Cuando se comparan sus conductas, la semejanza entre golpistas, caudillos y tiranos dificilmente puede pasar desapercibida. Se tejen con los mismos mimbres sistemas autoritarios y dictaduras, presentan los mismos estadios de desarrollo para dejar de aplicar la ley y el derecho, sin mas límite que la voluntad personal del usurpador. Sánchez pertenece a esa clase de delincuentes moralmente nihilistas para el que todo está permitido con tal de conseguir cualquier objetivo que se proponga, por cualquier medio, a cualquier precio. Consideremos sus estrategias de política social.
Mientras los Decanos de los Colegios de Abogados de Madrid, y Barcelona, Eugenio Ribón y Jesús M. Sánchez, al unísono, con otros abogados representativos de toda España, como Rafael Soto, del Colegio de Abogados de Málaga, reclaman cambios legislativos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir que los Juzgados de Guardia puedan adoptar medidas cautelares de expulsión de los okupas en un plazo máximo de 48 horas, Sánchez extiende la moratoria, por tercera vez, para suspender los desahucios bajo el supuesto supersticioso de defender a los vulnerables frente a cualquier clase de propietario. Resulten vulnerables o no, deberá llevarse a los tribunales, sin éxito.
La política social de Sánchez consiste en convertir compulsivamente al propietario, en un funcionario de los Servicios Sociales al servicio de una política social fracasada. Solo una licencia de armas con capacidad de parada podría proteger al propietario si el delincuente amenaza con acceder al uso de un arma en la vivienda que ocupa, instando una rápida actuación policial para su desalojo. Los datos son tan elocuentes que se organizan auténticos somatenes para expulsar a los okupas cuando no interviene alguna de las empresas de desokupación, y prosperan los seguros de hogar que contemplan la prestación de desocupación con incrementos de primas sujetas a impuestos. 15000 denuncias por okupación, y 41 denuncias diarias revelan la gravedad del problema. La mayor parte de okupas vinculados a clanes de la droga. Las aprehensiones de cannabis han aumentado en la última década un 1500%, y en 2022 suponían el 81% de todas las aprenhensiones de plantaciones ilegales en domicilios particulares de toda Europa; el negocio de la marihuana es tan extraordinariamente lucrativo que con una inversión de 6.000 euros pueden obtenerse 240.000 euros de beneficio.
Que el 42% del total de las okupaciones se produzcan en Cataluña no ha impedido a la inefable condottiera de la mafia catalana, Miriam Nogueras, bajarse las bragas, votando a favor del Decreto-Ley Omnibus, renunciando a la derogación del decreto de suspensión de desahucios al amparo de una protección impracticable al propietario que vendría a resarcirse de las pérdidas si cumple las condiciones. No llegarán a lo sumo mas de un 5%, los beneficiarios que no tengan un cargo político o disfruten de una finca de un sindicato. Para ellos sí existen las medidas de expulsión inmediata.
No puede pasar desapercibido que esta política de suplantar la acción pública por la coacción compulsiva del ciudadano no responda a una estrategia de orden público, un alivio social que el sanchismo facilita al delincuente, a modo de válvula de escape de una crisis que se extiende; la delincuencia organizada, el tráfico de las mafias que administran inmuebles ajenos, el narcotráfico, constituyen alternativas rentables para suplir la incapacidad culpable de un estado fallido para perseguir el delito. A propósito. Hay que facilitar el acceso a la propiedad de las masas excluidas, aunque sea a través del fraude, la extorsión, el tráfico de influencias o el narcotráfico. Promover y convivir con el delito forma parte de la estrategia socialista de Sánchez y su patulea de ganapanes para crear riqueza y redistribuir capital usurpado al ciudadano, en el contexto de un crecimiento escandoloso de la desigualdad social por sus políticas económicas. El gobierno de Sánchez viene lucrándose de la impunidad de los delincuentes. Practica un modelo económico donde la delincuencia contribuye de forma decisiva a su propia estabilidad; él mismo es el jefe de un gobierno coaligado con la estrategia redistributiva del socio del narcotráfico Mohamed VI.
