Carlos Carnicero – Garzón y la impunidad.


MADRID, 17 (OTR/PRESS)

Se ha iniciado en el Tribunal Supremo el primer de los tres juicios que tiene pendientes Baltasar Garzón. Se trata de dilucidar si las escuchas que ordenó en las conversaciones de inculpados en la trama Gürtel. Hay sectores de la prensa y también de la izquierda política y sociológica que han adoptado una actitud de protesta ante lo que consideran el «linchamiento del juez».

En el fondo de estas posiciones yace la suposición de que el Tribunal Supremo actuaría movido por intereses espurios para acabar con la carrera del juez en venganza por sus actuaciones en la Audiencia Nacional. Este precedente, sin demostración de que se hayan alterados los principios de equidad y de justicia, supone abrir la vía para que otros procesados puedan legítimamente suponer que son objeto de persecuciones parecidas. En síntesis, si el Tribunal Supremo no reúne la confianza de estos colectivos, están cuestionando uno de los pilares del estado de derecha como es el de la independencia judicial. Si hay motivos de fundamento en esas sospechas, el ordenamiento jurídico tiene vías para practicar las reclamaciones pertinentes.

Baltasar es juez pero no está por encima de la ley. Si sus órdenes de escuchar a los abogados de la Gürtel fueron ilegales tiene que pagar por ello. Si no lo fueron, será declarado inocente. No aceptar este principio supone establecer una excepción en la aplicación de la justicia para todos, desde Urdangarín a Garzón.

La defensa de Garzón utiliza una épica populista. El juez justiciero universal estaría perseguido por sus enemigos por haber ordenado las investigaciones del franquismo en contra de los criterios de la fiscalía. Y por eso, supuestamente, estaría siendo perseguido. Demasiado fácil. Pero aunque el fin -investigar al franquismo fuera- encomiable, no lo puede hacer quien no tiene jurisdicción sobre ello porque el fin no justifica los medios. Y menos en la actuación de un juez. Elemental.

Mi posición es sencilla. Tenga la misma confianza en el Supremo cuando determina la ilegalización de Bildu, posteriormente rectificada por el Tribunal Constitucional, cuando condena a narcotraficantes que con la sentencia que dicte sobre Garzón. Argumentos tan populista como el empleado por la candidata Chacón de que «algo está mal en España cuando se juzga a un juez que ha luchado contra la corrupción» revela la falta de compromiso con el estado de derecho. Todo criminal tiene derechos. Y se trata de saber si los abogados de la Gürtel vieron mermados los suyos y de sus clientes al ser escuchados. Ni más ni menos.

Garzón será tratado como un procesado más. Y eso forma parte de la grandeza de nuestro estado de derecho. Quien no quiera aceptar esto tiene que estar dispuesto, por ejemplo, a que los militantes de ETA determinen animadversión en los tribunales para ser juzgados. El problema de la coherencia intelectual es que obliga, cuando se tiene coraje para ello, a posicionarse enfrente de corrientes de opinión que se hacen muy populares utilizando el populismo.

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