Los organismos catalanes usan traductores para el español
Antonio Peiró, ciudadano residente en Torregrossa (Lérida), localidad de 2.300 habitantes situada en el sur de la comarca del Pla d´Urgell, lleva más de tres años litigando con todo tipo de autoridades locales, autonómicas y nacionales, llegando a las más altas instancias, como el Tribunal Supremo, el defensor del Pueblo y Presidencia del Gobierno.
Su objetivo: que se cumpla la Ley de Banderas y la enseña nacional ondee en los ayuntamientos catalanes.
El pasado 20 de julio Peiró presentó una instancia ante el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, “solicitando que proceda a restituir la legalidad vigente en el ayuntamiento de Torregrosa con el fin de que la bandera española sea colocada en lugar destacado en cumplimiento con lo establecido en la Ley 39/1981 de 28 de octubre.
Le comunico que existe el delito de prevaricación en comisión por omisión, cuando es imperativo realizar una determinada actuación administrativa, y su omisión tiene efectos equivalentes a una denegación”
La respuesta del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno,
José Enrique Serrano Martínez, el 5 de octubre, casi tres meses después, fue la siguiente: “Estimado señor: Con un retraso que espero sepa disculpar y por indicación del presidente del Gobierno, le agradezco el envío del escrito que le ha dirigido, del que hemos dado traslado a los ministerios de Política Territorial y de la Presidencia, para su conocimiento. Reciba un cordial saludo”.
Entre las anécdotas que ha vivido en estos tres años, el ciudadano leridano destaca las respuestas en catalán a algunas de sus querellas, sobre todo por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de Lérida “a pesar de que mandaba todo en castellano.
Cuando pido explicaciones utilizaron los servicios de una empresa de traducción que cobra por realizar sus funciones. Es ridículo porque en Cataluña todo el mundo habla castellano.
También el Consejo Comarcal de la Segarra me respondió que los consejos comarcales no son corporaciones municipales y no tiene por qué lucir la bandera española”, concluye Peiró”.
ANTECEDENTES
Como ya publicó LA GACETA, el primer paso de Peiró para luchar por el cumplimiento de la ley se produce el 8 de septiembre de 2007, cuando presenta por burofax una denuncia contra más de 110 ayuntamientos ante José Montilla, presidente de la Generalitat de Cataluña.
La respuesta recibida le señala que su instancia se envía al departamento de Gobernación y Administraciones Públicas.
Una semana después de su primera denuncia, este ciudadano ilerdense prosigue con su particular batalla.
Presenta instancias en los ayuntamientos de Torregrossa, Borges, Blanques, Mollerussa, Juneda, Golmes y ante el Consejo comarcal de Pla d’Urgell instándoles a que cumplan la Ley.
Se produce un total silencio administrativo y no recibe respuesta. Posteriormente cursa denuncia ante la Subdelegación del Gobierno de España en Lérida. También presenta requerimiento ante Fiscal Jefe de Cataluña, Teresa Compte, sin tener ningún tipo de respuesta de ambas instituciones.
DEFENSOR DEL PUEBLO
La denuncia presentada el 7 septiembre de 2009 ante el defensor del Pueblo tuvo respuesta dos meses después en un escrito de tres páginas. Peiró aclara: “Me responde que no puede hacer nada ya que el Estatut está en vigor y todo lo relacionado con las denuncias que he puesto corresponde al Síndic de Greuges.
Por lo menos alguien se ha dignado a leer mis acusaciones, aunque no me resuelva nada”.
Estado, para que actúe deLa siguiente alta instancia ante la que recurre es el fiscal general del oficio. La fiscal adjunta de la Audiencia Provincial de Barcelona, Rosado Lledó Martínez, decreta el archivo de la causa.
Indignado e impotente al ver cómo se incumple sistemáticamente la Ley y no se puede hacer nada por evitarlo, Peiró decide el 14 de septiembre de 2009 presentar una “denuncia ante el Juzgado de Guardia de Lérida de nuevo contra el presidente de la Generalitat, contra la fiscal en jefe de Cataluña, y contra la juez que puso mis denuncias ante los Mossos d’Escudra en una carpeta, contra el subdelegado del Gobierno en Lleida, contra el alcalde de Torregrossa, así como también contra los más de 100 alcaldes que incumplen
la Ley”.
La juez Belén Ballestini decreta el sobreseimiento provisional de la denuncia. “Lo más grave es que me contestan en catalán cuando yo estoy presentando todas mis alegaciones en castellano.
Es una vergüenza. La Generalitat me responde que en sus edificios sí ondea la bandera española, cuando es falso. Mienten”, comenta Antonio Peiró.
TRIBUNAL SUPREMO
El presidente del Tribunal Supremo también recibe un burofax con todos los documentos que demuestran el incumplimiento de la Ley en municipios catalanes.
La respuesta también es negativa: “Me dicen que no pueden tramitar mi causa y resolver los recursos que planteo.
Se quitan de encima remitiéndome a Atención al Ciudadano en el Consejo General del Poder Judicial”.
Prosiguen querellas ante el presidente de la Diputación de Lérida y el subdelegado de Gobierno en la misma ciudad. Esta última es la única que ha dado frutos, ya que “el día después de presentarla, 30 de junio de 2010, la bandera española estaba bien colocada y a fecha de hoy sigue en su sitio”, aclara Peiró.
