“El juez que investigaba a Puigdemont por terrorismo tilda el procés de golpe de Estado y Turull se revuelve”, de Vicenç Pagès; “La toga en el banquillo: el ocaso de la Fiscalía y la hora de la regeneración”, de Cuca Gamarra; “El rey Juan Carlos desvela detalles de su vida, como la muerte de Franco: `Sofía me propuso quedarnos despiertos. Preferí irme a dormir´”, de EFE; y “Pedro, el buen corrupto”, de José Alejandro Vara
(“Por encima de la ley”, viñeta de Nieto en ABC el pasado día 5)
EL JUEZ QUE INVESTIGABA A PUIGDEMONT POR TERRORISMO TILDA EL PROCÉS DE GOLPE DE ESTADO Y TURULL SE REVUELVE
Artículo de Vicenç Pagès publicado en El Nacional el pasado día 6
Manuel García-Castellón fue uno de los jueces —ahora jubilado— que protagonizó la persecución judicial contra los líderes y activistas del procés independentista. El juez de la Audiencia Nacional investigó al president en el exilio, Carles Puigdemont, junto con la exsecretaria general de ERC, Marta Rovira, y otros dirigentes y activistas independentistas por un delito de terrorismo en el marco de la causa de Tsunami Democràtic. La causa quedó en agua de borrajas por un error formal que desguazó su persecución, pero, ahora jubilado, García-Castellón ha publicado un libro, “Habla, para que se conozca” (Deusto, 2025), repasando su trayectoria y en el que se declara víctima de «la mayor operación de Estado» por haber investigado a Carles Puigdemont. Aprovechando la publicación del libro, el exjuez da entrevistas por todas partes y, este martes, le ha tocado al Cafè d’Idees de la 2Cat, donde ha defendido que el procés fue un golpe de Estado.
«Desde mi máximo respeto al Constitucional, tengo mi opinión, que es modestísima, pero creo que la amnistía tiene su sentido en un cambio de régimen, y no en el intento de un golpe de Estado», ha dicho García-Castellón, quien lo ha comparado con el golpe de Estado de 1981. «Es como si entonces se hubiera amnistiado a los golpistas», ha asegurado el magistrado, quien se ha mostrado muy convencido de que lo que pasó en 2017 fue un «golpe de Estado». Ante esto, uno de los principales afectados por la persecución judicial de octubre del 17, el secretario general de Junts, Jordi Turull, se ha revuelto contra el juez. «Él sí que cambió mentalmente de régimen», ha dicho Turull a través de X, desde donde considera que aún sigue en el marco mental franquista. «Un justiciero al servicio de las esencias del franquismo a golpe de toga», ha espetado.
Polémica con García-Castellón
Turull estuvo más de tres años en prisión y salió gracias a un indulto, pese a la condena de doce años de prisión. De hecho, todavía arrastra una condena por inhabilitación y, aunque debería ser amnistiado, un año y medio después el Tribunal Supremo le niega la aplicación de la ley. García-Castellón, en el libro, justifica que la imputación por terrorismo “respondía a la gravedad de los hechos” y a la “persistencia del movimiento independentista en tratar de subvertir el orden constitucional”. “Aquel 6 de noviembre [el día que se supo que investigaba a Puigdemont], sintió la conocida soledad del juez, y el peso de su responsabilidad. Sabía que tendría una enorme repercusión y que se estaba metiendo en un problema en el que los políticos entrarían de lleno”, dice en el libro. De hecho, la imputación de Puigdemont coincidió en medio de las negociaciones por la ley de amnistía.
LA TOGA EN EL BANQUILLO: EL OCASO DE LA FISCALÍA Y LA HORA DE LA REGENERACIÓN
Artículo de Cuca Gamarra publicado en La Razón el pasado día 5
García Ortiz aún podría intentar un gesto de dignidad: dimitir. Romper el cordón umbilical con Sánchez, asumir su responsabilidad y permitir la reconstrucción.
La imagen de un Fiscal General del Estado sentado en el banquillo ante la sala segunda del Tribunal Supremo es mucho más que un hecho insólito: es el símbolo de la degradación institucional a la que lo ha conducido el sanchismo. La toga, que debía representar imparcialidad y justicia, arrastrada ahora entre los acusados, retrata el final de una etapa en la que el Fiscal General dejó de servir al Estado para convertirse en un instrumento al servicio del poder.
Álvaro García Ortiz no ha llegado a esa situación por casualidad. Fue nombrado por Pedro Sánchez precisamente para garantizar que la Fiscalía actuara como una prolongación del Gobierno, no como un poder autónomo del Estado. Desde el primer día, su misión fue clara: consolidar el control político de la justicia y blindar al presidente y a su entorno frente a cualquier riesgo judicial. Hoy, sentado ante el Supremo, se sienta también el proyecto de colonización institucional más profundo de nuestra democracia reciente.
