Carlos Carnicero – El Rey, tratando de remontar.


MADRID, 05 (OTR/PRESS)

Fue, sobre todo, una entrevista amable; una hagiografía realizada por un prestigioso periodista. Una más de las operaciones de marketing del nuevo equipo de prensa de la Zarzuela. El retrato final del Rey resultó impecable, como no podía ser de otra manera. A la monarquía española le hace falta una buena dosis renovada de imagen. Su impulso inicial, soportado en la convención establecida de que había salvado la democracia durante el golpe del 23-F, permitió al Rey superar la prueba de ser heredero de la dictadura revalidado por la Constitución. Pero ese impulso ya se ha agotado. Le permitió al Rey establecer una cámara acorazada que impedía toda crítica y toda investigación sobre sus actividades públicas, semipúblicas y privadas.

Durante muchos años, lo que se sabía no se podía contar. Secretismo sobre el patrimonio personal del Rey y sobre sus actividades económicas privadas (o semiprivadas) que le permitieron reunir la fortuna que se le presume y que nunca ha sido sometida al microscopio de la investigación.

La cacería del elefante fue el segundo aviso de que la veda se había levantado; el tema Urdangarín fue el detonante de que la opinión pública ya no se conformaba con el secretismo alrededor de la Corona.

Establezcamos como hecho cierto que la monarquía es una institución anacrónica y pre democrática cuya titularidad se rige por criterios hereditarios de sangre. Reconozcamos que la mayor parte de su poder es simbólico, pero el poder existe. Tiene privilegios importantes, como la irresponsabilidad en los asuntos comprendidos en su cargo. Y los medios que el estado pone a su disposición para su mantenimiento y sus actos de representación. Ningún gobernante elegido democráticamente tiene la más mínima similitud con los privilegios de la Corona. El único condicionante actual de la institución es que las Cortes Generales y un referendo pueden cambiar la forma de gobierno y sustituirla por una república.

Si la sombra de la dictadura no impidió la continuidad de la monarquía, las sobras de la experiencia republicana consiguieron establecer que era mejor un poder desposeído de contenido y personalizado en la familia Borbón. Se le suponía que podía ser árbitro pero sin reglamento para fallar sanciones.

Todo esto esta sujeto con alfileres. Y una institución como esta permite pocas pruebas de laboratorio. Cualquier cambio en el equilibrio en torno al Rey y su familia hace chirriar las cuadernas que soportan su institucionalidad. El Rey acaba de cumplir setenta y cinco años. La edad de jubilación de los presidentes de los bancos, que son quienes más quieren permanecer en el poder de sus privilegios. Su hijo, el príncipe, es ya un hombre maduro. Pero el Rey, como le ocurre a la Reina Isabel de Inglaterra -que es todavía mayor que el Rey de España y cuyo hijo y heredero se está marchitando en espera de ocupar el trono- no se quiere jubilar y sólo un mecanismo de inhabilitación por incapacidad podría forzarle a abandonar el trono.

El debate sobre la forma de Gobierno se hurtó a los ciudadanos españoles empaquetándolo en la Constitución. No hay base legal para dudar de su legalidad y legitimidad, pero en el fondo es una asignatura pendiente que las vicisitudes dramáticas de los inicios de la transición impidieron plantear directamente.

Al equipo de asesores del Rey le toca la tarea de remontar su descenso en la popularidad de la Corona. Y preparar la transición para que el príncipe Felipe pueda convertirse en Rey. Pero no puede haber certidumbre sobre la continuidad de la Corona porque ya está sometida a la crítica y envuelta a la crisis global que sacude a la sociedad española hasta sus cimientos.

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