Se libró Marlaska de caer en la última remodelación del Gobierno de Sánchez en julio de 2021, inexplicablemente, porque los pufos que tiene tras de sí el titular de Interior son cuantiosos y sangrantes, pero aguantó.
Eso sí, en algún momento tendrá que caer el juez metido a político, porque se está cubriendo de gloria y el horrible crimen de Lardero ha terminado por ponerle en una tesitura dantesca: está en la casilla de salida.
El horrible asesinato del pequeño Álex de 9 años en este municipio de La Rioja, a manos de un monstruo depredador que nunca debería haber salido de la cárcel -lo hizo después de 26 años-, apunta y señala directamente hacia arriba para pedir responsabilidades. El número uno es Marlaska, y máxime cuando ha trascendido un asunto espinoso.
Lo publicaba el diario El Español, que el ministerio del Interior paga un plus de productividad a los directores de prisiones que excarcelen más presos otorgándoles un tercer grado. Un titular que por sí solo asusta y que cuando acudes a la letra pequeña, asusta aún más:
Hasta 2.000 euros anuales se podían embolsar de más estos directores de prisiones por esta maniobra previa a la libertad condicional, el caso exacto del desgraciado de Lardero.
Hay más y más grave, aunque parezca imposible, porque el jefe de Prisiones -perteneciente al propio ministerio-, Ángel Luis Ortiz, explicó con todo lujo de detalles en el pasado mes de abril en el Congreso de los Diputados cómo efectivamente estaban en la línea de favorecer la concesión del tercer grado al mayor número posible de presos.:
Ortiz recalcó que uno de los compromisos asumidos por su departamento fue el de favorecer el desarrollo de la intervención tratamental y de los procesos de reinserción social, así como el incremento de las personas penadas en régimen de semilibertad.
Es más, llegó a presumir de que desde su llegada al Ministerio en 2018, las «personas clasificadas en tercer grado y aquellas en torno a unas 600 clasificadas en segundo grado, pero con la modalidad de vida del tercer grado, el conocido popularmente como artículo 100.2, se ha pasado de un 17,7% a un 20,5%, es decir, un crecimiento de casi 3 puntos».
C’s y PP piden las comparecencias
Este 2 de noviembre de 2021, el partido Ciudadanos de la mano de Inés Arrimadas ha registrado una petición de comparecencia tanto del ministro Grande-Marlaska como de Ángel Luis Ortiz para que «informen sobre el otorgamiento del plus de productividad vinculado al incremento en el número de terceros grados penitenciarios concedidos».
En la misma línea, Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, ha pedido que tanto Marlaska como Ortiz acudan a la Cámara Baja urgentemente a aportar estas explicaciones.
Lo de que se vayan después de darlas, lo piensan todos pero ya lo decimos aquí.
Deleznables argumentos de Marlaska
El ministro podría haberse limitado a condenar la tragedia, asegurar que hay algo en el sistema que falla y ponerse a trabajar para solucionarlo a marchas forzadas. Pero no, en lugar de eso prefiere decir que todo el mundo ha actuado en base a ese concepto que tanto repite Marlaska y que carece de significado más allá; el principio de legalidad:
Evidentemente cuando acontece una tragedia se evalúa más el desarrollo de los acontecimientos, pero todas las instituciones han actuado conforme al principio de legalidad.
Por eso me parece temerario que sin información y a primera hora se utilice desde un punto de vista partidista una tragedia humana, abandonemos ese talante en la política española. No son momentos para sacar nuevas leyes, sino consecuencia de un debate sosegado y tranquilo.
Las seis negligencias en el caso
Para más, el periodista Alfonso Egea detalla en OkDiario que el ministro del Interior, como máximo responsable de toda esta trama, ha incurrido en hasta seis negligencias. Terrible:
1. No escuchar a la Junta de Tratamiento. Los responsables de la cárcel de El Dueso se negaron a cambiar el grado penitenciario del depredador. Pero en Interior desoyeron.
2. Concesión del Tercer Grado. La decisión de otorgarle el tercer grado llegó desde Madrid. Se cometió un error en la valoración del preso y otros en el seguimiento de la libertad condicional.
3. No custodiar la condicional. Únicamente hicieron seguimiento administrativo, de cambios de domicilio y teléfono, pero no presencial ni en profundidad.
4. No avisar a la Policía. La Policía Local de Lardero y la Guardia Civil deberían haber recibido el aviso de que semejante monstruo salía de la cárcel y viviría allí.
5. Gestión de las denuncias. El crimen podría haberse evitado si se hubiera dado prioridad máxima a la denuncia de al menos una mujer ante la Guardia Civil, que ya alertó de que el desgraciado intentó llevarse a su hija días antes.
6. Registra de delincuentes sexuales. Existe un registro central de delincuentes sexuales pero que sirve de poco porque únicamente es necesario no estar ahí para trabajar con o cerca de niños.
