MADRID, 26 (OTR/PRESS)
Desde 2008 en España se lleva a cabo un acelerado proceso de concentración financiera con el pretexto de que las cajas de ahorros perdieron el rumbo. No se aplicó el mismo criterio a muchas instituciones del Estado, porque de haberlo hecho también habrían desaparecido. En casos así, ¿deben desaparecer solo los gestores de los fracasos o incluso las propias entidades? Es un dilema para el que no hubo lugar en las cajas de ahorros, cuyas bondades durante décadas fueron pulverizadas en medio del torbellino de la crisis financiera, para mayor gloria de la banca y de determinados territorios del país. Las cajas desaparecieron casi de un plumazo y los banqueros se frotaron las manos.
Una de las primeras consecuencias de este proceso es que el negocio financiero se ha centralizado en Madrid y Barcelona. Quedan algunas otras ciudades con entidades financieras de segundo nivel, pero solo dos cortan el bacalao. Tanto, que las comunidades de Madrid y Cataluña concentran a día de hoy el 45% de todo el crédito que se concede en España, cuando su peso en el PIB es muy inferior a ese porcentaje.
Madrid y Barcelona no sólo deciden que parte de la tarta financiera se quedan para sus empresas, instituciones y particulares -casi la mitad-, sino que tienen en su mano el control del 80% del sistema financiero del conjunto del país, al tiempo que concentran el 85% de las sedes de bancos en España. Para eso ha servido -también- la reforma financiera que dejó en 23 el número de bancos y cajas, partiendo de 102.
El cambio es de tal magnitud que sus consecuencias para el desarrollo armónico de España podrían ser impactantes incluso a corto plazo. La concentración de la mitad de todo el crédito en dos territorios, entre los que no está el más poblado (Andalucía), es de por sí un factor de riesgo para el equilibrio del país. Pero la realidad es que Madrid y Barcelona pasaron en cinco años del 40 al 80% del control del crédito y del 20 al 85% de la concentración de sedes de entidades financieras. Eso sí, para pagar el coste de la reforma contaron con todos los contribuyentes españoles.
