MADRID, 9 (OTR/PRESS)
Pocos quedan indiferentes ante la decisión adoptada en el Consejo de Ministros de este viernes de eliminar, de una vez por todas, la publicidad comercial que se ha venido emitiendo, desde su fundación en la televisión del Estado, RTVE. Era un compromiso del Gobierno: a cambio de esa supresión, que han venido reclamando las televisiones privadas, y que se ha acentuado en los últimos tiempos por causa de la disminución de la publicidad a causa de la crisis, el Gobierno se comprometía a buscar una «fuente alternativa», y ha elegido tres distintas fuentes: primera, los presupuestos generales del Estado, segunda, una cuota sobre las televisiones privadas, que se beneficiarán del repartote la publicidad que deje de emitir RTVE. Y en tercer lugar, otra tasa sobre los operadores de la telefonía, que son los que están poniendo el grito en el cielo, porque no ven ventaja alguna y sólo el inconveniente de verse grabados por tasas indeseables.
¿Por qué a los operadores, y no a los camioneros, o los empleados de ferrocarril?, se preguntan los afectados. Sencillamente, porque el Gobierno ha repasado los sectores de actividad y observa que a éstos puede colocar ese «impuesto revolucionario» que cualquier otra actividad, y ésta también, rechazaría con vehemencia. La ventaja es que los operadores de telefonía son un servicio aprobado por la benevolencia del Estado-Gobierno, que emplean en beneficio propio el espacio radioeléctrico de propiedad «de todos».
Lo cierto es que la supresión de la publicidad en TVE ha suscitado toda suerte de comentarios, empezando por el que origina la propia existencia de televisiones públicas, más o menos controladas, y siempre controlables, por el Estado-Gobierno de la Nación. Sin entrar en otro debate aún más amplio. El de las televisiones no privadas, es decir, ampliando el debate a las televisiones autonómicas, también de pago por los contribuyentes, y con el control más o menos estricto de los gobiernos autonómicos. A fin de cuentas, al usuario o cliente de televisión no le queda otra cosa que elegir: ¿Quién quiero que le «manipule» la información: los políticos Zapatero, Rajoy, Esperanza Aguirre, Patxi López, Griñán, Barreda, Pons, los empresarios Lara-Planeta, Berlusconi, Vocento, Ariza, Cebrián-Prisa, Roures-Mediapro?
La fórmula feliz y satisfactoria para todos no parece existir, y no hace falta más que recorrer el estado de cosas en los países vecinos o en los lejanos. El problema de la televisión pública y las privadas está, por igual, o en parecida manera, planteado en Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, unos con canon y otros sin él, unos entregados totalmente a la iniciativa de la publicidad comercial y otros pasando por los presupuestos del Estado y la aportación de los contribuyentes… Pero casi nadie se resigna a prescindir de una TV pública.
En todo caso, la revolucionaria reforma que se nos anuncia en nuestro país –que la TVE del Estado no tenga dos formas de ingreso: la publicidad y el Estado, sino tres: el Estado, las TV comerciales y las operadoras de telefonía– está por ver qué efectos tendrá. Es verdad que en los últimos años la tele pública –del Estado y de las Comunidades Autónomas– han avanzado, en algunos casos, en mensajes menos politizados o de interés del gobierno de turno, pero sólo hasta cierto punto y en determinados puntos del dial…
¿Se puede avanzar algo más, y cuánto más? ¿La solución es la desaparición total de las públicas? Ya se produjo la desaparición de otros medios de información del Estado, y no se produjo más trauma que el desempleo de algunos de sus trabajadores… Pero probablemente «no es igual», y es probable que pocos quisieran, de verdad, que sus informaciones y programación general los establecieran sencilla y exclusivamente los empresarios anteriormente mencionados. ¿Por qué éstos y no otros distintos? ¿Qué méritos reúnen, salvo su atrevimiento personal, su fortuna familiar y herencia, su suerte en los negocios?
JOSE CAVERO
