No fue la expulsión del propietario del principal diario nacional por parte del Colegio de Periodistas; tampoco la proliferación de periodistas que, paralelamente, informan y actúan como voceros comerciales; y menos, el permanente desfile de desconocidos en los noticiarios de televisión por el solo hecho de ser detenidos por la policía. Lo que ha reflotado el tema de la ética periodística en este personalista y metalizado país son las quejas de políticos por la divulgación de imputaciones contra ellos en investigaciones judiciales. Ahora, la Presidenta de la República se ha querellado contra un medio difusor y no contra los autores de lo difundido.
La revista Qué Pasa publicó en su sitio web una transcripción de escuchas telefónicas grabadas por la policía al operador político del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Díaz, investigado por presunto soborno en el escandaloso caso financiero-inmobiliario de la empresa Caval. Según ese material, Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta de la República, habría dicho que al menos 1.000 millones de pesos (1,4 millón de dólares, 1,2 millón de euros) deberían ser destinados a esta última.
Los editores eliminaron el fragmento cuestionado –al igual que el diario La Tercera online, perteneciente también al consorcio periodístico Copesa-, explicando que lo sucedido no se ajustaba a sus estándares periodísticos y pidieron disculpas a sus lectores.
La Presidenta habló de “infamia”, “canallada” y “montaje”. Horas después, la oficialista “Nueva Mayoría” (ex Concertación más el Partido Comunista) le declaraba su respaldo corporativo, mientras la oposición se mantenía cautelosa y diversos entrevistados recordaban en los medios de comunicación la dignidad de las personas, la presunción de inocencia y la ética periodística.
El martes 31 de mayo, la Presidenta se querelló contra la revista, pero con un “detalle”, según explicó su abogado: el libelo era contra la edición impresa, no la digital, por haber suprimido las alusiones a otras personas (de la oposición) y haber dejado solamente la de Bachelet.
El Colegio de Periodistas, presidido por Javiera Olivares (PC), optó por recordar la regla profesional de verificación de las informaciones, pero un académico y comentarista político, Carlos Peña, apuntó a que los medios no están obligados a comprobar la veracidad de las declaraciones que publican.
La interrogante de fondo sería: ¿Está o no obligado el periodista a retener siempre una información que desea publicar mientras no compruebe personalmente su veracidad?
Si un profesional de la información ha obtenido una copia de la grabación de conversaciones telefónicas interceptadas a un imputado en el curso de una investigación judicial; si tanto la autenticidad de dicho material como la confiabilidad de quienes lo han entregado le merecen la confianza necesaria; y si el contenido compromete personalmente a la máxima autoridad del país… ¿sería preciso que acudiera a más fuentes antes de publicarlo? ¿Y adoptar ciertas precauciones previas, como juzgar la idoneidad moral –o sicológica- del interlocutor investigado?
Y si todo eso fuera necesario, pero no posible, al menos en lo inmediato, o si las nuevas fuentes consultadas –de mayor, igual o menor calidad que la original- lo desmintieran, ¿debería censurar la información, dejarla indefinidamente “pendiente” o publicar dos o más versiones de ella (restándole trascendencia)?
La querella presidencial –o ciudadana, como se pretende definirla- no es inútil en sí, pues, además de mantener en el debate público un tema ético inmerecidamente soslayado, permitiría un pronunciamiento judicial y sumaría antecedentes no esperados a la investigación del caso Caval, pero como reivindicación de la libertad de prensa y la ética periodística deja mucho que desear. Acusa al medio difusor y no al autor de lo difundido.
Periodismo humillado, público desinformado
La supuestamente valorada ética periodística ha marchado a duras penas en la individualista y mercantilizada sociedad chilena. La mayoría ciudadana que se informa por los noticiarios de la televisión abierta ha observado diariamente el desfile de individuos anónimos, detenidos respecto de la presunta comisión de un delito común y frecuentemente a rostro descubierto, cuyo enfoque resulta más beneficioso para el rating que para la información del televidente. Para aquellas personas no ha habido presunción de inocencia, la misma que exigen para sí los políticos actualmente imputados por la justicia y muchos de sus pares. Más aún, el Parlamento acaba de aprobar una ley que permite el control policial preventivo de identidad, considerado en la práctica una detención por sospecha a inocentes.
Mucho menos visible y ponderable por el público es el desempeño de cada vez más periodistas, particularmente los conductores de programas de noticias en radio, en la doble y simultánea función de informar y transmitir anuncios comerciales. Así, la desprevenida audiencia puede escuchar o ver a uno de ellos informando o criticando a una empresa involucrada en un escándalo público y, paralelamente, informando y alabando a las que financian su programa periodístico. El Código de Etica Profesional del Colegio de Periodistas, en su artículo decimonoveno, prohíbe dicha práctica, pero ésta no es legalmente punible cuando los ejecutantes no pertenecen a los registros gremiales.
Y si de medios se trata, en Chile circulan sólo dos diarios de alcance nacional, más otros dos, farandulescos, propiedad de aquéllos. El propietario y director de El Mercurio, Agustín Edwards Eastman, fue expulsado del Colegio de Periodistas de Chile en 2015 luego de un proceso gremial que investigó su actuación ética respecto del golpe de estado de 1973 y la subsiguiente dictadura.
Nada de lo anterior ha merecido comentarios siquiera de gran parte de las voces que ahora reclaman el correcto ejercicio periodístico.
Deshonra cívica
Por muy indignada que esté la Presidenta sintiendo que su honra personal ha sido mancillada, tiene que recordar que en el Chile del siglo XXI, construido por ella y sus socios políticos, la libertad de prensa está mutilada por el privilegio concedido a los intereses de la industria mediática por sobre el desempeño profesional, hecho decisivo en el protagonismo social sin contrapeso que ejercen grandes consorcios comerciales, nacionales, extranjeros y transnacionales. Y que su “proceso constituyente” emana de la base que el pueblo, parte del cual la eligió dos veces, es ignorante en materia política, necesita una preparación cívica liviana y entretenida, y, lo peor, que su opinión nada vale sin la aprobación de una autoridad.
Julio Frank Salgado
