“España reactiva la alerta por subempleo en pleno debate sobre reducir la jornada laboral”, de Javier Esteban; “Las nucleares desmienten la acusación de Sánchez y avisan que la tributación «gigantesca» las echa del mercado”, de Unai Mezcua Gordillo”; “Madrid llevará ante el Supremo la ley Bolaños que supone «un nuevo intento de Sánchez por controlar la Justicia»”, de Paula Baena; “El día que la Policía entró al Parlamento andaluz para advertir a un diputado de que se había «extralimitado» opinando”, de Daniel Cela; y “La nueva envolvente que prepara el Gobierno a las malvadas derechas: «Sería un regalo»”, de Ana Martín
(Viñeta de Nieto en ABC el pasado día 7 )
ESPAÑA REACTIVA LA ALERTA POR SUBEMPLEO EN PLENO DEBATE SOBRE REDUCIR LA JORNADA LABORAL
Artículo de Javier Esteban publicado en El Economista el pasado día 7
El 5,2% de los trabajadores quieren trabajar más horas. Registra el peor dato de la UE, pese a tener menos ocupados a tiempo parcial que la media. España arrastra un ‘agujero’ en su mercado laboral que aún supera los 5,5 millones de personas.
España ha regresado al primer lugar de la lista de la Unión Europea de países con más trabajadores forzados a trabajar a media jornada por falta de oportunidades laborales. Suman 1,14 millones de subempleados, el 5,2% del total de ocupados. Un dato aún más llamativo porque nuestro país dista mucho de ser el que tiene más empleados a tiempo parcial: suponen el 13,8% del total, muy por debajo de la media de los Veintisiete. Pero para cuatro de cada diez de ellos no es una elección, sino una vía directa a la precariedad laboral.
El dato también nos dice que nuestro país se ha estancado en la mejora de un indicador que sigue muy lejos de los niveles previos a la la crisis financiera, a pesar de la intensa creación de empleo de los últimos años. Desde la reforma laboral de 2021 el Gobierno parece dar por amortizada la cuestión de la calidad del empleo y ahora prefiere poner el foco en la reducción la jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales (si bien hay dudas de que esta prospere ante el rechazo explícito de Junts).
Aunque más allá de las cuestiones políticas, la duda es si la próxima gran reforma del mercado laboral debe centrarse en reducir el tiempo de trabajo cuando somos el país con el mayor porcentaje de ocupados cuyo problema es exactamente el opuesto: no poder trabajar más horas.
Es cierto que el incremento de los ocupados, que se acerca a la barrera de los 22 millones, ha repercutido en un incremento de los ocupados a tiempo parcial, que a cierre del pasado año superaron por primera vez los tres millones. Sin embargo, su peso sobre el total del empleo, del 13,8% es inferior al registrado antes de la pandemia y durante la crisis financiera.
Además, queda muy por debajo de la media europea, que alcanza el 18,7% y la zona euro, donde llega al 21,4%. Aunque economías como Países Bajos llegan al 42,7% y en Alemania se sitúa en 30,8%. Así, nuestro país queda en el decimotercer puesto entre los 27 por peso del empleo a tiempo parcial.
Lo que no encaja entonces es que nuestro país tenga una mayor tasa de subempleo que cualquiera de nuestros vecinos. Eurostat define esta variable como los trabajadores a tiempo parcial que quieren trabajar más horas y están disponibles para hacerlo. Este porcentaje se calcula sobre el total del empleo, no solo sobre los que trabajan a media jornada.
Los datos a cierre de 2024 muestran que España supera a Países Bajos, que registra un 5,1% de subempleados a pesar de que cuatro de cada diez ocupados son a tiempo parcial.
La explicación más directa es que en España el tiempo parcial no es una alternativa favorable para muchos trabajadores. Mientras en otros países se utiliza no solo para conciliar sino también para que los jóvenes que compatibilizan estudios y empleo, lo que explica los altos volúmenes alcanzados en Países Bajos o Alemania, economías con un elevado peso de la denominada formación dual.
Dichos países también han estimulado la contratación a tiempo parcial, algunos con modelos tan polémicos como los ‘minijobs’ instaurados desde 2003 en Alemania: empleos temporales de corta duración y a tiempo parcial y pensados originalmente para trabajadores en los años previos al retiro. Pero esta fórmula no parece estar causando un problema de subempleo similar al de España.
En España, el problema es la falta de oportunidades. Algo lógico en el país con mayor número de parados de la Unión Europea, pero que no se limita solo a la dificultad por encontrar empleos a tiempo completo. También a la falta de recursos para cuidar a los hijos y dependientes. Las mujeres son las más afectadas por las responsabilidades familiares y asumen el sacrificio de reducir su jornada, pero la pérdida de salarios también merma las economías de los hogares. Algo que dejan claro las cifras de subempleo: afectan al 8,1% de las trabajadoras, casi dos puntos más que en Países Bajos, mientras que entre los hombres cae al 2,7%, un punto porcentual menos que entre los neerlandeses.
