COMENZARÁ A APLICARSE ESTE AÑO PARA LOS QUE TENGAN MENORES A SU CARGO

Renta social garantizada de hasta 776,58 € para las familias baleares sin recursos

"Por primera vez se establece en la comunidad autónoma un mínimo para la subsistencia"

Renta social garantizada de hasta 776,58 € para las familias baleares sin recursos
Fina Santiago y Barceló Captura

El Parlamento balear ha aprobado el proyecto de Ley con los votos de los partidos que apoyan la gestión del Govern, el PI y Ciudadanos (C's), y el apoyo parcial del PP

El Parlamento balear ha aprobado este martes 5 de abril de 2016 con los votos de los partidos que apoyan la gestión del Govern, el PI y Ciudadanos (C’s), y el apoyo parcial del PP, el proyecto de Ley de Renta Social Garantizada de las Islas Baleares para atender a personas en riesgo de exclusión social.

El Govern balear destinará este año a esta renta social garantizada 20 millones de euros que beneficiarán a unas 3.000 familias sin recursos del archipiélago.

Se prevé que entre 9.000 y 12.000 personas en riesgo de exclusión social de las islas se beneficien de la renta social garantizada este año, que estará dotada con una media mensual de 684 euros. El baremo de las ayudas mensuales van de los 429 a los 776 euros.

CARÁCTER FINALISTA

La renta social garantizada tiene un carácter finalista y es un derecho subjetivo de todas las personas que cumplan los requisitos contemplados en esta ley.

Esta iniciativa, recogida en el acuerdo de gobernabilidad que suscribieron tras las elecciones del 24 de mayo el PSIB, Podemos y MÉS, supone el reconocimiento del «segundo derecho social» para lo ciudadanos de Balears, ha destacado la consellera de Asuntos Sociles, Fina Santiago.

El primer derecho social reconocido en Balears es el derecho a la información contemplado en la Ley de Servicios Sociales de 2009. El segundo será esta nueva renta social, ha subrayado la consellera, que ha destacado que esta iniciativa ha salido adelante «sin ningún voto en contra».

La renta social garantizada, cuya implantación será progresiva y que podrá complementar otras prestaciones sociales o salarios por debajo del mínimo previsto en la nueva ley, comenzará a aplicarse este año para familias con menores sin ingresos.

Las personas con pocos recursos que no cumplan los criterios establecidos para la nueva prestación social básica en 2016 seguirá vigente la renta mínima de inserción.

La consellera ha declarado que se trata de una «ley ambiciosa» y ha resaltado que «por primera vez» se establece en la comunidad autónoma «un mínimo para la subsistencia».

Desde el PP, la portavoz autonómica Margalida Prohens, ha defendido la necesidad de ayudar a las personas más vulnerables y con menos recursos, pero los populares están en contra de la «filosofía» de la ley y de la falta de concreción para la implementación de la renta social garantizada.

Prohens ha lamentado irónicamente la «falta de consenso y diálogo y esta nueva política» del Govern, después de que no hayan sido admitidas ninguna de las 20 enmiendas propuestas por el PP, que pretendía que el Govern implementara el cien por cien de esta renta en la actual legislatura.

Además, Prohens ha criticado que el Govern destine finalmente 20 millones a esta renta y no los 60 millones que anunciaron al inicio de legislatura. Los populares han apoyado parte del articulado y ha votado en contra de aquellos puntos en los que no han sido admitidas sus propuestas.

Desde el PSIB, el diputado socialista Jaume Garau ha dicho que la ley es un «instrumento nuevo» con el que el Govern «continúa» con su política de «rescate de la ciudadanía», al tiempo que ha subrayado que para el ejecutivo presidido por la socialista Francina Armengol «las personas son el objetivo principal» de su gestión.

La portavoz de Podemos, Laura Camargo, ha reconocido que es un «orgullo» esta iniciativa. «Hemos dejado de rescatar bancos y ahora toca rescatar a la ciudadanía», ha aseverado la portavoz, para quien esta ley es una «victoria de la ciudadanía que, con su lucha en la calle, ha logrado que los programas de gobierno incluyan este nuevo derecho».

Por parte de Ciudadanos (C’s), la diputada Olga Ballester ha lamentado que el Govern no haya aceptado una enmienda de su grupo para que a las personas que reciban esta ayuda se les «diseñe» un plan de búsqueda de empleo por parte de la administración.

Desde MÉS, la diputada Margalida Capellà ha respondido que lo que se pretende con esta ley es que sus beneficiarios logren ser lo «suficientemente autónomos» para buscar por ellos mismos trabajo o asesoramiento laboral.

Por parte del PI, la diputada Maria Antònia Sureda ha dicho que esta prestación es una ayuda «necesaria» para luchar contra la pobreza y defender la «libertad individual y colectiva» de los ciudadanos de las islas que apenas tienen recursos económicos.

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