José Cavero – El derecho a una muerte digna.


MADRID, 20 (OTR/PRESS)

De toda la larga relación de leyes, hasta 26, que anuncia el gobierno para su tramitación en lo que queda de legislatura, una ya ha merecido atenciones preferentes desde el primer momento, la que se refiere al derecho a morir dignamente y sin dolor. Deberá quedar aprobada en cuatro meses, y algunos medios ya la han estigmatizado antes de nacer: La Razón la llama la nueva prioridad del gobierno, y para La Gaceta es un «nuevo invento de Zapatero y otra artimaña progre». Añade que el Gobierno amenaza con esta ley para disimular su caos. Hay, sin embargo, un precedente que frenará muchas críticas: una ley de esa naturaleza ya está en vigor en Andalucía, y mereció, en su momento, el apoyo de todos los partidos de la cámara andaluza.

Arranca de algunas afirmaciones de difícil discusión: Primera, que todos los seres humanos aspiran a vivir dignamente. Y segunda, que la muerte también forma parte de la vida. Y que una vida digna requiere una muerte digna. Son reflexiones que recogió, precisamente, el preámbulo de la ley de muerte digna andaluza, y que resumen el espíritu de la norma que aprobó el pasado mes de marzo el Parlamento autónomo con el apoyo de todos los grupos, incluido el PP, que, como ha recordado ahora el diario El País, «jugó al despiste durante toda la tramitación pero acabó decantándose a favor. Con todo, los populares forzaron que se votaran por separado los tres artículos del texto que le generaban más dudas morales y a los que se opuso».

Pero, en todo caso, resulta evidente que el mero anuncio de esta ley suscita desconfianzas. ¿A qué viene, en este momento, por qué ahora precisamente, qué ocultarán sus artículos? En El Mundo se recuerda que, sin ir más lejos, en Francia, se aprobó, también por unanimidad, hace cinco años, una ley que trata de cumplir los deseos del paciente terminal que tiene derecho a limitar o detener todo tratamiento, aunque le acorte su vida o le suponga la muerte. La norma francesa, en síntesis rechaza lo que se llama «encarnizamiento terapéutico o mantenimiento artificial de la vida. En cuanto a la ley andaluza, se recuerda en El País que no nació tanto para generar nuevos derechos a los enfermos terminales como para ordenar los existentes y fijar las obligaciones de los médicos.

El caso de una granadina llamada Inmaculada Echevarría, mujer que pidió públicamente que le desconectaran del respirador que la mantenía con vida, marcó para el Gobierno andaluz un antes y un después. Las trabas que tuvo que superar Echevarría, y que le obligaron a exponer en público su agonía durante cuatro meses, hizo ver a la Junta que era necesario aclarar en un único texto legal conceptos y procedimientos que a menudo se confunden. Los fundamentales: muerte digna, eutanasia y suicidio asistido. La norma andaluza solo regula el primero y, dentro de él, apura al máximo los límites que fija el Código Penal. Pero se subraya que, aunque la mayoría de los derechos y deberes que recoge el texto andaluz ya estaban contemplados en la ley estatal de autonomía del paciente, la norma incluyó también algunas novedades, como el derecho a recibir sedaciones paliativas, aunque puedan acortar la vida, una práctica recomendada en textos europeos y estatales pero que se elevó por primera vez en España a la categoría de derecho en esta norma, que establece el derecho a recibir estos cuidados incluso a domicilio.

También se garantiza la cobertura jurídica a los profesionales que atienden a los enfermos terminales, lo que supuestamente debe evitar que se repitan situaciones como las vividas en el hospital de Leganés (Madrid) por la actuación del Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Ese es el aspecto, precisamente, que ha destacado en su portada el diario El País: «La ley para la muerte digna blindará la acción de los médicos». Otro recuerdo de ese precedente andaluz: Para redactar el texto, la Junta creó un comité de expertos, que incluía a un sacerdote. En las semanas previas a su aprobación, los obispos andaluces emitieron un comunicado en el que respaldaban la ley al considerarla un paso adelante «en favor de la humanización del proceso de la muerte». Con todo, consideraron que algunos aspectos de la norma eran «ambiguos», y mostraron su preocupación por cuanto pudiera llevar a una «eutanasia encubierta».

Ahí, precisamente, está la razón y raíz de todos los recelos y desconfianzas.

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