Un análisis de la serie histórica, que se remonta a 2008, muestra que España siempre ha tenido un problema con el subempleo, pero menor al de economías como la holandesa, la alemana, la francesa o la sueca, e incluso empezaba con la media de la zona euro. Casi dos décadas después ninguna de estas economías, salvo España, está en posiciones de cabeza y han sido sustituidas por Países Bajos, Finlandia o Dinamarca, aunque todos ellos mantienen un peso del empleo a tiempo parcial superior al nuestro.
Esta no es la primera vez que España se corona como campeona de subempleo. Ya lo hizo durante la crisis financiera y en los primeros momentos de la recuperación. En 2014 la tasa llegó al 9,5%. Esto implica que muchos trabajadores cayeron en empleos de mala calidad por falta de oportunidades. Y no han vuelto a la situación precedente.
El empleo parcial más precario
La tendencia se fue corrigiendo con lentitud y la tasa solo se había reducido al 4,9% a finales de 2023. Pero en el pasado año, la mejora se ha frenado, lo que nos ha devuelto al primer puesto de la UE, superando en una décima a Holanda. Pero esto no debería llevarnos al error de pensar que nuestra situación es comparable. Países Bajos tiene una de las tasas de paro más bajas de la UE, un 3,9%, mientras España aún registra un 10,9%. Y, como hemos visto, su porcentaje de subempleo es incluso reducido para su elevado volumen de ocupados a tiempo parcial.
Así, las cifras enumeradas suponen que el 37,9% de los trabajadores a tiempo parcial españoles quieren trabajar más horas y están disponibles. Es el porcentaje más alto de la UE. Pero en Países Bajos apenas llega al 11,9%. Los únicos países que superan el límite del 30% son Grecia, Rumanía y Portugal. Lo que refleja una relación con el empleo a media jornada alejada de las grandes economías europeas.
En este escenario, ¿contribuirá la reducción de la jornada a corregir las cosas? Está por ver si el texto tiene impacto en estos porcentajes, aunque a la espera de conocer el texto definitivo –y si supera el complicado trámite parlamentario–, tendrá un impacto positivo en los salarios de los trabajadores a tiempo parcial, ya que la empresa no podrá reducir las horas para ajustarlos al nuevo margen legal. Así, de hecho, ganarán más.
Pero parece una mejora escasa tanto para reducir el subempleo como para equiparar a España a las principales economías de la UE, tanto en porcentaje de tiempo parcial. Con una tasa de paro de doble dígito y sin un plan de choque para incentivar la contratación a jornada completa, parece difícil que nada cambie, pase lo que pase con la que el Ejecutivo considera ahora su ‘medida estrella’ en materia laboral.
LAS NUCLEARES DESMIENTEN LA ACUSACIÓN DE SÁNCHEZ Y AVISAN QUE LA TRIBUTACIÓN «GIGANTESCA» LAS ECHA DEL MERCADO
Artículo de Unai Mezcua Gordillo publicado en El Debate el pasado día 6
Foro Nuclear aboga por replantear el calendario de cierre de las centrales tras el apagón porque «dotan al sistema de estabilidad». Sí a las renovables, no a la nuclear: el apagón pone en cuestión la estrategia energética del PSOE.
Con las causas del apagón que el lunes de la semana pasada aún sin esclarecerse, Foro Nuclear subraya que esta tecnología aporta estabilidad y firmeza al sistema. La asociación, que defiende los intereses de la industria atómica en España, considera que el cero total debería llevar al Gobierno a replantearse el calendario de cierre de las plantas españolas, pactado en 2019, y que las aboca a dejar de operar de forma escalonada entre 2027 y 2035.
«Las centrales nucleares españolas resultan esenciales al proporcionar firmeza y estabilidad al sistema eléctrico», ha destacado el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, durante un encuentro con periodistas. Ello se debe, ha destacado, a que su funcionamiento conlleva la rotación de elementos muy pesados a altas velocidades, frente a otras tecnologías como la eólica o la solar, cuyo funcionamiento es asíncrono, es decir, sin dicha rotación y sin la consecuente inercia.
Sin querer entrar a valorar las causas del apagón a la espera de que Red Eléctrica y el Gobierno den más información sobre el estado de la red el lunes pasado, y aunque Araluce ha evitado entrar en consideraciones «políticas», sí ha salido al paso de la acusación de Pedro Sánchez acerca de que las plantas atómicas ralentizaron la recuperación tras el apagón.
«Las centrales no fueron ninguna rémora ni durante el apagón ni después. Cada reactor tiene dos generadores diésel para alimentarse (si falla la red) y cuando la red se repone hacen un consumo mínimo».
En el momento del apagón solamente estaban operativos tres de los siete reactores nucleares, como ya informó El Debate. De los otros cuatro, uno se hallaba en proceso rutinario de recarga (Trillo, en Guadalajara) y otros tres por la situación del mercado, con la autorización previa de Red Eléctrica y en previsión a varias jornadas seguidas de precios negativos por la Semana Santa y el puente de mayo.
