MADRID, 14 (OTR/PRESS)
San Isidro tendrá que hacer horas extras para poner paz en la tierra. Esto está que arde. Imputan a Camps por los trajes de marras. Papeleta para Rajoy. Destituyen al jefe de Deportes de RTVE por la chapuza de esconder los ataques al Rey y al himno en la final de la Copa* de Su Majestad. Anasagasti y Ridao se ríen por los pitidos al Rey, pero cobran y sirven al Estado español. A David Vegara lo sustituye Elena Salgado por un economista del IESE, para muchos, cortos de vista, el brazo estratégico económico del Opus. Zapatero empata el debate del estado de la Nación, pero no encuentra a nadie que le apoye en el Parlamento y tal vez las resoluciones que se aprueben tras el debate digan lo contrario de lo que él propuso. Y ahora tiene que empezar a negociar ya los presupuestos del 2010 sólo y casi en bancarrota.
Gallardón dice, con un soplo de sentido común en medio de tanta demagogia, que no dará la píldora del día después en los centros de planificación familiar del Ayuntamiento de Madrid, que es un error médico. El Gobierno se empeña en sacar adelante la nueva ley del aborto que permite abortar a una niña de 16 años sin conocimiento de sus padres. Las comunidades autónomas de Madrid y Galicia no pondrán los 500 euros que ha prometido Zapatero, sin contar con nadie, para la compra de nuevos coches y los fabricantes dicen que ya hacen descuentos de 2.000 y 3.000 euros. Lo de eliminar las deducciones para la adquisición de vivienda no sólo es un ataque a las clases medias, sino un disparate. El ministro de Educación afirma que la medida estrella de Zapatero, «un ordenador portátil por cada alumno en Primaria», no es lo más importante y, además, las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias en educación, tampoco lo van a financiar. Yo no he recibido las bombillas que prometió Sebastián hace meses. ¿Y usted? Menos mal que, en medio de todo ese ruido, Florentino presenta su candidatura a la presidencia del Real Madrid. Estamos salvados. Peligra la hegemonía blaugrana.
Pero hay quien está peor. La Cámara de los Diputados de Italia ha aprobado el proyecto de ley que convierte en delincuente al inmigrante irregular. La nueva norma legaliza, además, las patrullas nocturnas de ciudadanos para combatir la criminalidad y ayudar a la Policía a localizar a los delincuentes. De nada han servido las críticas de la Conferencia Episcopal y de organizaciones humanitarias o que el presidente de la República haya alertado ante el riesgo de que se vaya extendiendo «una retórica pública» con «acentos de intolerancia y xenofobia». En España no hemos llegado a la «caza y captura» del irregular -hubo un intento subrepticio de ponerlo en marcha- pero la reforma de la Ley de Extranjería encierra graves peligros y todavía educamos y atendemos social y médicamente a jóvenes extranjeros a los que, al cumplir los 18 años, convertimos automáticamente en indocumentados en situación irregular candidatos a la marginación o a la expulsión. El ruido de los políticos y de los irresponsables suele prevalecer sobre las cosas importantes. Pero, sea en Italia o en España, las personas tienen derechos, entre otros, a ser personas, aunque no tengan papeles.
