Nada molesta más al Gobierno catalán y a Convergència Democràtica que les acusen de haberse pasado al independentismo de la noche a la mañana.
Otra actitud que causa nerviosismo en las filas nacionalistas es que, al menos en apariencia, el Gobierno de Mariano Rajoy haya optado por el inmovilismo para afrontar la crisis catalana.
La Generalitat se puso en marcha este 15 de octubre de 2013 para intentar dar carpetazo a ambas situaciones. El Ejecutivo catalán aprobó un documento de 50 folios que recoge los supuestos agravios del Gobierno central hacia Cataluña: desde las deudas computables hasta las decisiones que, de una u otra manera, han minado la capacidad de actuación de la Generalitat los últimos años.
También incluye todo tipo de apreciaciones subjetivas y de difícil comprobación que prometen convertirse en arma arrojadiza entre Gobierno central y la Generalitat.
El objetivo final del presidente catalán, Artur Mas, es convencer de que el problema catalán no es producto solo de la crisis económica y obligar a Rajoy a sentarse en una mesa de negociación para, si no quiere hablar del plan soberanista, como mínimo rectifique sus políticas sobre Cataluña.
El Gobierno catalán ha cuantificado en 9.375,7 millones de euros los «incumplimientos» del Gobierno central con la Generalitat, según un extenso informe de 50 páginas llamado ‘La deslealtad del Estado respecto a Cataluña. Balance de Situación’, que ha presentado este martes.
El documento pone de manifiesto que «la cronificación de una actuación desleal por parte del Estado comporta una vulneración directa del principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos», ha asegurado en rueda de prensa el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs.
De esta cantidad, 5.748 millones son deudas pendientes en infraestructuras; 672,6, fruto de la reducción de ingresos finalistas procedentes del Estado; 1.715,2, por medidas que ha dictado el Gobierno central y que suponen un incremento del gasto por parte de la Generalitat; y 1.239,9, fruto de medidas estatales que implican un decrecimiento de los ingresos del Gobierno catalán.