Como consecuencia, varias plantas atómicas españolas optaron por no conectarse a la red ante una situación que las llevaría a producir a pérdidas.
«Las nucleares están sujetas a una tributación gigantesca que muchas veces impide su entrada en el mercado. En momentos en los que el precio tiende a cero eso no permite entrar en el mercado, porque solo en impuesto pagamos más de lo que facturamos».
Para Foro Nuclear esta elevada carga fiscal se corresponde con un intento de hacer que las centrales «no sean competitivas de forma artificial», y ha instado al Ejecutivo central a revisar la fiscalidad, en particular la subida de la tasa Enresa, que Teresa Ribera incrementó un 30 % el año pasado. También a las comunidades autónomas, algunas de ellas, como Extremadura y Comunidad Valenciana, en manos del PP y con respectivas tasas al combustible nuclear.
Según Foro Nuclear las centrales afrontan el pago de 28 euros por MWh solo en impuestos, lo que eleva su factura fiscal anual al entorno de los 900 millones de euros, frente a los cerca de 90 que pagan las fotovoltaicas. Pese a ello, las centrales españolas aportaron en 2024 el 19,98 % el total de la producción eléctrica neta del país, con una potencia instalada de 7.117 MW, entre cinco y seis veces menos que la fotovoltaica, cuya generación se concentra en determinadas horas del día.
MADRID LLEVARÁ ANTE EL SUPREMO LA LEY BOLAÑOS QUE SUPONE «UN NUEVO INTENTO DE SÁNCHEZ POR CONTROLAR LA JUSTICIA»
Artículo de Paula Baena publicado en El Debate el pasado día 6
Ayuso abre un nuevo frente judicial con Sánchez por la ley Bolaños que costará a Madrid 43 millones de euros. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que su Gobierno va a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la conocida como ley Bolaños si antes del 10 de mayo el Ejecutivo de Pedro Sánchez no responde al requerimiento formal que hicieron hace casi un mes para que «de manera inminente» evaluara el coste real de esta ley y dotara a las comunidades autónomas de la financiación suficiente.
Se trata de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia que, a juicio de la presidenta autonómica, «supone un nuevo intento de control del Poder Judicial, puesto que es un cambio ideológico de la organización del sistema judicial que se ha hecho sin contar con el propio Poder Judicial ni con las comunidades autónomas».
«Disfrazada de palabras mágicas como modernizar simplificar, hay un nuevo Caballo de Troya de la ideología que no cree en la separación de poderes. Donde dice eficiencia deberíamos saber leer control del Ejecutivo sobre la independencia judicial y el acceso a la tutela judicial efectiva vestida», ha lanzado, en la presentación de la maqueta de la nueva Ciudad de la Justicia en la Real Casa de Correos.
Para Díaz Ayuso, «vestida de supuestos nuevos medios de resolución de conflictos se esconde ese sueño de los totalitarios de la justicia popular, la justicia sin jueces, y ninguna de estas amenazas es nueva». En este sentido, ha advertido de que «desde hace décadas hay una obsesión por controlar el Poder judicial, y esto mismo hacen muchos compañeros de ideología en otros lugares del mundo».
«Los presidentes autonómicos no somos meros ejecutores de planes del Gobierno, tenemos una responsabilidad somos también garantes del orden constitucional, de la unidad nacional, del Estado de Derecho, de los derechos fundamentales de todos los españoles vivan donde vivan. Y no nos es ajeno, por tanto, lo que ocurre en ningún lugar de España ni en ningún ámbito y mucho menos cuando hablamos de la separación de poderes», ha esgrimido.
En este punto, ha anunciado la presentación de ese recurso ante el Alto Tribunal si el Gobierno no responde a su requerimiento en un plazo de cinco días porque «si no se evalúan los costes, estas leyes ideológicas siguen adelante carcomiendo más y más».
Cabe recordar que, de acuerdo con los cálculos del Gobierno autonómico, la adaptación de las infraestructuras judiciales, así como el incremento de los gastos de personal y tecnológicos que se derivarán de la entrada en vigor de los tribunales de instancia supondrá, sólo el primer año, un coste adicional de 40 millones de euros para la Comunidad de Madrid.
«Pese a la enorme carga que dicha ley atribuye a las comunidades autonómicas con competencias transferidas, no se ha tenido en cuenta, de ninguna forma, a quienes tenemos la responsabilidad última de implantar el contenido de esta», lamentaron desde el Gobierno autonómico en una carta dirigida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado mes de febrero dónde ya le interrogaba sobre los mecanismos de financiación que tenía previstos para cubrir los «enormes costes» de la aplicación de la también conocida como ley de Eficiencia.
A esos 40 millones de coste adicional calculados por el Ejecutivo autonómico, «debe sumarse el incremento de las partidas correspondientes a asistencia jurídica gratuita y turno de oficio, como consecuencia de los nuevos baremos generados por la implantación de los medios alternativos de solución de conflictos».
