Cangas, hundida en el desgobierno: la justicia abre diligencias por el caso “Caracola”.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Cangas ha admitido a trámite una denuncia que pone en el ojo del huracán al Concello y a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), al investigar un presunto entramado de falsedad documental, prevaricación y delitos urbanísticos vinculados al restaurante y pensión A Caracola, situado en Donón, Hío.
La Fiscalía se ha personado como parte querellante junto al denunciante, Eulogio Abeleira, lo que refleja la gravedad de los hechos. El caso gira en torno a una licencia de obra mayor concedida por el Concello para la construcción de un inmueble en suelo no urbanizable protegido, alterando presuntamente los planos del núcleo rural para hacer edificable lo que la ley prohibía.
Ya en 2019, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra ordenó restaurar la legalidad urbanística, confirmada en 2020 por el TSXG. Sin embargo, el Concello de Cangas, dirigido por la alcaldesa Araceli Gestido, no ejecutó las resoluciones judiciales ni cumplió su propia orden de cierre en 2022. En su lugar, el restaurante continuó abierto, mientras las administraciones implicadas se acusaban mutuamente de inacción.
Un patrón de desobediencia y connivencia institucional.
El denunciante señala a técnicos municipales, funcionarios de la APLU y al propio arquitecto del proyecto por actuar “en comandita” para dar apariencia de legalidad a lo que sería una vulneración flagrante de la normativa urbanística. Se investigan posibles delitos de falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, usurpación de funciones y omisión del deber de perseguir delitos.
Este nuevo caso no es un episodio aislado. Forma parte de un patrón de desobediencia sistemática de la alcaldesa de Cangas, que ha sido ya objeto de diversas imputaciones judiciales por ignorar resoluciones de los plenos, no ejecutar sentencias firmes y actuar al margen de la legalidad. Su gestión ha colocado al Concello en una situación de desgobierno permanente, donde la arbitrariedad política sustituye al respeto institucional.
Una Cangas secuestrada por la inacción.
La realidad es tozuda: las sentencias no se cumplen, los cierres no se ejecutan y las construcciones ilegales permanecen operativas. Todo ello bajo la sombra de una alcaldía que ha demostrado incapacidad para gobernar dentro de los límites de la ley. La oposición, hasta ahora débil y dispersa, tiene la obligación moral de asumir un papel activo y responsable: Cangas no puede seguir hundida en este marasmo político, jurídico y administrativo.
Dimisión inevitable de la Alcaldesa del BNG Areceli Gestido.
En cualquier democracia sana, una alcaldesa sometida a sucesivas imputaciones judiciales y acusada de permitir —por acción u omisión— delitos urbanísticos de tal envergadura habría dimitido hace tiempo. No hacerlo prolonga la agonía de un municipio que necesita con urgencia transparencia, responsabilidad y respeto a la legalidad.
La conclusión es clara: Araceli Gestido debe dejar la alcaldía, y la oposición debe tomar las riendas. Porque peor, simplemente, ya es imposible.