El juicio en curso no trata de una mera irregularidad administrativa. El Fiscal General será juzgado por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano, cometida en el ejercicio de sus funciones, con el agravante de que esa actuación se habría producido con un propósito político: cumplir el objetivo de Sánchez de perseguir y desacreditar a un adversario político. En otras palabras, se juzga un abuso de poder cometido desde la más alta responsabilidad del Ministerio Fiscal. En un giro tan trágico como revelador, quien debía perseguir el delito se sienta ahora en el banquillo por presuntamente haberlo cometido.
Y sin embargo, García Ortiz no se ha marchado. No lo ha hecho porque Sánchez no se lo ha permitido. Su permanencia no obedece al sentido del deber, sino a la necesidad del presidente de mantener bajo su control la única institución que aún puede influir en los procesos judiciales que afectan a su entorno, su Gobierno y su partido. El Fiscal General se ha convertido en una pieza más de ese engranaje de poder que confunde justicia con supervivencia política.
La consecuencia es devastadora: el Ministerio Fiscal, que la Constitución concibió como garante del interés general, se ha transformado en la Fiscalía General del Gobierno. Lo que debía ser un dique contra la arbitrariedad se ha vuelto un instrumento de ella. Y con ello, la confianza ciudadana en la justicia se erosiona cada día un poco más.
Frente a esta degradación, urge una auténtica regeneración institucional, no como consigna, sino como compromiso real con la independencia del Estado de Derecho. En este sentido, las reformas planteadas por Alberto Núñez Feijóo señalan el camino: devolver a la Fiscalía su autonomía, garantizar su neutralidad y establecer causas automáticas de cese, como la imputación judicial del Fiscal General, para impedir que quien se ve envuelto en un proceso penal siga ejerciendo autoridad sobre los fiscales que deben velar desde la imparcialidad por la legalidad.
Feijóo ha defendido desde su nombramiento un modelo en el que el Ministerio Fiscal no dependa del Gobierno de turno, sino del Estado y de la Constitución. Esa es la verdadera regeneración: despolitizar la justicia, blindar sus instituciones y devolver a los ciudadanos la certeza de que ningún poder podrá manipular la ley en beneficio propio. Porque lo que hoy se juzga en el Supremo no es solo a un hombre, sino a un sistema de poder.
García Ortiz representa la claudicación moral de una institución que se dejó someter. Y Sánchez, al mantenerlo en el cargo, confirma su voluntad de seguir confundiendo la legalidad con la conveniencia. El presidente necesita que su Fiscal siga ahí, obediente, para protegerle de los casos que cercan a su Gobierno, a su partido y a su entorno familiar.
El daño, sin embargo, ya está hecho. La Fiscalía ha perdido su credibilidad ante los jueces, ante la ciudadanía y ante Europa. La justicia española se ve hoy comprometida por la sospecha de manipulación política, y la democracia se resiente cuando las instituciones dejan de ser de todos para convertirse en instrumentos de unos pocos.
Álvaro García Ortiz aún podría intentar un gesto de dignidad: dimitir. Romper el cordón umbilical que lo ata a Sánchez, asumir su responsabilidad y permitir que la Fiscalía empiece a reconstruirse. No lo hará, probablemente, porque la lógica del poder no se lo permite. Pero cada día que pasa sin hacerlo agranda la mancha sobre la institución a la que prometió servir y sobre sí mismo.
La regeneración institucional que España necesita empieza por ahí: por devolver el respeto, la ética y la independencia a las instituciones. Y empieza, también, por entender que la justicia no puede seguir siendo un campo de batalla política. El banquillo del Supremo no solo juzga a un fiscal: es el espejo donde se refleja la corrupción estructural del sanchismo.
Y cuando un país ve a su Fiscal General responder ante los jueces por perseguir a un adversario político, no basta con indignarse: hace falta reformar, regenerar y, sobre todo, recordar que la ley está siempre por encima del poder.
EL REY JUAN CARLOS DESVELA DETALLES DE SU VIDA, COMO LA MUERTE DE FRANCO: «SOFÍA ME PROPUSO QUEDARNOS DESPIERTOS. PREFERÍ IRME A DORMIR»
Artículo de EFE publicado en Heraldo de Aragón el pasado día 4
La formación de Felipe VI como futuro rey de España empezó la noche del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, afirma Juan Carlos I en su libro de memorias «Reconciliación», porque quiso que su hijo viese que la democracia «tiene que defenderse», especialmente la española porque es «frágil».