EL DÍA QUE LA POLICÍA ENTRÓ AL PARLAMENTO ANDALUZ PARA ADVERTIR A UN DIPUTADO DE QUE SE HABÍA «EXTRALIMITADO» OPINANDO
Artículo de Daniel Cela publicado en eldiario.es el pasado día 5
El presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, encarga un informe jurídico tras la petición de amparo del portavoz de Adelante, José Ignacio García, al que dos agentes notificaron en su despacho una querella de la Fiscalía Superior que le acusa de «libertinaje de expresión» y de «incitar al odio y la violencia contra la Policía». El Parlamento andaluz se ha metido de lleno en un debate resbaladizo sobre los márgenes de la libertad de expresión de sus diputados, un debate que empezó hace más de cuatro décadas, cuando empezó la democracia.
El año del golpe de Estado fallido del teniente coronel Antonio Tejero (1981), el Congreso tramitó uno de los primeros suplicatorios de la incipiente democracia española, que puso a prueba la “inmunidad parlamentaria”, para que el Tribunal Supremo procesase a varios diputados por sus opiniones políticas, tras recibir una querella criminal de la Fiscalía. La libertad de expresión, como derecho fundamental consagrado en la Constitución, tenía tres años de vida.
En el archivo de la Cámara baja, donde los debates y las votaciones sobre suplicatorios tienen carácter secreto, hay pocos precedentes de un cargo electo imputado y juzgado por un “delito de opinión” a resultas de una denuncia del Ministerio Público. En la hemeroteca del Parlamento andaluz, ninguno. Pero eso está a punto de cambiar.
El pasado 4 abril, dos agentes de la Policía Judicial entraron de paisano en la Cámara autonómica, identificaron en su despacho al diputado y portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y le notificaron una querella de la Fiscalía Superior del TSJA por un supuesto delito de injurias a la Policía Local de Sevilla.
Dos meses antes, García había participado en una concentración de protesta en la capital andaluza por la muerte de Mamouth Bakhoum, un mantero senegalés que fue perseguido por agentes municipales y murió ahogado en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre. El diputado cuestionó la actuación policial con unas palabras que han motivado la querella del Ministerio Público: “Es un caso de racismo institucional, violencia policial y represión”, dijo, exigiendo una investigación a fondo.
Los servicios jurídicos del Parlamento tratan ahora de aclarar cómo accedieron aquellos policías sin que tuviera constancia el letrado mayor ni el presidente de la Cámara, el popular Jesús Aguirre. En realidad, fue García quien les citó “en su domicilio laboral”, porque entiende que el fiscal se querella contra él por una opinión política que hizo “en el ejercicio de sus funciones como parlamentario”, aunque las hiciera fuera del Parlamento.
Y de eso, en parte, trata esta insólita querella contra un cargo público, que ha reabierto el debate sobre los límites de la “inviolabilidad” de los diputados -blindada en el Estatuto de Autonomía (artículo 101.3)- y del “plus de libertad de expresión del que gozan”.
El caso ha captado la atención de todos los partidos representados en la Mesa del Parlamento, que el pasado miércoles decidió por unanimidad solicitar un informe jurídico a sus letrados. Varios juristas han consultado el escrito de querella y coinciden en que el teniente fiscal del TSJA, José Rogelio Muñoz Oya, hace una “interpretación excesivamente dura” de las palabras del diputado. De entrada, es una querella por injurias contra el prestigio de la Policía (un derecho con un nivel de garantía menor que la libertad de expresión o el derecho al honor de una persona de relevancia pública).
Pero, además, el fiscal termina argumentando que se trata de un delito de “odio”, algo que no le imputa la querella, y que tiene una tipificación más dura en el Código Penal, pues castiga la “violencia contra una minoría” con penas de prisión de uno a cuatro años y una multa de seis a 12 meses. “El cuerpo de Policía no entra en la categoría de minoría vulnerable, que es el sentido del delito de odio”, argumenta el jurista Joaquín Urías.
En su escrito, Muñoz Oya denuncia “un hostigamiento verbal contra los Cuerpos Policiales”, habla de “concretos actos de apoyo explícito a la violencia contra ellos” y acusa al diputado de “incitar a actuar violentamente contra” los agentes. “No es libertad de expresión. Es odio y ataques al honor”, concluye sobre las palabras del diputado.
La muerte de Mamouth Bakhoum
El 2 de enero, el portavoz de Adelante Andalucía asistió a una concentración de ciudadanos senegaleses en la Plaza de la Gavidia, en el centro de Sevilla, donde cuestionó la actuación de los policías que habían perseguido “hasta su muerte” a Mamouth Bakhoum,
Bakhoum era un hombre de 43 años con los papeles en regla, con mujer, una hija de un año, y con sus padres a su cargo. Aquel día, en plenas fiestas navideñas, estaba vendiendo 34 camisetas falsas de equipos de fútbol en la céntrica Avenida de la Constitución, y echó a correr cuando vio llegar a la Policía. Los agentes le persiguieron durante más de un kilómetro hasta el muelle, junto al río donde se ahogó.
