El nombre de la exalcaldesa Rita Barberá, aforada ante el Supremo, aparece relacionado con la trama de cobros ilegales al PP valenciano

Gritos de ‘corrupto’ y ‘ladrón’ para Alfonso Rus, el expresidente del PP valenciano

La casa del popular ha sido registrada dentro de una operación por el pago de comisiones y el blanqueo de capitales

Gritos de 'corrupto' y 'ladrón' para Alfonso Rus, el expresidente del PP valenciano
Alfonso Rus. EP

El corrupto Rus ejercía con showman del PP valenciano y hasta llamaba "burros" a sus votantes

La Guardia Civil ha lanzado este 26 de enero de 2016 una operación contra la corrupción centrada en Ayuntamientos de la provincia de Valencia que fueron gobernados por el PP, la Diputación provincial y la Generalitat.

Entre los detenidos -24, según fuentes de la investigación- se encuentra Alfonso Rus, el expresidente de la diputación y exalcalde de Xàtiva. Además, ha sido arrestado Emilio Llopis, exjefe de gabinete de Rus en la diputación valenciana y María José Alcón, exconcejal popular del Ayuntamiento de Valencia y antigua asesora de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.

Alcón está casada con Alfonso Grau, el exvicealcalde de Valencia que está siendo juzgando en Palma en el caso Nóos.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, también ha sido imputado (investigado en la nueva denominación judicial).

La investigación apunta, además, según confirman fuentes de la misma, a la exalcaldesa Barberá y al exvicepresidente de la Generalitat Gerardo Camps.

Como Barberá y Camps son aforados, por su condición de senadora y diputado en el Congreso respectivamente, tendrá que ser el juzgado de instrucción el que, eventualmente, remita una exposición razonada de motivos al Tribunal Supremo con los indicios que existan contra ellos. Solo este alto tribunal puede dirigir acciones penales contra ellos.

LA OPERACIÓN

La operación se desarrolla contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas administraciones o en empresas públicas vinculadas a las mismas y de su potestad en materia de contratación para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo gerente era Marcos Benavent. Benavent está imputado en la causa, pero no se halla entre los arrestados, han informado desde el tribunal valenciano.

La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia incial. El trabajo de la UCO, bajo la dirección del fiscal del caso, concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en Instrucción 18 el pasado mes de marzo.

El juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. La operación sigue abierta y la causa continúa secreta.

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