El campo andaluz ha iniciado una batalla que podría marcar el futuro de la agricultura tradicional en España.
Miles de agricultores se han organizado para frenar lo que consideran una amenaza directa a su modo de vida: la construcción de 25 megaplantas solares que supondría la tala de aproximadamente 500.000 olivos centenarios en las provincias de Jaén y Córdoba.
La tensión ha escalado en las últimas semanas, especialmente en la Campiña Norte jiennense, donde localidades como Lopera, Arjona y Marmolejo serían las más afectadas.
Según denuncian desde la Plataforma de la Campiña Norte contra las megaplantas fotovoltaicas, solamente en Lopera serían arrasadas hasta 1.000 hectáreas de tierra productiva, lo que supondría perder unos 100.000 olivos.
Un conflicto de modelo territorial
El enfrentamiento va mucho más allá de una simple disputa por el uso del suelo. Representa un choque entre dos visiones de desarrollo: la apuesta por las energías renovables a gran escala frente a la preservación de un ecosistema agrario tradicional con siglos de historia.
Las plataformas SOS Rural y Campiña Norte contra las Megaplantas Solares han recogido más de 20.000 firmas que pretenden entregar al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, para frenar estos proyectos. Los agricultores denuncian que muchas de estas instalaciones se están tramitando mediante procesos de expropiación, otorgando la condición de «utilidad pública» a los desarrollos solares.
Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, ha señalado la contradicción que supone «hablar de descarbonización y de vocación medioambiental mientras arrasas con árboles con siglos de antigüedad, los mayores sumideros naturales de carbono que existen, para sustituirlos por hierros y cristal».
El impacto ambiental en cifras
Uno de los argumentos más contundentes de los opositores a estos proyectos tiene que ver con la huella de carbono. Según datos de la Universidad de Jaén y la Cátedra AOVES, un olivo centenario captura unos 570 kilogramos de CO₂ al año, mientras que un árbol recién plantado absorbe entre 10 y 30 kilogramos.
Con estos cálculos, las plataformas afirman que la Junta de Andalucía tendría que plantar 28,5 millones de árboles jóvenes para compensar el CO₂ que dejarán de capturar los olivos eliminados. Esta cifra contrasta con el plan anunciado por Moreno en 2024, en el que prometía plantar apenas 1,5 millones de árboles como parte de su estrategia contra el cambio climático.
El impacto económico y social
La eliminación de estos olivares no solo tendría consecuencias ambientales, sino también económicas y sociales. Los agricultores calculan que se arrancarán unos 200 olivos por hectárea, lo que supondría una pérdida inmediata de empleo y riqueza en zonas rurales ya de por sí castigadas por la despoblación.
Rafael Alcalá, portavoz de la Plataforma de la Campiña Norte, ha explicado a Infobae España que su iniciativa se centra principalmente en luchar contra los proyectos que se situarían en Lopera y Arjona. «Los cuatro de Marmolejo no los contamos porque tanto sus vecinos como su ayuntamiento han recibido con brazos abiertos las plantas», ha matizado.
Empresas detrás de los proyectos
Detrás de estos proyectos se encuentran empresas como Greenalia y FRV Arroyadas, esta última con capital saudí, que han obtenido autorizaciones para desarrollar plantas fotovoltaicas en terrenos actualmente dedicados al cultivo del olivo.
En total, entre proyectos en fase de planificación y ejecución, hay dieciocho plantas más previstas en la comarca de la Campiña Norte de Jaén, lo que supondría una capacidad aproximada de 1GW adicional, afectando a 3.222 hectáreas más y unos 320.000 olivos adicionales.
Debate político
El conflicto ha trascendido al ámbito político, con acusaciones cruzadas entre partidos. Desde Vox, su portavoz en Andalucía, Manuel Gavira, ha denunciado que PP y PSOE «están coaccionando y castigando a los agricultores y ganaderos con sus políticas medioambientales» y ha criticado que se destinen tierras fértiles a instalaciones solares cuando existen otras zonas menos valiosas para la agricultura.
Por su parte, las plataformas ciudadanas señalan directamente a la Junta de Andalucía, presidida por Juan Manuel Moreno (PP), y al Gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE), como responsables de permitir lo que consideran un «expolio» del campo andaluz.
Precedentes internacionales
El debate sobre el uso de tierras agrícolas para instalaciones energéticas no es exclusivo de España. En otros países europeos ya se han tomado medidas para proteger los terrenos cultivables.
Un momento crítico para el campo andaluz
La situación llega en un momento especialmente delicado para el sector olivarero, que ya enfrentaba desafíos como la sequía, los bajos precios y la competencia internacional. La pérdida de estos olivares centenarios, muchos de ellos en una zona que optó a ser Patrimonio Mundial de la UNESCO, supondría un golpe adicional para un sector emblemático de la economía andaluza.
Las próximas semanas serán decisivas para el futuro de estos proyectos. Mientras tanto, los agricultores continúan movilizándose y recogiendo apoyos. Como señalan desde SOS Rural: «La transición ecológica no puede construirse a base de destruir lo que ya es ecológico».