«Su formación como futuro rey comenzó ese día. Me parecía esencial que viviera esos momentos de tensión conmigo y no solo que yo se los contara años después. Necesitaba verlo con sus propios ojos, escucharme, comprender que a veces todo puede cambiar en cuestión de segundos, incluso la Corona», cuenta el rey emérito en sus memorias, a algunos de cuyos extractos ha tenido acceso EFE, a dos días de su publicación en Francia.
La noche de la asonada el monarca pidió a la reina Sofía («serena y tranquilizadora incluso en medio de la tormenta», alaba) que fuese a buscar a su hijo para enseñarle «que la monarquía constitucional nunca es algo seguro, que siempre debe defenderse».
«A los trece años me preguntó: ‘Papá, ¿qué pasa?’. Lancé una pelota al aire. La Corona está en el aire. ¡No sé hacia dónde caerá!», desvela Juan Carlos I de aquel momento histórico.
En este libro, que publicará a principios de diciembre Planeta en español, el rey emérito relata varios acontecimientos cruciales de su vida y de la historia de España, y lo dedica a su familia y a «todos los que le acompañaron en la transición democrática».
«España no es automáticamente monárquica. Es responsabilidad del rey moldear la monarquía día a día (…) Nuestra monarquía no posee la misma profundidad histórica ni continuidad, ni una base emocional ni una solidez simbólica comparables a las de la monarquía británica u otras monarquías europeas», continúa Juan Carlos I.
Reconoce que «es más reciente y frágil», pero subraya que es «igualmente valiosa» y llama la atención de que «actualmente se enfrenta a ataques frontales de ciertos partidos políticos».
«Haré todo lo posible para asegurar que mi hijo, el rey Felipe, tenga éxito al frente de nuestra institución y que su hija, la princesa Leonor, que está magníficamente preparada, le suceda en su debido momento», mantiene, y siente confianza al dejar «el destino de la Corona en sus manos».
Y también que la democracia «es algo frágil, que hay que preservar y defender. En España como en el mundo», reitera en sus memorias de 512 páginas, en las que dice que abdicó «por el bien del país» y que dejó el cargo «con la conciencia tranquila».
«No tenía motivos para avergonzarme», defiende Juan Carlos I, quien a lo largo de sus 39 años de reinado trató con seis presidentes de Gobierno.
«Mantuve una relación fluida y personal con todos, basada en la plena confianza», afirma, el rey, que considera que «cada uno tenía su propia personalidad y estilo».
El monarca recuerda también cómo vivió la muerte de Franco: «España retenía su aliento. Estoy convencido de que ni sus peores enemigos le habían deseado esa agonía».
Juan Carlos asegura que pasó la noche junto a Sofía siguiendo las últimas noticias por televisión. «Ella me propuso quedarnos despiertos hasta el anuncio fatídico. Preferí irme a dormir».
Fue el general Juan Castañón de Mena, jefe de la casa militar de Franco, quien le telefoneó de madrugada para informarle del deceso del dictador y para citarle a las 8.30 en el Pardo.
Juan Carlos revela también la existencia de una correspondencia entre Franco y su padre, que él mismo desconocía «hasta hace poco» y en la que el dictador aseguraba que no quería sustituir el papel de padre de Don Juan, pero justificaba la formación que pretendía para su hijo «religiosa, política, militar e intelectual en el interés de la nación y como garantía de futuro».
Franco «había madurado y planificado mi formación» y eso justifica que hiciera instrucción militar en los tres ejércitos, algo «excepcional» que mostraba que tenía «proyectos para mí», indica.
El rey repasa también cómo fue su regreso a España en 1948, un viaje que hizo desde Lisboa a bordo del Lusitania Expreso al que Franco adosó su vagón personal, el mismo en el que ocho años antes el dictador había viajado a Hendaya para entrevistarse con Hitler.
«Mis padres me acompañaron a la estación de Lisboa. Ya era de noche ese 8 de noviembre de 1948 y me esforzaba en que no se notara mi miedo y mi pena», rememora.
El rey recuerda su creciente nerviosismo cuando su padre le dijo a su madre: «María, di adiós a Juanito porque no se sabe cuando volveremos a verle».
«Yo ya estaba muy nervioso por irme a un país que era el mío pero que no conocía, del que hablaba mal el idioma, sin ningún miembro de mi familia, en una nueva escuela», relata.
Juan Carlos se refiere a los Juegos de Barcelona como «un periodo bendito», recuerda que en la ceremonia de inauguración, el 25 de julio, «todo estaba milagrosamente listo» y que se sintió «orgulloso» de su hijo como abanderado de la delegación española.
