Respecto a los autónomos, se incrementará en un punto la base mínima de su cotización
El Gobierno modificará el acceso a la jubilación parcial para que el coste de esta medida no recaiga en su totalidad sobre la Seguridad Social y suponga mayor coste para las empresas, según consta en el Plan Presupuestario para 2013 y 2014 remitido a la Comisión Europea, donde también se establece que se cambiarán los requisitos para acceder a la jubilación anticipada con el objetivo de elevar la edad efectiva de jubilación y que se aproxime lo más posible a la edad legal (65 años).
Para elevar la edad efectiva de jubilación, el Gobierno actuará según lo que se acuerde en el Pacto de Toledo sobre los coeficientes reductores por anticipo de la edad de jubilación o la edad de acceso a la jubilación anticipada, entre otros que todavía están por definir.
El Ejecutivo, como ya avanzó hace menos de un mes el presidente Mariano Rajoy, quiere modificar también el acceso a la jubilación parcial con el fin de evitar un uso inadecuado de la misma porque considera que en muchos casos sustituye a la jubilación anticipada y su coste recae totalmente sobre la Seguridad Social.
Esta modificación también se articulará a través de lo acordado en el Pacto de Toledo bien modificando la edad de acceso a la jubilación, el porcentaje mínimo de la jornada laboral o los coeficientes reductores por anticipo de la edad de jubilación a la pensión parcial reconocida, establece el plan enviado a Bruselas.
Factor de sostenibilidad de las pensiones
En cuanto al factor de sostenibilidad, que se debe revisar cada cinco años, y que fue introducido en el sistema de la Seguridad Social por el anterior Gobierno, se revisarán los parámetros fundamentales en función de la evolución de la esperanza de vida.
Tanto los parámetros como el momento de su primera aplicación están aún por definir, algo que se acordará en el Pacto de Toledo, según han asegurado fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a RTVE.es.
La Comisión Europea ha pedido al Gobierno que se adelante su aplicación para revisar parámetros «fundamentales» en línea con los países del entorno, como la edad de jubilación, la cuantía inicial de la pensión o las condiciones de revalorización de la misma, entre otras.
En el Plan enviado a la CE, el Ejecutivo subraya que se analizarán otras medidas de reforma del sistema de pensiones en el Pacto de Toledo.
Rebaja cotizaciones sociales
El coste de las medidas en materia de Seguridad Social que recoge el plan supondrá una caída de ingresos de 3.591 millones de euros (1.040 millones en 2013 y 2.551 millones en 2014), debido al impacto que sobre las cuentas del sistema tendrá la rebaja de las cotizaciones sociales en un punto en 2013 y en otro adicional en 2014.
Para compensar la caída de ingresos, el Gobierno incrementará las sanciones por impago de las cuotas a la Seguridad Social y las unificará en un solo tipo de recargo del 20%. Actualmente hay cuatro tipos de recargo (3%, 5%, 10% y 20%) en función de si el retraso en el abono de las cuotas es de uno, dos, tres o más meses.
Respecto a los autónomos, se incrementará en un punto la base mínima de su cotización. Asimismo, para aumentar los ingresos y aproximar el aumento de las bases máximas de cotización a la evolución del IPC y que se aproximen más los salarios y las bases de cotización, se incrementarán estas bases máximas en 5 puntos.
Con todas las medidas en materia de Seguridad Social, el Gobierno pretende ahorrar 70 millones de euros en 2012, pero dejará de ingresar 1.040 millones en 2013 y 2.551 millones de euros en 2014.
Los parados cobrarán menos
Otra de las medidas que se destacan en el Plan enviado a la Comisión Europea es la disminución del cobro de las prestaciones por desempleo a partir del séptimo mes, que afecta al 55% de los desempleados según la titular de Empleo.
La medida se aprobó el pasado 13 de julio, junto a otra reducción en todas las prestaciones. Desde el 14 de julio el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) deja de pagar el 35% de las contribuciones a la Seguridad Social que corresponde cotizar al beneficiario durante el periodo de desempleo.
Esta medida supone una disminución en la cuantía de las prestaciones, que ya notan los parados con derecho a ella. Antes, debían aportar el 65% de la aportación que le correspondía: ahora tienen que hacerse cargo del 100%.
La reducción, progresiva, afecta de forma distinta a cada parado en función de su base reguladora (los que tuvieran mayores sueldos antes del despido pagarán más) y de si su prestación está afectada o no por los topes máximos y mínimos.
Con todas las medidas en materia de empleo, el Gobierno pretende ahorrar 1.888 millones de euros en 2012; 5.746 millones en 2013; y 5.989 en 2014.
