Hay frases lapidarias que, atrapadas en el tiempo, sobreviven inalterables como testigos de toda una época y del ingenio de sus autores. Santiago Amón, el gran crítico de arte, el poeta, el autor -desconocido para muchos-, del escudo y la bandera de la Comunidad de Madrid nos dejó una frase rotunda, poco antes de su prematura muerte en un estúpido accidente de helicóptero. Dijo Amón: «en España, a estas alturas, ya no cabe ni un solo idiota más».

Quince años después, las cosas han evolucionado de tal forma que su frase se ha quedado corta. A la vista de los hechos, habría que modificarla y decir que en España ya no cabe ni un solo canalla más.

Bono ha vuelto por sus fueros. En su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para informar sobre el trágico accidente del Yakovlev-42 que segó la vida de 62 militares españoles, hizo gala de su más depurado estilo demagógico-florido para criminalizar al Estado Mayor de la Defensa, a su antecesor, Federico Trillo, y por elevación al Gobierno del PP. Cómo dramatizaría Bono su papel de justiciero que hasta Rajoy, tan moderado y partidario del buen rollito parlamentario, por una vez, fue capaz de llamarle ruin.

La cosa no es para menos. La tragedia del Yak-42 fue un fatal y desgraciado accidente, no un crimen alevoso. Según los resultados de la investigación, el accidente se debió al error humano de unos pilotos que confundieron una carretera con la pista de aterrizaje, según recogió la caja negra del aparato siniestrado. Una cosa es exigir las responsabilidades que correspondan ante la mala gestión de una tragedia, con información deficiente, escasa atención a los familiares de las víctimas y múltiples errores en la identificación de los cadáveres y otra muy distinta la canallada de sugerir que el accidente del Yak-42 se produjo por querer ahorrar 6.000 euros. Otro silogismo perverso de Bono, como fue atribuir a José María Aznar la responsabilidad de la masacre del 11-M por ordenar el envío de tropas a la posguerra de Irak.

La instrumentalización de la tragedia y del inmenso dolor de los familiares, utilizados como demagógica munición contra el Gobierno de Aznar con el pretexto de aflorar toda la verdad de lo ocurrido en Trabzon -lo mismo que hizo Rubalcaba la víspera del 14-M- quedó de manifiesto por el indecente empeño de Bono en cargar la responsabilidad sobre la cadena de mando militar cuando, en último extremo, la responsabilidad fue política, y no exclusivamente del ministerio de Defensa. ¿Quién es el responsable? se preguntó Bono en su comparecencia. Y muy en su línea populista se respondió mayestático: el Estado Mayor de la Defensa.

Esta arriesgada afirmación forma parte de la inefable verborrea de Bono, siempre en busca del aplauso fácil. Olvida que el general Gómez Arruche, a quién él nombró director general de la Guardia Civil, era entonces responsable del Mando Aéreo de Levante y encargado de los vuelos de sostenimiento a Afganistán y de tramitar las quejas del servicio de transporte de tropas. El malestar en círculos militares es patente. Sin embargo Bono ha caído en una grave contradicción al tratar de responsabilizar a la cúpula militar cuando, por otro lado, afirma en el Congreso que «España debería haber inspeccionado el avión», tratando con eso de esquivar la responsabilidad en la catástrofe de las autoridades aeronáuticas del ministerio de Fomento, representadas por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), a quien corresponde, en exclusiva, la inspección de las aeronaves y el control y la regulación de los vuelos civiles en España.

Como indicaron fuentes del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, España participa en el programa SAFA (Safety Assesment of Foreign Aircraft) -Asesoría de Seguridad a Aeronaves Extranjeras- establecido por la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC) por el que las autoridades aeronáuticas de los Estados miembros (entre los que se encuentran España y Ucrania) inspeccionan las aeronaves de otros países cuando, como es el caso, aterrizan en suelo español. Sin embargo, las aeronaves de la compañía propietaria del avión, UM Air, al parecer nunca han sido inspeccionadas por la DGAC, lo que viene a demostrar la dejación de funciones que en esta materia ha incurrido la Subdirección General de Control del Transporte Aéreo. Pese a ello, todos los jerifaltes de Aviación Civil continúan en sus puestos.

En último término, es de un enorme cinismo culpar de tacañería criminal a la cadena de mando cuando a la vez se recortan los presupuestos de Defensa hasta límites tercermundistas, las Unidades no pueden operar por falta de efectivos y medios, y los gastos en Defensa se contemplan como superfluos en una sociedad que ignora el significado de la Seguridad y Defensa Nacional.

Más allá de la razonable potestad de un ministro para destituir a un cargo de confianza -sea civil o militar-, es vergonzoso que goce de plena impunidad para someter a juicios sumarísimos a los ciudadanos de uniforme, condenarles a la reserva, truncar de raíz su futuro profesional y ocasionarles graves perjuicios personales, morales y económicos -a ellos y a sus familias-, sin ninguna garantía legal.

En este sentido, y según analizaré en el próximo artículo, la desvergonzada actuación de Bono arrestando, cesando y pasando a la Reserva al teniente general Mena Aguado es paradigmática.

(*) Actualización del artículo publicado en diferentes medios de prensa – penúltimo de una serie sobre lo que ha sido la ejecutoria de José Bono al frente del ministerio de Defensa- a modo de prólogo del análisis de su última actuación ministerial que ha culminado con el arresto y la próxima destitución y pase a la Reserva del teniente general Mena Aguado, Jefe de la Fuerza Terrestre.