La Fiscalía del Tribunal Supremo presentará este lunes, ante la Sala del 61, la demanda para tratar de impedir que Sortu, la nueva formación de la izquierda abertzale, sea inscrita en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior y pueda presentarse a las elecciones municipales del próximo 22 de mayo.
La demanda, que será presentada por el fiscal jefe de lo Contencioso del alto tribunal, Antonio Narváez, se sumará a la que presentó el pasado jueves la Abogacía del Estado, que también se opuso a que el nuevo partido pueda concurrir a los comicios locales por su identidad con la ilegalizada Batasuna.
El Ministerio Público dispone de «pruebas documentales» que revelan que Sortu «no es un partido, sino el mero intento de aparentar formalmente el cumplimiento de la ley para mantener a la desesperada la presencia de ETA en un horizonte político al que ya sabe que no va a llegar de ninguna manera», según indicó el pasado viernes en Sevilla el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
En su escrito, la Fiscalía expondrá la documentación «probatoria y concluyente», en palabras del propio Conde-Pumpido, que demuestra que desde su concepción hasta su puesta en marcha, Sortu es una organización heredera de la ilegalizada Batasuna-ETA. «Sortu significa renacer, y eso de alguna manera pone de relieve que, precisamente, lo que pretende es que renazca Batasuna», explicó.
De igual modo, se recogerán los hechos que se han producido después de la presentación del nuevo partido, entre los que figurarán su falta de reacción tras la detención de cuatro presuntos miembros de un ‘comando’ etarra que han confesado su participación en un total de 16 atentados.
Conde-Pumpido advirtió de que, además del proyecto de Sortu, la izquierda abertzale pondrá en marcha «un plan B y un plan C», en referencia a la conformación de agrupaciones electorales y a la posibilidad de que se presente a través de «un partido legal» como Eusko Alkartasuna (EA).
INICIO DE LOS TRAMITES
La Sala del 61 del Tribunal Supremo, integrada por un total de 16 magistrados, admitió a trámite el pasado jueves la demanda presentada por la Abogacía General del Estado. La decisión supone dejar en suspenso la tramitación sobre la inscripción de esta formación en el Registro, un trámite para el que el Ministerio del Interior tenía un plazo de 20 días según la Ley de Partidos Políticos (LPP).
La Sala, que quedó constituida tras reunirse durante unas dos horas, acordó dar traslado de la admisión de este asunto tanto a la Fiscalía como a los promotores del nuevo partido para que pudieran personarse en el procedimiento y realizar las alegaciones que consideraran oportunas. Los representantes de Sortu tendrán que nombrar abogado y procurador a tal efecto.
También se comunicó la admisión al Ministerio del Interior a los efectos previstos en los artículos 4.2 y 5.6 de la LPP, lo que supone que continúa la suspensión de la inscripción de Sortu, según fuentes del alto tribunal.
SE LO COMUNICA A BATASUNA
La Sala también dio traslado de esta decisión tanto a la Fiscalía como a Batasuna, si bien únicamente a los efectos de considerar a la formación ilegalizada como parte del procedimiento en el que la Abogacía presentó incidente de ejecución. El ponente del procedicimiento será el magistrado Carlos Lesmes.
La demanda se ha interpuesto empleando la vía del incidente de ejecución de sentencia, lo que también tiene previsto iniciar la Fiscalía para tratar de impedir que Sortu pueda registrarse en el Ministerio del Interior y concurrir a las próximas elecciones municipales y forales.
La Sala, competente para dirimir la cuestión según establece la Ley de Partidos Políticos, está integrada por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, los presidentes de la Sala de lo Civil (Juan Antonio Xiol Ríos), de lo Penal (Juan Saavedra Ruiz), Contencioso-Administrativo (José Manuel Sieira Míguez), Social (Gonzalo Moliner Tamborero) y Militar (Angel Calderón Cerezo).
Como magistrados más antiguos están Jesús Corbal (Sala de lo Civil), Carlos Granados Pérez(Penal), Ricardo Enríquez Sancho (Contencioso), Aurelio Desdentado Bonete (Social) y José Luís Calvo Cabello (Militar), han informado este jueves fuentes del alto tribunal.
Los más modernos, todos nuevos a la hora de deliberar sobre la aplicación de la Ley de Partidos Políticos, son Rafael Gimeno-Bayón Cobos (Civil), Alberto Jorge Barreiro (Penal), Carlos Lesmes Serrano (Contencioso) Manuel Ramón Alarcón Caracuel (Social) y Francisco Javier de Mendoza Fernández (Militar).