La Policía Local de Sevilla informó del suceso en una nota de prensa que recogía datos del atestado, asegurando que Mamouth Bakhoum huyó corriendo durante un kilómetro y medio, se tiró voluntariamente al agua y los agentes trataron de rescatarle sin éxito. Los medios de comunicación difundieron la versión oficial, pero la familia y sus allegados exigieron más explicaciones.
La comunidad senegalesa y africana asentada en Sevilla convocó aquella concentración del 2 de enero frente a la Consejería de Justicia del Gobierno andaluz, y contactó con partidos políticos de izquierdas, ONGs, agentes sociales y periodistas para buscar amparo frente a la versión oficial. El portavoz de Adelante Andalucía estaba pasando las fiestas con unos amigos en una casa rural de Los Alcornocales (Cádiz) cuando recibió un mensaje de su compañera, la entonces diputada Maribel Mora, en el chat de Telegram que usa el grupo parlamentario:
-“La comunidad senegalesa está empezando a moverse. Los colectivos sociales están pendientes y hay una reunión con el sindicato de manteros y con ONGs”.
-“Ok. Ve contando. Yo el día 2 puedo ir a la manifestación”, respondió García.
Enero es un mes inhábil en el Parlamento andaluz, que permanece cerrado aunque sus señorías cobran igualmente sus salarios e indemnizaciones por gastos de viaje y alojamiento, que oscilan entre los 200 y los 500 euros semanales. Más que ningún otro partido, los de Teresa Rodríguez han criticado mucho que los diputados perciban esos pluses en la nómina incluso cuando la Cámara está cerrada.
La legislatura pasada pelearon para suprimirlos y, al no lograrlo, decidieron donar los suyos a una causa social cada mes. En aquel debate, la Mesa del Parlamento y el resto de partidos les acusó de “hacer demagogia”, y les recordó que “los diputados no dejan de ser diputados aunque la Cámara esté cerrada”, que siguen ejerciendo sus funciones en sus respectivas provincias, y que las indemnizaciones para desplazamientos y alojamiento sirven a este propósito.
En la primera semana de enero de 2025, la planificación de trabajo del grupo parlamentario Adelante Andalucía incluía la participación de uno de sus miembros en la concentración por la muerte de Bakhoum, en apoyo a su familia y a la comunidad africana en Sevilla.
En aquella protesta se estaba reclamando una investigación independiente de las circunstancias del fallecimiento del mantero senegalés, la regularización de inmigrantes y el cambio en las leyes de Extranjería que, según denunciaban, “son caldo de cultivo para tragedias como esta”. En 2018, otro ciudadano senegalés de 34 años (Mame Mbaye Ndiaye) que vendía perfumes en el centro de Madrid fue perseguido por policías municipales y falleció de un infarto en una calle de Lavapiés.
La jueza que investiga la muerte Bakhoum en el Guadalquivir logró acceder a las cámaras de seguridad de la zona y ha archivado dos veces la denuncia de su familia, aunque en su último escrito describe la intervención de los agentes como “un cercamiento policial de la víctima en los bajos del puente” desde donde cayó al río y murió.
“Racismo institucional y violencia policial”
García hizo allí las declaraciones que han desatado todo este lío: “Hay que investigar lo que ha cometido la Policía Local. Un caso de racismo institucional, de violencia policial y de represión que no puede volver a pasar. ¿Qué sentido tiene que le persigan durante más de un kilómetro corriendo, los policías en moto, a un trabajador por llevar camisetas? ¿Y que nos tengamos que creer que un chico de 43 años, padre de familia, se tiró al río Guadalquivir? Queremos ver el vídeo de cómo entró al agua”, dijo.
El diputado andalucista grabó en vídeo sus declaraciones y las difundió en la red social X para sus 16.600 seguidores [tuvo más de 48.000 visualizaciones], en Instagram (13.900 seguidores) y en Facebook (4.998 amigos). El secretario de la sección sindical de CSIF del Ayuntamiento de Sevilla y el presidente del Sindicato de la Policía Local le denunciaron por “un delito de injurias contra los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad” (artículo 504.2 del Código Penal), penado con una multa de 12 a 18 meses y con un máximo de 400 euros por día (en torno a 216.000 euros en el peor de los casos).
García entendió que la querella trataba de “infundir miedo” para que la gente no cuestionara la actuación policial que, a su juicio, había “influido” en la muerte de Bakhoum, aun bajo investigación judicial. “Si amedrentan a un representante público que tiene más voz y está más protegido que un ciudadano de a pie para discrepar contra el poder establecido, el mensaje que dan es que ellos mandan y que nosotros callamos”, explica.
El 17 de enero, el portavoz de Adelante Andalucía convocó a los medios de comunicación en la sede del partido en Sevilla, se ratificó en sus declaraciones y avanzó un paso más, al denunciar que la “ley Mordaza” había endurecido las penas contra la venta ambulante, pasando de falta a delito, y denunció que “si el chaval fallecido hubiera sido blanco y sevillano, habría una investigación abierta, si no la hay, es porque era negro y migrante, y eso se llama racismo institucional”, sentenció.
