Llamemos a las cosas por su nombre, sin eufemismos, sin paños calientes y sin miedo a las palabras. Cuando un Gobierno, acorralado por las encuestas, sin mayoría parlamentaria y con múltiples frentes abiertos, decide alterar de manera masiva y artificial las reglas fundamentales del juego democrático, estamos ante algo que trasciende la mera controversia política. Estamos ante un GOLPE DE ESTADO institucional, ejecutado desde el BOE, sin tanques ni militares, pero con decretos, atajos legales y desprecio explícito al Parlamento.
La imagen es clara y comprensible para cualquier ciudadano: es como si en medio de un partido de fútbol, cuando el marcador ya no favorece a uno de los equipos, el árbitro decidiera cambiar las reglas, ampliar la portería de un lado y conceder goles por decreto. Eso no sería arbitrar. Sería adulterar el resultado. Exactamente lo que está haciendo el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez este martes 27 de enero de 2026.
El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación de un Real Decreto de regularización extraordinaria que permitirá conceder papeles a al menos medio millón de inmigrantes en situación irregular, aunque las cifras reales manejadas por los propios socios del Gobierno elevan el número a 840.000 o incluso más de un millón de personas, lo que supone un incremento cercano al 700% respecto a 2017, según datos de Funcas. Desde 2022, el número de inmigrantes irregulares ha crecido a un ritmo de 127.000 al año, sin que el Ejecutivo haya adoptado medidas de control eficaces. Ahora, lejos de corregir el problema, lo premia y consolida.
La regularización se hará con requisitos deliberadamente laxos. Bastará con acreditar cinco meses de estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025, y esa estancia podrá demostrarse con cualquier documento público o privado, o incluso una combinación de ambos: facturas, citas médicas, justificantes varios. El empadronamiento deja de ser requisito central. No hay filtros serios, no hay control riguroso, no hay verificación sólida.
En cuanto a los antecedentes penales, el propio pacto con Podemos reconoce que, si no pueden aportarse certificados del país de origen —algo frecuente—, bastará una “declaración responsable” afirmando que no se han cometido delitos. Si el país de origen no responde, el problema se “sortea”. Literalmente. La seguridad jurídica queda subordinada a la urgencia política.
La autorización concedida será de residencia y trabajo, válida para todo el territorio nacional y para cualquier sector. Tendrá una vigencia inicial de un año, con acceso posterior al régimen ordinario de extranjería. Además, se permitirá la regularización simultánea de hijos menores, con permisos de hasta cinco años. El plazo de tramitación será de un máximo de tres meses, pero con un detalle clave: desde el mismo momento en que la solicitud sea admitida a trámite, el solicitante podrá empezar a trabajar. Derechos inmediatos, controles diferidos.
Todo ello se hará entre abril y finales de junio, en plena antesala de futuros procesos electorales.
Y aquí está el núcleo del escándalo: todo esto se hace por Real Decreto, sin pasar por el Congreso de los Diputados. El Gobierno esquiva deliberadamente la Cámara porque carece de mayoría para aprobar una ley de este calibre. Se gobierna por decreto lo que no puede aprobarse por ley. Eso no es eficacia: es quiebra del principio democrático.
El Ejecutivo intenta justificar el atropello apelando a una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de medio millón de firmas, cuya toma en consideración fue aprobada en su día. Pero esa ILP sigue bloqueada en el Congreso y, en ningún caso, otorgaba una carta blanca para imponer una regularización masiva sin debate, sin enmiendas y sin control parlamentario. Usar una ILP como coartada para vaciar de contenido al Parlamento es un fraude democrático.
El editorial de El Español lo ha señalado con claridad: regularizar inmigrantes por decreto sin contar con el Congreso es inadmisible. No es un problema técnico, es un problema institucional. Se sustituye la deliberación democrática por la imposición ejecutiva. Se degrada la función legislativa y se normaliza la gobernanza por decreto en materias de enorme trascendencia social.
La maniobra, además, no se produce en el vacío. El Gobierno introduce deliberadamente el espinoso debate migratorio en una agenda política copada por la tragedia de Adamuz, la caótica gestión de Óscar Puente y el colapso ferroviario que ha puesto en evidencia la incompetencia del Ejecutivo en infraestructuras clave. Se trata de una cortina de humo calculada, una forma de desplazar el foco mediático y polarizar el debate público.
Pero hay más. La regularización exprés cumple varios objetivos simultáneos:
- Pagar a Podemos, socio imprescindible para la supervivencia parlamentaria del Gobierno, que exige “facilidades” y volumen.
- Recomponer el bloque Frankenstein, tras el fiasco de Yolanda Díaz y la implosión de Sumar.
- Alterar el futuro cuerpo electoral, incorporando cientos de miles de nuevos residentes con derechos inmediatos y previsiblemente agradecidos.
- Forzar al PP a moverse en un terreno incómodo, mientras se da gasolina al discurso de Vox, tensando y fragmentando el voto de la oposición.
No es casual que Vox haya anunciado un recurso inmediato ante el Tribunal Supremo, solicitando la suspensión cautelar del decreto. Su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ha denunciado abiertamente la sustitución del censo mediante la regularización masiva de inmigrantes y ha advertido del colapso de unos servicios públicos que “ya no soportan más tensión”. No se trata solo de una crítica ideológica: es una impugnación jurídica de fondo.
A ello se suma un elemento especialmente grave: el Gobierno oculta a las comunidades autónomas cuántos inmigrantes serán regularizados por territorio. Es decir, impone la medida pero traslada el impacto —sanidad, educación, servicios sociales, vivienda— a las autonomías, sin información, sin planificación y sin recursos adicionales claros. Centralismo decisorio, descentralización del coste.
Las advertencias de policías y expertos son claras: la medida tendrá efecto llamada inmediato. España envía al exterior el mensaje de que entrar de forma irregular no solo no tiene consecuencias, sino que puede ser la vía más rápida hacia la legalización. El cumplimiento de la ley queda relegado. La igualdad ante la norma se rompe.
En paralelo, diversas entidades vinculadas a la Iglesia celebran el apoyo parlamentario a la regularización extraordinaria, aportando un barniz moral a una operación que, en la práctica, convierte la ley en papel mojado y la nacionalidad en instrumento político. La compasión se utiliza como coartada para una decisión profundamente irresponsable desde el punto de vista institucional.
Todo esto configura un patrón inequívoco. No estamos ante una política migratoria seria, ordenada y estructural. Estamos ante ingeniería demográfica, manipulación electoral y abuso de poder. Estamos ante un Gobierno que, incapaz de aceptar la posibilidad de perder en las urnas, decide cambiar las reglas antes de que los ciudadanos voten.
La democracia no consiste solo en votar. Consiste en respetar las reglas, aceptar el veredicto popular y no fabricar el censo cuando las encuestas no acompañan. Cuando un Ejecutivo gobierna por decreto lo que no puede aprobar por ley, cuando utiliza a cientos de miles de personas como herramienta política y cuando degrada al Parlamento a mero decorado, la democracia entra en zona de riesgo.
Esto no es integración.
Esto no es solidaridad.
Esto no es progreso.
Esto es un GOLPE DE ESTADO institucional, frío, administrativo y calculado, dirigido directamente contra las urnas y contra la esencia misma del Estado de Derecho.
Y cuanto antes se diga con claridad, mejor para todos.
