Convergència i Unió (CiU) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que exige al Gobierno que excluya de las nuevas cotizaciones a la Seguridad Social a las ayudas que tienen los trabajadores de colegios privados y concertados, porque este aumento «imprevisible y desproporcionado» de los costes que soportan los centros educativos podría conducir «inevitablemente» al cierre de muchos de ellos.
En la iniciativa que será debatida en la Comisión parlamentaria de Educación, los nacionalistas catalanes hacen referencia a los cambios en las cotizaciones sociales aprobados por el Gobierno el pasado 20 de diciembre, y que conllevan que desde el pasado 1 de enero haya nuevos conceptos sujetos a cotización, como los pluses de transporte y distancia, los gastos de comida y estancia, o la mayor parte de las asignaciones asistenciales.
Este tipo de ayudas sociales son asumidas por los centros educativos privados, en cumplimiento de lo previsto en los convenios colectivos, por lo que obligar a cotizar por ellas a la Seguridad Social supondrá un «importante incremento de los costes no salariales de numerosas empresas».
Y es que los colegios privados ofrecen enseñanza reglada y actividades complementarias gratuitas para los hijos de sus trabajadores, y financian además los gastos de manutención y el transporte de sus empleados, sin que ninguno de estos conceptos formaran parte hasta ahora de la retribución ni estuvieran incluidos en la cotización.
Por eso, dicen los nacionalistas catalanes, «incluir este concepto como cotizable supondrá un nuevo y elevado coste económico para el centro, sumándose al coste de la prestación del servicio que, por convenio colectivo, no se cobra». En definitiva, será un «gasto inasumible» que «quebrará los equilibrios presupuestarios de los centros educativos» y, en muchos casos, «conducirá inevitablemente al cierre de empresas».
COLEGIOS CONCERTADOS
En el caso de los colegios concertados, la situación es similar sólo que el coste adicional recaerá sobre las arcas autonómicas, que abonan los salarios del personal docente a cambio de que el centro imparta la enseñanza obligatoria de forma gratuita. «La medida incrementará la presión sobre las administraciones que gestionan la Educación, las comunidades autónomas, en una coyuntura en la que se han visto obligadas a emplear una gran austeridad», señala CiU.
Por todo ello, piden al Ejecutivo que excluya del cómputo de las bases de cotización de la Seguridad Social todas las ayudas contempladas en el convenio colectivo del sector educativo y de colegios privados con vigencia desde el pasado 1 de enero.
