MADRID, 11 (OTR/PRESS)
El espectáculo empieza a resultar bastante bochornoso; se nos llena la boca con lo del Estado de Derecho pero resulta que aquí, un día sí y otro también, la Ley, eso que todos deberíamos respetar porque es lo único que al final puede salvarnos, se va quedando cada vez más fuera del sistema, cada vez más desprestigiada y cada día más inútil.
Naturalmente el ejemplo palmario de lo que digo es el caso del gobierno de Artur Mas y los suyos que se permiten el lujo de no cumplir la mitad de las sentencias del Tribunal Constitucional -sin que pase nada- y que llevan al Congreso de los Diputados una petición imposible sobre la que -ahí está el desprecio- anuncian con antelación que digan lo que digan los representantes del pueblo español, ellos van a hacer lo que quieran. Pues sí que estamos bien.
Y ahora la crisis en la Gobierno de Andalucía porque Susana Díaz -de la que sólo puedo tener por ahora buenas opiniones- decide enmendar la plana a sus socios heredados en el Junta, las gentes de IU, y pretende cumplir la ley en una entrega de viviendas y respetar las listas de espera. ¡Y semejante cosa, respetar la Ley, puede costar -no va a pasar- una posible ruptura del pacto entre el PSA e IU!
Y luego está el tema de los indultos, que por ahora -y después de muchos y muy tristes ejemplos- parece que se ha frenado un poco con Jaume Matas, por ejemplo o del Nido que piden el indulto al Gobierno por ser, sencillamente, quienes son: ricos y famosos. Punto. ¿Será posible?
A la juez Alaya le llueven reprimendas en lugar de ayudas por todas partes. A Ruz le quedan días para concluir la instrucción y, o se da prisa o pasa el caso a quien le sustituya; en Palma de Mallorca ya uno no sabe ni qué está pasando y si, al final, todo habrá prescrito. La Audiencia Nacional cada día está más desprestigiada. El Supremo y el Constitucional no se pueden ni ver y el CGPJ es una caja de sorpresas.
Y así no hay manera. La Ley y todo lo que conlleva, tendría que ser el último recurso a salvo de toda sospecha en una estado de derecho; la Ley es -debería ser- la ultima garantía capaz de frenar los desmanes de políticos y ciudadanos.
Y la Ley debería ser lo suficientemente sagrada como para que todos tuviésemos claro la necesidad de que debe ser respetada.
Pues ya se ve que no. Entre sentencias incomprensibles, juicios que no se acaban nunca, tasas y más tasas, politización de las instituciones y ningún respeto a muchas sentencias firmes por altas instituciones políticas, la Justicia está en España a los pies de los caballos, a los pies de los partidos y a los pies de una burocracia que impide una de sus características fundamentales: la inmediatez.
Y una democracia sin un poder judicial independiente, respetado y fuera de toda sospecha, una democracia sin ese contrapeso, resulta muy complicada para todos.
Algo tiene que cambiar en España para encontrar el buen camino y no hacer de la Justicia un elemento casi anecdótico para unos pocos y algo inalcanzable o inútil o desanimante para la gran mayoría.