Adelante Andalucía no sólo se sumó a la concentración de repulsa en la calle, también llevó el debate al Parlamento autonómico y al Congreso de los Diputados. El 25 de enero, registró -a través de los diputados de Bildu- varias preguntas dirigidas al Gobierno de España con solicitud de respuesta por escrito para esclarecer lo ocurrido y “determinar responsabilidades”. Una de las preguntas es llamativa, porque recoge la literalidad de las palabras que han motivado la querella contra García: “¿Cuáles son los planes del Gobierno para prevenir posibles casos de racismo institucional en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?”.
Libertad o “libertinaje de opinión”
Y en este punto, la historia da un salto de gigante, cuando la Fiscalía Superior del TSJA se alinea con los querellantes y acusa a un parlamentario de confundir libertad de opinión con “libertinaje de opinión”, y de actuar como muchos -en el ámbito de la política- entienden que puede y debe actuar un parlamentario. A saber: “por extender la responsabilidad de lo ocurrido al ámbito político” y “por contribuir a generar un estado de opinión capaz de cuestionar la legitimidad democrática de una institución o la legalidad de su actuación, y con ello a fisurar su prestigio”.
¿Puede un ciudadano de a pie “contribuir a generar un estado de opinión capaz de cuestionar la legitimidad democrática” de la Policía o de cualquier otra institución del Estado? ¿Puede hacerlo un representante público elegido en las urnas? ¿Hasta dónde se puede “generar un estado de opinión” sin injuriar a los poderes establecidos? ¿La inviolabilidad protege a un diputado por sus opiniones políticas dentro de los muros del Parlamento pero no si las expresa fuera? ¿Le protege también fuera, pero si las pronuncia en el marco de un “acto parlamentario”, como recoge el artículo 101.3 del Estatuto? ¿Qué se considera un “acto parlamentario”: el que organiza el propio Parlamento, o basta con que lo organice un grupo parlamentario?
El debate sobre los límites de la inviolabilidad de un parlamentario frente a denuncias por “delitos de opinión” se ha reabierto en un momento político especialmente crítico, en el que a diario diputados, senadores, alcaldes y concejales de un signo político u otro vierten durísimas declaraciones -cuando no insultos- contra todas las instituciones del Estado y cuestionan la legitimidad de todos los poderes públicos que ellos no controlan.
Empezando por el propio presidente del Gobierno, a quien dirigentes de PP y Vox -desde Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso hasta Santiago Abascal- le niegan toda legitimidad democrática, y le califican de “autócrata”, “tirano”, “felón”, “sinvergüenza”, “psicópata” o directamente “hijo de puta”.
En esta legislatura de polarización extrema, los partidos de la derecha han cuestionado -dentro y fuera de los parlamentos- prácticamente a todas las instituciones del Estado, acusando a Pedro Sánchez de “colonizarlas”.
Y los dirigentes de izquierdas han roto el tabú que hacía intocables a los jueces, sus instrucciones y sus sentencias, hablando de “lawfare o cacería política”, tildando de “vergonzosas” sus fallos [léase la crítica de María Jesús Montero a la sentencia que absolvió a Dani Alves, por la que tuvo que pedir perdón] o llamándoles “corruptos” y “prevaricadores”, como hizo la líder de Podemos, Ione Belarra, en referencia al exjuez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, lo cual motivó una protesta unánime del Consejo General del Poder Judicial.
La inviolabilidad como “privilegio personal”
La querella del teniente fiscal del TSJA va más allá del contenido de las palabras que José Ignacio García profirió contra la Policía Local de Sevilla: hace una interpretación jurídica de los límites de la libertad de expresión, reforzada por la inviolabilidad parlamentaria, de la que goza un representante público.
En su escrito, el fiscal se remonta a la Revolución Francesa de 1789 para tildar de “irrelevante” la esencia de la inmunidad parlamentaria, que considera un derecho de representación susceptible de malentenderse como un “privilegio personal”, y que “la naturaleza y función de tales prerrogativas parlamentarias ya no pueden seguir siendo aquellas con las que nacieron”.
Termina concluyendo que las palabras de García en aquella concentración de repulsa por la muerte del mantero senegalés fueron “una opinión personal del autor desconectada de lo que podría suponer una crítica política”.
El abogado de García da por hecho que su cliente terminará imputado y juzgado en el TSJA por un delito de injurias. De abrirse el proceso, será clave determinar si las palabras del diputado en aquella concentración junto a la comunidad senegalesa fueron “un acto parlamentario”, en los términos que el Estatuto concede a la inviolabilidad. ¿Fue José Ignacio García, en su condición de profesor de un instituto de Secundaria en excedencia, quien cuestionó la acción policial? ¿O lo hizo como un diputado de vacaciones, esto es, fuera de servicio? ¿O lo hizo como un parlamentario en el ejercicio de sus funciones?
