MADRID, 14 (OTR/PRESS)
La imputación del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y del número dos del Partido Popular en esa comunidad, Ricardo Costa, por el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano marca un punto de inflexión en la trama de corrupción del PP y sitúa a Mariano Rajoy en una encrucijada de muy difícil solución si no dimiten esos personajes de sus altos cargos.
La presunción de inocencia es un mecanismo de naturaleza penal que no se compadece con la asunción de responsabilidades políticas que pertenece a otro género de las relaciones de los cargos públicos con sus responsabilidades. La presunción de inocencia no inhibe de la obligación de asumir responsabilidades políticas en la medida en que los acontecimientos y las evidencias éticas indican comportamientos contrarios a los que debe soportar un responsable público.
Tanto el presidente Francisco Camps como Ricardo Costa han dispuesto de tiempo más que sobrado para dar algún tipo de explicaciones sobre la recepción de dádivas y regalos en forma de prendas de vestir por importantes montos de dinero que además la investigación judicial pone en relación con contratos públicos y del PP conseguidos por quienes realizaron los agasajos.
Durante la primera parte de la investigación judicial, Mariano Rajoy y el PP utilizaron la personalidad controvertida del juez instructor, Baltasar Garzón, para desacreditar el procedimiento judicial y se encastillaron en una supuesta operación de acoso al Partido Popular con finalidad de desacreditarlo políticamente. Ahora es una institución judicial acorde con la condición de aforados quienes acaban de imputar a estos responsables políticos por delitos muy graves. La parálisis se ha vuelto en contra y las viejas denuncias contra Garzón son ahora una espada de Damocles para un partido inmerso en una trama de escándalos que exige una respuesta inmediata, urgente y drástica.