PEDRO, EL BUEN CORRUPTO
Artículo de José Alejandro Vara publicado en Vozpópuli el pasado día 3
Un gamberro compareció en el Senado el pasado jueves. A mí me vais a fiscalizar vosotros, vino a decir y, desprovisto de autocontroles morales, poco le importó dejar en el aire la idea “soy un corrupto, sí, ¿y qué?”. A nadie hubiera sorprendido que allí mismo, en sede parlamentaria, Sánchez abriera su bragueta y regara las cabezas de sus señorías acompañado por sus risotadas inconfundibles: ¡jojojo! No conocía ni a su hermano. Nada le constaba, salvo un supuesto sobresueldo de Núñez Feijóo por el que le preguntó sin sonrojarse un senador de Comporomís -¡jijiji!-. No recordaba ni las “saunas” de su suegro. De lo que sí dio cuenta -recomendación de abogado mediante- fue de no haber superado los mil euros en cada uno de los sobres que cobró. De los tres golfos con los que compartió Peugeot, de Delcy, de Aldama, del despacho de la tesorera, de la contratación de prostitutas por empresas públicas, nada recordaba.
Él solo ponía las cosas en contexto, señaló, -¡jejeje!-. De la traducción para la opinión pública ya se encargarían los espadachines mediáticos del sanchismo que, plató a plató, se ocupan cada día de normalizar la figura de un corrupto honrado, el buen corrupto: “¡Ganó de calle! ¡Un crack!” Su problema: cuando Pedro salió del Senado, el Tribunal Supremo aún seguía ahí. Se agotaron los conejos, muchachos.
«Hola ministro, ¿podemos hablar?»
“Que yo recuerde, no”, dice Pedro, pero todo está escrito, grabado, filmado y escrutado por policías, jueces y periodistas. Dibujan una organización empresarial, el “Sanchismo S. A.”, que, sin corrupción, como los peces comunes sin branquias, no podría respirar. El trabajo de banalización a cargo de una estructura mediática, que es parte esencial del tinglado, intenta ocultar el daño que están provocando en la economía española. Importa, ya lo creo. Tanto que, para economistas tan relevantes como el Nobel de 2024 Daron Acemoglu (Por qué fracasan los países) o el de 2025 Philippe Aghion (El poder de la destrucción creativa. ¿Qué impulsa el crecimiento económico?), la lacra de la corrupción marca la diferencia entre los países en su grado de desarrollo. La organización extractiva montada por el sanchismo va mucho más allá de lo que asoma en los casos Koldo, Begoña, etcétera, sobre todo si se siguen las pistas de las redes lobistas de ZP, Pepiño y otras yerbas.
Como se comprueba con el caso Huawei, están ejerciendo de cipayos de China, de su Partido Comunista, con repercusiones desastrosas para los intereses nacionales españoles, como refleja la caída espectacular de la inversión estadounidense en España. Y aún peor, provocan lo que Aghion llama “efecto lobbing”. A muchas empresas, para eliminar competidores, les compensa pagar a estos tipos del “hola ministro, ¿podemos hablar?”, antes que invertir en innovación para mejorar su competitividad. El “Sanchismo S. A.” interfiere en los mercados al modo chavista (Telefónica, Indra, Correos, Banco Sabadell…), con resultados bien visibles.
Performance electoral
Y sin rendir cuentas de nada, como demostró la comparecencia en el Senado. Se vio en el funeral de la dana, convertido por el Gobierno en una performance electoral para concentrar todas las responsabilidades en Carlos Mazón y eludir las propias. Eso, a pesar de que nadie ignora que las obras de desviación de cauces paralizadas por Sánchez habrían evitado el 90% de las muertes de la riada de hace un año, o del indecente “que me lo pidan”. Ahora bien, lo que es incomprensible es que Mazón siga siendo presidente de la Generalitat y que Feijóo incurra en el error no forzado de permitirlo. Lo escribí hace un año: independientemente de las responsabilidades penales, en democracia, las dimisiones de los políticos son imprescindibles para mostrar a los ciudadanos que su desamparo o su ira son tenidos en cuenta.
El líder de la oposición debe abrir un nuevo ciclo político que supere las divisiones sociales provocadas por Sánchez, algo demasiado trascendente para permitirse arrastrar mochilas como esta. Los españoles mayoritariamente no están en ensoñaciones nostálgicas, como quieren hacer creer los activistas del sanchismo, más bien están preocupados por las incógnitas de un futuro incierto, como demuestran sus prioridades testadas: inestabilidad política, vivienda, paro, inmigración descontrolada, cesta de la compra y corrupción. España real frente a España sanchista.
