Obras de justicia, no obras de misericordia

(José María Álvarez).- Tenemos que agradecer a los investigadores y a los pensadores que nos vayan pasando los resultados de sus trabajos. El artículo de Xabier Pikaza sobre «las obras de misericordia» me ha resultado sumamente interesante.

Hemos reflexionado sobre él en la reunión del mes de Marzo del Foro Gaspar García Laviana. Es verdad que uno ya sabía que no había que confundir lo que es exigencia de la justicia con lo que es de caridad y también que, aunque se llegasen a paliar algunas necesidades desde esta instancia, ello no nos exoneraba de luchar por un mundo más justo donde los seres humanos no se viesen obligados a «vivir de la caridad», recibiendo por esos cauces lo que se les debiera dar en justicia.

Sin embargo creo que es sumamente importante el llamamiento a no confundir al personal llamando «obras de misericordia» lo que en realidad son «obras de justicia», al menos visto el asunto desde la perspectiva del evangelio. El camino que nos señala el evangelio de Mateo 25, 31-46 para entrar en el Reino no son «obras de misericordia», sino más bien «obras de justicia».

A aquellos que dan de comer al hambriento, de beber al sediento, a los que acogen a los extranjeros, visten al desnudo, visitan-cuidan a los enfermos y a los cautivos, «Dios» los llama «justos». Ello será debido a que han hecho lo que es «de justicia».

La verdad es que es muy distinto valorar tales obras como «de misericordia» a valorarlas como «de justicia». La misericordia parece que está más bien en el nivel de lo personal y que ser misericordioso, o serlo más o menos, es algo voluntario en uno. Por consiguiente, al ser una exigencia que incumbe a las personas se descarta que sea obligación de los Estados. Son obras de misericordia: es cosa de la gente, o de Cáritas, o de tal o cual ONG.

La cosa cambia si esas obras las consideramos de justicia. Si ello es así, el principal responsable de satisfacer esas necesidades fundamentales es el Estado y a él hay que exigírselo. Si no lo hiciere, subsidiariamente, todos estaríamos obligados a ello, pero sin dejar de denunciar la dejadez de quien es responsable de que todos los ciudadanos tengan qué comer, qué vestir, dónde vivir… etc.

Por otra parte, si son obras de justicia los beneficiarios tienen derecho a esos servicios que son todos de primera necesidad y si no se satisfacen no podemos decir que estamos en un Estado de Derecho, sino al contrario sería un Estado injusto porque no se satisfacen derechos importantes de mucha gente. Esta es la calificación que hay que aplicar a nuestro Estado: no estamos en un Estado de Derecho, pues en él hay gente que, por las causas que sean, no puede satisfacer sus necesidades vitales, tal como parados, extranjeros, algunos enfermos, huérfanos, incapacitados en determinadas funciones, viudas, jubilados…

Para justificarse se suele decir que «no hay dinero para todo». Y es verdad, pero hay que responderles a los que argumentan de esa manera que lo que hay que hacer es una escala de necesidades, pues no todas son iguales.

Entre las primeras a satisfacer habrán de estar precisamente las relacionadas con la vida, como son «las obras de justicia» de las que habla el texto de Mateo: la comida, el agua, la vivienda, la salud. Lo que no es de recibo es que se dé prioridad a otras mil cosas que ni de lejos son de justicia. Se subvencionan actividades relacionadas con el deporte, el arte, la diversión… El dinero público debe atender antes las necesidades vitales de los ciudadanos y otras que, aunque no lo sean, se han de priorizar a otros muchos gastos del Estado, de las Autonomías y de los Ayuntamientos.

Cualquiera puede informarse del problema del hambre en el mundo, del problema del agua. ¡Cuánta gente vive en unas condiciones de vivienda denigrantes! Mirando a la situación mundial, estos problemas se agrandan y se agravan, pero existen en todos los países, aún en los más desarrollados.

Es evidente que, en cuanto al reparto de los recursos, la economía está organizada injustamente, pues se está marginando, no ocasionalmente sino ininterrumpidamente, a un grupo muy importante de gente que no es atendida.

Quizás las instituciones encargadas de los servicios públicos hayan de tener más ingresos, pero también es verdad que el dinero que tienen lo han de gastar de manera muy distinta. En muchas partes del Estado hay ejemplos escandalosos de gastos públicos millonarios que no han servido para nada o que se hacen para atender necesidades secundarias de los que mejor viven.

Hasta ahora esta reflexión ha tenido por objeto hablar de quién es responsable de dar respuesta inmediata a las necesidades vitales, pero hay que analizar más profundamente estas situaciones y ver sus causas para poder llegar a dar soluciones radicales. Habrá que hablar del paro, de los salarios y pensiones de miseria… Habrá que mencionar la férrea dictadura del neocapitalismo ante cuya fuerza nos sentimos anonadados y la desunión de quienes por principio tendrían que combatirle. También habría que poner entre las causas de que las cosas no cambien nunca «el aburguesamiento», como decíamos antes, de quienes se han situado en los niveles medios de la sociedad.

También es una causa de que nuestra sociedad sea tal como es el hecho de que la clase dominante ha logrado poner a su servicio todas las fuerzas del Estado: las leyes, las distintas fuerzas públicas, los tribunales de justicia. Se obliga a cumplir sólo las leyes que interesa. Y no a todos. Últimamente muchos han visto lo que ya era una realidad antes: la ley no es igual para todos. Lo percibimos bien los que entramos en las cárceles. En octubre de 2014 el Presidente del Tribunal Supremo y del consejo general del Poder Judicial, Carlos Lesmes reconocía que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal estaba «pensada para el roba gallinas, no para el gran defraudador».

Después de ver y analizar el panorama de las necesidades vitales, tendremos que pensar qué hacer. Dado que las cosas no son así accidentalmente, sino que se suceden ininterrumpidamente y casi podríamos decir que necesariamente, pues parecen ineludibles para muchos, tendremos que declararnos anti- este sistema que engendra situaciones inhumanas tan generalizadas. Que a algunos nos vaya mejor no es razón para darlo como válido y apoyar esta organización social donde hay tanta desigualdad, con el agravante de que cada vez el desequilibrio es mayor.

Estos Estados, como el nuestro y otros, son habitualmente injustos. No vivimos en un Estado de Derecho. En ellos hay un grupo mayoritario de privilegiados, protegidos por las leyes existentes, pero hay otro grupo, también grande pero más pequeño, abandonado a su suerte, desprotegido.

Este desorden establecido se mantiene gracias a las fuerzas del Estado: el poder ejecutivo, legislativo y judicial (ejército, fuerzas de seguridad, leyes, tribunales, cárceles…), pero también gracias a que cerramos los ojos para no ver la realidad de los sufrientes, cerramos nuestra razón para no pensar sobre ella y no saber qué es lo de verdad está pasando. También sucede lo contrario: que lo vemos, pero hacemos poco o nada para que las cosas cambien.

A nosotros nos va bien o relativamente aceptable y no nos importan, al menos suficientemente, aquellos a los que les va mal o muy mal en la vida. No somos solidarios y por eso no podemos estar satisfechos con nuestro comportamiento. Y, por último, hay que decir, muy alto y muy claro, que son muy pocos los cristianos que entienden que el compromiso político es también una expresión de la solidaridad con los empobrecidos para cambiar de raíz su suerte.