Un cálculo político disfrazado de necesidad económica.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez, con Mónica García a los mandos, persigue colapsar la sanidad pública española derivando a esta a más de 1,5 millones de funcionarios que ahora mismo disfrutan de Muface.
La intención de la ministra de Sanidad, perteneciente a Sumar, llevan un año detrás de acabar con la sanidad privada de la que disfrutan los funcionarios.
De hecho, a principios de noviembre, expiró el plazo dado por el Ejecutivo socialcomunista a las empresas privadas para que se presentaran a la licitación del concierto para renovar la asistencia sanitaria a los funcionarios.
Sin embargo, tres importantes compañías, Adeslas, Asisa y DKV decidieron no acudir debido a las condiciones que se les ofrecían para seguir prestando el servicio al entender que eran económicamente insuficientes.
Y es que esas empresas aseguradoras reclaman un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación. También critican que ahora mismo resulta imposible hacer frente a la dinámica de largo recorrido de envejecimiento de la subpoblación de mutualistas de Muface. Finalmente, supondría incrementos porcentuales que son inasumibles en el ámbito de la provisión pública directa.
Pero el verdadero objetivo que se esconde tras esta decisión de acabar con Muface es la de empantanar sanidades públicas como la del Madrid de Isabel Díaz Ayuso.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de comunidades autónomas están gobernadas por el PP y la inquilina de la Puerta del Sol es uno de los caballos de batalla del Ejecutivo socialcomunista.

Como bien cuenta Jorge Vilches en ‘The Objective’, la jugarreta está perfectamente definida:
El objetivo es crear un problema a los populares, movilizar a la gente y reanudar las mareas blancas. Tiene marcados los grandes objetivos: Ayuso, López Miras, Guardiola y Moreno Bonilla. Además, considera que esta decisión de acabar con Muface dará visibilidad a Sumar, el último petardazo de la izquierda caviar. Acabando con la mutualidad sanitaria de los funcionarios, piensa empeorar el sistema existente, para luego señalar la supuesta negligencia de los Ejecutivos populares y salir a la calle con pancartas y banderas para pedir dimisiones.
La decisión despótica de trasladar tantísimos pacientes con tratamientos específicos de la privada a la pública aumentará el colapso de la sanidad de cada autonomía. Es imposible que en nueve meses se construyan y doten las infraestructuras, se contrate personal y se obtengan los expedientes médicos personales.
Y añade que:
El sistema va a colapsar donde los funcionarios de Muface eligen mayoritariamente la privada antes que la pública, y que coincide con los lugares donde gobierna el PP: Andalucía, Extremadura, Valencia, Madrid, Aragón, Murcia, y Castilla y León. Lo que hay detrás de la decisión de acabar con Muface es el deseo de hacer daño a los Ejecutivos populares usando a los pacientes, movilizar la calle con el descontento, y tener una oportunidad de recuperar el poder. Nada más.

