Los separatistas de Cataluña, con Quim Torra a la cabeza, buscan desesperadamente la libertad para los presos que perpetraron el golpe de Estado del 1-O y, para conseguirlo, usarán todas las monedas de cambio político que estén a su alcance (La última amenaza del chulo Torra sobre otro 155 para dar el golpe de gracia ).
El presidente catalán ha exigido a Pedro Sánchez que se comprometa a traspasar la competencia plena de prisiones -hoy en manos del Estado- a la comunidad autónoma (El xenófobo Torra ordena ‘alejar’ a un preso ‘españolista’ para que no coincida con Junqueras y sus compinches).
De conseguir este compromiso por parte del Ejecutivo socialista, el Gobierno regional controlado por el PDeCAT y ERC tendría capacidad para decidir unilateralmente sobre el acceso a beneficios penitenciaros de los encausados por el referéndum ilegal (El desafiante escupitajo del apóstol Torra a todos los españoles desde su púlpito de TV3).
Una maniobra con la que, además, Torra conseguiría ver cumplidos dos de sus delirantes anhelos: excarcelar por la puerta grande a los golpistas y, de paso, demostrar su triunfante -aunque ficticia- soberanía.
Sánchez no debe permitir ninguno de estos dos supuestos, ni tampoco debe impulsar el indulto que el secuaz de Carles Puigdemont le exige para los instigadores del 1-O a cambio de mantenerlo en La Moncloa o apoyar los Presupuestos.
Es cierto, y así lo marca la Ley de Indultos, que el Consejo de Ministros puede aplicar esta medida de gracia, aún en contra del criterio del Tribunal Supremo y el Ministerio Fiscal.
No obstante, Sánchez debe recordar que, si claudica ante las presiones de Torra, quedará en evidencia su profunda ineficacia para acabar con la crisis social y política en Cataluña, su fracaso como presidente de todos los españoles y, en definitiva, su deslealtad a España.
El Gobierno no puede facilitar atajos para que los golpistas esquiven la acción de la Justicia porque -de hacerlo- estará incurriendo en un evidente fraude de ley.
