tratara de sustituir a las provincias, que están consagradas por la Carta Magna. Una de ellas, el Foro Judicial Independiente, apuntó que incluso podría serlo aunque se mantuvieran las diputaciones provinciales.
En declaraciones a Servimedia, Luis Garrido, representante de la Asociación Profesional de la Magistratura, especificó que las veguerías tendrían cabida «como subdivisión de una diputación», pero que ésta «tiene que seguir existiendo, porque en la Constitución está recogida» y «no hay mucho más que decir». Según avanzó, el recurso lo podrían promover el Estado o alguna diputación a la que la veguería le hiciera desaparecer o le dejara vacía de competencias, y, a juicio de este jurista, «lo deberían tener fácil» para ganar el contencioso.
Por su parte, el portavoz de Jueces por la Democracia, José Luis Ramírez, comentó que «esto no afecta a la existencia de las provincias, que siguen conservando su entidad propia porque así lo establece la Constitución» y «es intocable».
Según precisó, la Generalitat puede crear otras demarcaciones «a efectos organizativos internos» de la Administración autonómica. «Lo que jamás se podría hacer es aprobar esta ley y que las veguerías intenten suplantar a las provincias. Eso sí sería inconstitucional», aclaró.
Desde la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero enmarcó las veguerías dentro de las competencias catalanas, pero matizó que «las provincias siguen siendo una división territorial del Estado» y no pueden ser suprimidas. Sexmero vaticina que «la legislación catalana intentará dejar vacía de contenido la administración provincial» , pero aclaró que, «en todo caso, las provincias tienen que seguir existiendo, porque es una estructuracion del Estado que está en la propia Constitución».
El más crítico con la ley de veguerías fue Conrado Gallardo, portavoz del Foro Judicial Independiente, quien piensa que «probablemente sea una ley inconstitucional», ya que el TC, en su sentencia sobre el Estatuto catalán, dictaminó que «no es posible que una comunidad autónoma altere la ordenación del territorio que se encuentra establecida a nivel nacional».
Es más, a su juicio «no estaría claro que fuera constitucional ni aun manteniendo la provincia», dado que se trata de una nueva organización territorial, que es «expresamente lo que declaró competencia estatal el TC», y «abriría una puerta para que cada uno hiciera sus subdivisiones», con la consiguiente multiplicación del gasto.
Gallardo llamó la atención sobre la dudosa eficiencia de una nueva estructura superpuesta a las provincias, cuya vigencia en el Estado autonómico ya se está discutiendo. Pero recordó que, para declarar inconstitucionales las veguerías, «alguien tendría que plantear el recurso» al TC, ya fueran las diputaciones, el Gobierno (que «tendría la obligación de hacerlo») o el PP. Y él se teme que, «si el PP se conforma» con que no reemplace a las provincias, la nueva subdivisión catalana, «por la fuerza de los hechos, será constitucional».
