Victoria Lafora – Manos arriba, bocas cerradas.


MADRID, 28 (OTR/PRESS)

Esta semana, por fin, el Gobierno se ha salido con la suya y ha conseguido aprobar, solo con los votos de sus diputados, la ya conocida como «ley mordaza». Pese a que los datos de las encuestas, que vaticinan frágiles mayorías parlamentarias en la próxima legislatura, hacen prever una vida corta a la Ley de Seguridad Ciudadana y a la polémica reforma del Código Penal, mientras esté en vigor los ciudadanos deben tentarse la ropa antes de salir a la calle a protestar.
Son tantas las cortapisas que el nuevo texto introduce en los derechos de expresión y manifestación que un grupo de diputados de la oposición, junto con representantes de la judicatura, y los movimientos sociales, se manifestaron en las escaleras del Congreso con las bocas amordazadas. Antes, por supuesto, el grupo parlamentario de Izquierda Plural había solicitado los preceptivos permisos para evitar males mayores. Se denunció la «nueva vuelta de tornillo que el Gobierno quiere dar a la estrategia del miedo». Organizaciones como Jueces para la Democracia, Solidaridad Internacional, Asociación Libre de Abogados, Plataforma por la libertad de Expresión, Marchas por la Dignidad o SOS racismo, se unieron a los diputados exigiendo la derogación de las nuevas leyes.
Es la primera vez que una reforma del Código Penal se aprueba con los votos de un solo partido. Entre otras medidas, recoge la prisión permanente revisable que, según toda la oposición, es una cadena perpetua encubierta, pena que está expresamente prohibida por la Constitución.
La Ley de Seguridad Ciudadana no entrará en vigor hasta el 1 de julio. Pero, desde ese día hasta su derogación por el nuevo Gobierno allá por la Navidades o enero de 2016, los españoles deben tener especial cuidado de participar en manifestaciones no solicitadas a la autoridad competente o prohibidas, porque ya no será un juez quien valore su desobediencia sino que serán penados con una sanción administrativa que les puede llevar a la ruina.
Tan es así que, manifestarse delante de estructuras críticas sin comunicación ni permiso, implicará una multa de entre 30.000 y 600.000 euros, y celebrar espectáculos públicos prohibidos por motivos de seguridad se castigaran con el miso rigor. La seguridad se convierte en un objetivo sagrado a proteger, por tanto, quien perturbe la seguridad de actos públicos, oficios religiosos o espectáculos deportivos será sancionado con multas de entre seiscientos y treinta mil euros. Lo mismo a quien cause desordenes en la calle o a quien obstaculice una labor de la fuerza pública (por ejemplo un desahucio).
Las prohibiciones son tan variopintas y su gravedad tan dispar que se coloca al mismo nivel sancionador el hecho de fabricar o almacenar armas y explosivos con el uso público de insignias o condecoraciones oficiales de los cuerpos policiales que puedan generar engaño.
Curiosamente, como el bien a proteger es el orden y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, se considera una falta leve, con multa de cien a seiscientos euros, para los que exhiban objetos peligrosos para la vida y la integridad física de las personas con ánimo intimidatorio. Es decir el gobierno considera mucho más peligroso una protesta ante el Congreso, aunque no haya nadie en su interior, que la amenaza con un cuchillo de monte a un inocente viandante para que entregue el reloj y la cartera.
Los próximos meses, coincidiendo con las múltiples campañas electorales, van a ser de manos arriba y bocas cerradas.

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