También los letrados del Parlamento andaluz tienen ahora que posicionarse sobre este asunto, después de que Aguirre les haya pedido un informe jurídico sobre el caso de García, y un estudio comparado con otras cámaras legislativas. Pero el fiscal ya avanza en su querella que “la protección” de la que goza un diputado por su conducta -“incluso aquella que tuviera trascendencia política”- “cesa” cuando el sujeto actúa “al margen de sus funciones parlamentarias”.
Muñoz Oya se apoya en doctrina constitucional que “limita la inviolabilidad tanto espacial como temporalmente a la función parlamentaria”, y habla de “una extralimitación en el ejercicio de la libertad de expresión merecedora de un reproche penal”. Pero a lo largo de su escrito, una y otra vez, recuerda que está cuestionando un derecho fundamental de la Constitución, “conectado con la libertad ideológica”, y que “tiene una dimensión institucional como garantía de una sociedad libre, plural y democrática”, reconocida en su doctrina por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Durante 40 años de democracia, este debate ha entrado y salido del Tribunal Constitucional que, al tener que dirimir entre la libertad de expresión y otro derecho, ha manifestado una línea clara: “Cuando la libertad de expresión opera como instrumento de los derechos de participación política debe reconocérsele, si cabe, una mayor amplitud que cuando actúa en otros contextos” (STC 39/2005).
“La libertad de expresión comprende, junto a la mera expresión de juicios de valor, la crítica de la conducta de otros, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática” (STC 23/2010).
Sin embargo, quedan fuera de esta protección “un pretendido derecho al insulto”. “No cabe utilizar, en ejercicio del derecho a la libertad de expresión constitucionalmente protegida, expresiones ”formalmente injuriosas“ o ”absolutamente vejatorias“; es decir, quedan proscritas ”aquellas que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate“, es decir, ”las frases y expresiones ultrajantes y ofensivas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito“ (STC 23/2010).
El primer suplicatorio en el Congreso
Cuesta hacer el paralelismo entre aquel primer diputado en el Congreso, procesado por el Tribunal Supremo con la democracia en ciernes y la Constitución Española recién estrenada, y la querella contra el parlamentario andaluz, 44 años después.
Pocos meses después del golpe de Estado de Tejero, el Congreso concedió el suplicatorio contra el diputado de Herri Batasuna Francisco Letamendia, junto con su compañero Antxón Ibarguren, acusados de injurias a la Corona y desórdenes públicos por una protesta contra los reyes de España en la Casa de Juntas de Gernika, durante su primer viaje oficial a Euskadi.
Dos años después, el Supremo les condenó por desorden público y les absolvió del delito de injurias. Los diputados vascos recurrieron y, en 1986, el Constitucional anuló la sentencia y obligó al Supremo a repetir el juicio, que terminaría absolviéndoles a todos. Aquella sentencia del Tribunal de Garantías fue de las primeras en anticipar el extraordinario peso de la libertad recobrada para expresar opiniones políticas en España, un derecho violentado con sangre durante 40 años de fascismo.
La protesta de Letamendia y otros cargos electos de HB y LAIA, que terminó en los tribunales, consistió en interrumpir el discurso del rey Juan Carlos I cantando, puño en alto, el Eusko Gudariak (himno del soldado vasco en la guerra civil y en la resistencia antifranquista).
Aquello fue considerado un delito penal por magistrados que, en el 75 operaban aún bajo el franquismo, y diez años después lo hacían bajo la democracia. El Constitucional tumbó su decisión y la nueva sentencia reinterpretó la protesta de los diputados como “un legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, que transmitían “al Monarca un estado de insatisfacción pública”. En resumen, por “contribuir a generar un estado de opinión” en la sociedad.
LA NUEVA ENVOLVENTE QUE PREPARA EL GOBIERNO A LAS MALVADAS DERECHAS: «SERÍA UN REGALO»
Artículo de Ana Martín publicado en El Debate el pasado día 4
Al final de esta primera semana de mayo, el PP y Vox habrán sustituido a las energéticas como los malos del cuento del Ejecutivo. Eso es al menos lo que intentarán los socialistas. De la misma manera que la mejor energía, la más limpia y la más barata, es la que no se consume, la mejor forma de resolver una crisis es no crearla. Pero en la Moncloa llevan toda la semana mirándose al espejo y diciéndose lo buenos que son en los momentos críticos. Dicen que lo que pasó el lunes con el apagón fue fortísimo; que recuperar la luz en todo el país en un margen de entre ocho y doce horas fue una proeza sin paragón.
Describen un escenario apocalíptico, con hospitales que se quedaban sin generadores, comunidades autónomas solicitando al Gobierno declarar el nivel tres de emergencia nacional, trenes y metros paralizados, tráfico aéreo reducido a la mínima expresión. Presumen de haber compuesto en unas pocas horas un rompecabezas que perfectamente podría haber llevado «cuatro días» -¡cuatro!- en resolver. La autocomplacencia está reñida con la asunción de responsabilidades, y en esta crisis al Ejecutivo de Pedro Sánchez se le ha visto la jugada desde el principio: el problema lo crearon otros, la solución la han puesto ellos.
