La patronal del sector tecnológico reclama a la ministra Salgado que cumpla los plazos de pago

La patronal del sector tecnológico reclama a la ministra Salgado que cumpla los plazos de pago

(PD)-. El sector tecnológico estaba satisfecho con el Plan Avanza que impulsó el Gobierno a su llegada en el año 2004. Pero eso se ha acabado. La patronal Asimelec ha reclamado en una carta la «pronta intervención» del ministerio de Administraciones Públicas para cumplir los plazos de pago de la Ley contra Morosidad debido al retraso y falta de pagos por parte de la Administración Pública.

La patronal apela a una «pronta intervención» para paliar el «uno de los temas más preocupantes para el tejido empresarial español» que afecta tanto a la Administración del Estado como la autonómica o la local.

Asimelec indicó que la misiva pretende defender los intereses de las empresas a las que representa y manifestar al Gobierno «la necesidad de que se cumplan estrictamente» los plazos de pago que establece la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, aprobada a finales del año 2004.

La Ley de 2004 establecía períodos de pago de 30 días para las empresas y de 60 días para las Administraciones Públicas. La asociación reclama que estos plazos sean una condición contractual vinculante y exige su estricto cumplimiento.

Para Asimelec, de cumplirse la orden, se podrían solventar, en gran medida, las dificultades de tesorería y de rentabilidad que padecen muchas empresas tanto en el sector TIC como el otros segmentos de la economía española.

En este sentido, Martín Pérez, el presidente de la patronal, señaló que en estos tiempos de recesión este «grave problema se vuelve todavía más acuciante». Asimismo, el directivo indicó que el retraso y la morosidad en los pagos por parte de las Administraciones Públicas origina un gran «desasosiego» en el día a día de la actividad de las empresas asociadas a Asimelec.

La patronal señaló además que muchas empresas que acumulan plazos de impago por parte de sus deudores de más de 180 días, no reclaman estas practicas por temor a perder negocio o causar malestar a sus clientes.

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