Lleva pagados 38 millones por un hotel que iba a costar 12

Juan José Hidalgo se considera engañado por el Ayuntamiento de Talavera

El equipo municipal socialista, promotor del proyecto, se desentiende

Juan José Hidalgo se considera engañado por el Ayuntamiento de Talavera
Hotel Oasis de Talavera de la Reina

José Manuel Hidalgo, presidente del grupo Globalia, cuya empresa más conocida es Halcón Viajes, se considera estafado en la construcción del hotel Oasis que posee en Talavera de la Reina (Toledo). Le habían dicho que la obra costaría 12 millones de euros y ya lleva gastados 38.

Ahora la constructora Ibérica de Servicios y Obras (ISO) le reclama judicialmente otros 2,3 millones de euros que el empresario se ha negado a pagar después de que el presupuesto se le haya desviado un 200 por ciento. En el juzgado manifestó indignado que «me considero estafado», según informa el diario La Tribuna de Talavera que cita a la Cadena Cope local.

Hidalgo señaló al Ayuntamiento como responsable de esta situación, ya que fueron sus gobernantes quienes le atrajeron a invertir en Talavera e incluso se comprometieron a cubrir los sobrecostes de la obra del hotel y un edificio de oficinas anejo. El empresario aseguró que pedirá responsabilidades a la corporación municipal. Hizo estas declaraciones tras salir del juicio que se vio en el juzgado número 3 de Primera Instancia de Talavera, por la reclamación de los 2,3 millones de euros que le hace la citada empresa ISO.

El Ayuntamiento, manifestó oficialmente a través de su portavoz, Tirso Lumbreras, que este asunto es privado, ya que se trata de la reclamación de una cantidad entre empresas, por lo que el equipo de gobierno no entra a opinar.

El portavoz del grupo municipal del PP, Gonzalo Lago, manifestó, por el contrario que si las acusaciones de Hidalgo son ciertas y el Ayuntamiento debe cubrir el exceso de gasto en la obra, el endeudamiento del Ayuntamiento podría llegar a una situación insostenible.

Un proyecto «chapucero»

El hotel de Hidalgo se enmarca en un complejo en el que se encuentra El Corte Inglés y que además del edificio de estos grandes almacenes, el hotel y un edificio de oficinas, contiene también la Estación de Autobuses. Desde la generación del proyecto a iniciativa del alcalde socialista de la ciudad, José Francisco Rivas, que también es el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, ha estado revestido de profunda polémica.

El amplio solar de propiedad municipal, situado en el centro neurálgico en plena zona comercial, fue cedido sin concurso alguno a una empresa insolvente -mantenía deudas con la Seguridad Social- denominada Veintiuno de Inmuebles y Promociones, que sin realizar inversión alguna traspasó sus gratuitos derechos a El Corte Inglés en un 60 por ciento y a la desconocida firma Di Arce-18 en un 40 por ciento. Este dominio no pasa a propiedad de las citadas empresas, aunque se trata de una cesión por 75 años.

Di-Arce traspasó a su vez, también sin haber gastado aparentemente ni un euro, su parte del dominio por 500 millones de las antiguas pesetas a la empresa gallega Invoga, que tuvo serios problemas financieros para hacerse con la propiedad, ya que carecía de recursos y estaba pendiente de un préstamo de CCM que no se formalizaba al no estar registrado el terreno en su favor.

Tras diversas y largas gestiones, se logró implicar a Hidalgo en el proyecto, y por fin se pudo construir el hotel cuando prácticamente estaba finalizado El Corte Inglés.

El PP acude a los tribunales

El PP denunció en los tribunales la irregular concesión de este importante valor dominio público que no ha reportado ningún beneficio a las arcas municipales y que siempre ha calificado de «chapucero». El juzgado, en dos instancias, ordenó el archivo del procedimiento apoyado por la fiscalía que no observaba irregularidades pese a que el Ayuntamiento había contratado con una empresa insolvente, extremo que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas prohíbe expresamente, y a que la escritura y registro del dominio fue rechazada en dos ocasiones por el Registro de la Propiedad obligando a la intervención de la Dirección General que ordenó, bajo su responsabilidad, dicho registro.

También generaron gran controversia las obras del complejo, que mantuvo cerrada una de las principales vías comerciales de la ciudad durante prácticamente cuatro años al transito de vehículos y peatones, lo que puso en serias dificultades a los numerosos comerciantes tradicionales y despachos profesionales de la zona.

 

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