El miércoles, Sánchez en el Congreso
Básicamente ése será el mensaje que trasladará el presidente del Gobierno en su comparecencia del próximo miércoles en el Congreso, que por cierto ha permanecido cerrado a cal y canto toda esta semana con el pretexto del apagón, como también el Senado (el poder legislativo desenchufado y aquí no pasa nada). Durante la misma se espera que Sánchez ofrezca al menos unas conclusiones preliminares de la investigación comandada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, con los datos facilitados por Red Eléctrica Española y los operadores privados (Endesa, Iberdrola, Naturgy, Acciona y EDP), los villanos de este relato gubernamental.
Inicialmente, la comparecencia del líder del Ejecutivo estaba prevista para hablar de su plan de rearme unilateral, dotado con 10.147 millones de euros extra este año para llegar al 2 % del PIB de gasto en defensa, pero finalmente acabará siendo un mix más loco que el mix energético de este país: inversión militar, contratos de armamento con empresas israelíes, gran apagón y política energética del Gobierno.
La mezcla parece imposible y lo es, así que Sánchez acabará hablando de todo y de nada, con el punto a su favor -otro más- de que ese día empezará el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco, con muchos focos trasladados al Vaticano. Es lo que tiene dejar pasar dos semanas desde la solicitud de la comparecencia y hasta que se produce, que al ritmo que va la política española unas polémicas tapan otras. A ver si la oposición le pregunta también por el auto de procesamiento contra su hermano por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias y por la prórroga de seis meses de la instrucción del juez Peinado contra su mujer. Ambas noticias se han producido en este laxo de tiempo, pero aún no conocemos la opinión del presidente. Los periodistas que han podido preguntarle en alguna de las dos ruedas de prensa que ha dado en la Moncloa en las dos últimas semanas -El Debate no está entre ellos- no se han interesado por el particular y de él tampoco ha salido motu proprio pronunciarse.
¿Qué pasará con Beatriz Corredor?
El presidente al menos ha salido en rueda de prensa, porque Beatriz Corredor ni eso. La presidenta de Red Eléctrica tardó 45 horas en abandonar su escondite y cuando lo hizo prefirió dar entrevistas selectivas a la cadena SER, TVE y El País que convocar a todos los periodistas y someterse a sus preguntas. A todas. Una de las incógnitas que quedan por resolver en las próximas fechas es si Sánchez sacrificará al peón que colocó en Red Eléctrica a comienzos de 2020. Lo que son las cosas: el antecesor de Corredor, el también exministro Jordi Sevilla, dimitió por las «injerencias constantes» del Gobierno en la compañía participada por la SEPI y ahora el Gobierno define a Red Eléctrica como un «operador privado». Al grano: no parece que Corredor vaya a caer en el corto plazo.
La próxima semana dejará la comparecencia del presidente el miércoles en la Cámara Baja y una votación importante el jueves: la convalidación del decreto ley de medidas contra los aranceles de Donald Trump, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 8 de abril y que ahora mismo está en manos de Podemos (spoiler: los morados no lo tumbarán).
El Ejecutivo ya está preparando otra de sus envolventes al PP, que con esto del apagón llevan demasiados días sin poder hacer oposición a la oposición. El anticipo fueron las declaraciones de varios ministros durante las manifestaciones del jueves 1 de mayo. La vicepresidenta María Jesús Montero, que encabezó la de Sevilla, llegó a exigir al presidente andaluz que ordene a los diputados del PP de Andalucía votar a favor del decreto ley. «¿De qué lado está Moreno Bonilla? ¿Del campo andaluz o justamente de los intereses de las energéticas?», se preguntó la también líder del PSOE-A, mezclando los aranceles con el apagón con su habitual desparpajo.
Hay que reconocer que este Ejecutivo vale para un roto y para un descosido. Tan pronto hemos visto a Montero, Yolanda Díaz y Óscar López con rostro circunspecto en alguna de las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional celebradas esta semana como asiendo la pancarta del Día del Trabajador y descalificando a «las derechas».
Una revelación: el Gobierno está deseando que el PP vote en contra de las ayudas frente a los aranceles, como lo hará Vox, para poder proclamar que la derecha practica un patriotismo de pacotilla porque a la hora de la verdad vota en contra de los intereses españoles. «Sería un regalo», fantasea un alto cargo de la Moncloa. El pasado miércoles, el ministro Cuerpo se reunió de nuevo con el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, y le dio a comer lentejas, sin aceptar ninguna de las propuestas de los populares. La respuesta de estos fue suspender las negociaciones mientras no haya alguna concesión del Ejecutivo, que no tiene pinta de que vaya a haberlas. Y menos aún un replanteamiento del calendario de cierre de las centrales nucleares.
Al final de esta semana, «las derechas» habrán sustituido a las energéticas como los malos del cuento del Gobierno. Al tiempo.
Artículo en: https://www.eldebate.com/espana/20250504/nueva-envolvente-prepara-gobierno-malvadas-derechas-seria-regalo_293228.html