Sánchez aprende de México, de López Obrador y su analfabeta heredera, protectora del tráfico de fentanilo y estupefacientes, de su «política de abrazos, y no balazos», que requieren a la primera autoridad del Estado a solicitar el permiso de entrada a los santuarios del narcotráfico. En México, menos del 0,5% de los delitos denunciados se resuelven, cuando representan menos de un 10% de los que se cometen. México, como ha advertido Trump, es un régimen autoritario fraguado en una justicia simulada, con una epidemia de violencia desde 2006 que continúa amenazando sin freno a miles de mexicanos, 350.000 muertes, 150.000 desaparecidos bajo cuatro presidentes. No en vano, los jueces se eligen por sorteo mientras arrecian los febriles ataques al poder judicial. Este es el inefable modelo socialista que imita Sánchez con su nepotismo y sus dictados legales. Allí donde impera la política socialista, impera la ruina y el crimen.
Suecia ha pasado a ser el país mas peligroso de Europa, con 400 asesinatos en el último decenio, duplicando en tasa de homicios a Croacia, con explosiones por bombas o granadas de mano, en número comparable al de países en conflicto, como en Bélgica. Ayer, hoy y mañana 11 asesinatos en Örebro. El ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, cifra en 62.000 las personas con algún tipo de vínculo con bandas criminales, 1 de cada 168 habitantes, 14.000 miembros activos. Plagas y tiroteos suceden cada día en una ciudad universitaria como Uppsala, con 230.000 residentes. Los estudiantes huyen de la universidad sueca más importante, con textos rúnicos en sus jardines de acceso. Un cargo policial que prefiere ocultar su identidad, refiere que en “Países Bajos [se] han invertido 100 millones de euros en la lucha contra la Mocro Maffia, y [se] logró descrifrar Encrochat, una aplicación de mensajería encriptada. Hoy, la Mocro Maffia dirigida por marroquíes con el concurso de nacionales y extranjeros, ha tomado posesión de la Costa del Sol «desde hace años y no parece importarle a nadie”. Menos aún al Gobierno porque es su política de servicios sociales apelar a la extensión de la delincuencia. El Gobierno facilitó la huida de Karim Bouyakhrichan, el responsable del clan que amenazó a la princesa heredera, Amalia de Holanda, acogida en España en ese tipos de doble vínculo del sátrapa Sánchez.
De impedirse la comisión de delitos, aumentar su persecución, extendería la protesta y la violencia a límites insoportables. Es mejor practicar el silencio, la ceguera política, y ocultar el propósito de Sánchez de fortalecer a las mafias del narcotráfico, a menos que se sublevaran sus víctimas. Fernando Grande-Marlaska desmanteló en 2022 el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON Sur), la unidad de élite de la Guardia Civil que luchaba contra el narcotráfico, dejando expedito el tráfico que ha extendido el uso de las narcolanchas al propio río Guadalquivir, amenazando la seguridad pública y convirtiendo a la Mocromafia en una fuente segura de ingresos para la inmensa masa de ciudadanos, del Campo de Gibraltar, de las 3000 viviendas de Sevilla, los desposeídos por la voracidad de un gobierno mafioso y criminal que invierte 32.000 millones de euros en sus chiringuitos financieros y en países que guardan silencio de sus tropelías. ¿Por qué habría de asistir a las víctimas de la DANA que han provocado a cuenta de la religión climática?. No extraña que la población y los narcotraficantes aplaudan el asesinato de los Guardias Civiles, y se alegren de su retirada. Sánchez es cómplice de asesinato con la complicidad de un Ministro del Interior tentado por los incentivos de colocarse al otro lado de la Ley, más intensos y pródigos que el ejercicio de la función jurisdiccional.
