En septiembre de 2024, el pleno del Concello de Cangas aprobó por unanimidad la compra de un desfibrilador para las instalaciones deportivas de Rodeira, conocidas como “el Keniata”. La propuesta, impulsada por el PP y respaldada por todos los grupos políticos, respondía a una necesidad urgente: salvar vidas. No era un capricho ni una inversión simbólica. Era una respuesta directa a episodios trágicos, como el fallecimiento de un árbitro de 63 años en pleno partido. Sin embargo, casi un año después, el desfibrilador sigue sin aparecer. ¿La razón? Los técnicos municipales desaconsejaron la compra alegando que el lugar está a un minuto de la base de emergencias de A Rúa. Con clara desobediencia a lo aprobado por el pleno del concello, que derivará en procesos judiciales lo cual importa poco a los responsables actuales del gobierno municipal porque mientras la legislatura pasa ellos engordan sus carteras y su modo de vida lleno de agravios para la comunidad de Cangas del Morrazo. Como se suele decir ellos y ellas a lo suyo.
Retribuciones políticas vs. inversión en vida
Mientras el desfibrilador se queda en el cajón de las promesas incumplidas, los concejales del Concello de Cangas sí han visto desbloqueados sus sueldos. La alcaldesa Araceli Gestido percibe 47.119 euros anuales, y los concejales con dedicación exclusiva —Urbanismo, Hacienda y Obras— reciben 29.800 euros cada uno. Estas cifras, que se mantienen respecto al mandato anterior, fueron aprobadas con carácter retroactivo, asegurando que los ediles cobren desde el día de su investidura.
La comparación es inevitable. Un desfibrilador cuesta entre 1.000 y 2.000 euros. Es decir, con menos del 5% del salario anual de un concejal, se podría haber adquirido el dispositivo que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte en un evento deportivo. Mientras los políticos aseguran sus retribuciones, los padres del Club Voleibol Maniotas tuvieron que organizar rifas para comprar uno por su cuenta. Lo guardan en el cuartel de la Guardia Civil, a pocos metros de las pistas, porque el Concello no lo consideró “eficiente”.
¿Eficiencia o indiferencia?
La alcaldesa ha defendido la decisión de no comprar el desfibrilador como una medida basada en criterios técnicos. Pero los técnicos, según sus propias palabras, reprocharon al gobierno haber votado sin consultarles. ¿Entonces, qué fue primero: la decisión política o el informe técnico? ¿Y por qué se votó sin tener toda la información?
La paradoja es dolorosa. El pleno puede aprobar una medida que salva vidas, pero si los técnicos la desaconsejan, se desactiva. En cambio, los sueldos políticos se aprueban y se cobran sin objeciones, incluso con retroactividad. ¿Dónde está el criterio eficiente cuando se trata de proteger a quienes entrenan y compiten en Rodeira?
La ciudadanía toma el relevo
La respuesta más contundente no vino del Concello, sino de la ciudadanía. Padres y madres movilizados, rifas organizadas, formación impartida por la Asociación Forsagal. Un ejemplo de cómo la sociedad civil puede suplir la inacción institucional. Pero no debería ser así. No debería depender de rifas la posibilidad de salvar una vida.
Para ir terminando Ya.
El desfibrilador no se compró. Los sueldos sí. El pleno votó por unanimidad, pero la vida quedó en segundo plano. En Cangas, parece que el corazón de la política late más por sus privilegios que por sus compromisos. Y mientras tanto, el verdadero latido —el que podría detenerse en cualquier momento en una cancha— depende de la voluntad de quienes no cobran por cuidar, pero lo hacen igual. La sociedad del Club de Fútbol Keniata donde cientos de personas, jóvenes, mayores etc hacen deporte se ven desprotegidas al igual que sus instalaciones, por responsables públicos que son una muestra más de la catadura moral y del fanatismo de grupos municipales que reprimen a aquellos que no piensan como ellos o no les votan. El caso del Keniata es un caso evidente.
¿Quién decide qué merece ser financiado? ¿Y qué dice eso de nosotros como comunidad?
