El actual arzobispo de Barcelona Cardenal Juan José Omella es objeto de una querella criminal y deberá acudir a un juzgado de Barcelona el 12 de julio de 2019 como investigado, acusado de un delito de Falsedad Documental tipificado en el artículo 392.1 del Código Penal. Y ello por haber recibido o haber simulado recibir un documento que en cualquier caso leyó pero no entregó, ni permitió tener al acusado que ahora se querella contra él. Sorprendentemente en la reunión se le hizo saber al sacerdote encausado que recaían sobre él otras acusaciones que por discreción y respeto a las personas no podían comunicársele. Este último particular roza lo inverosímil.
El origen de la denuncia
El Art. 392.1 del Código de Derecho Penal español castiga a quien en documento público, oficial o mercantil, altere un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial, simule un documento en todo o en parte de manera que induzca a error sobre su autenticidad, suponga en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuya a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho. Se castiga con las penas conjuntas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. El actor de la querella contra el cardenal turolense Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, es el sacerdote Miguel Ángel Barco, el “cura de Épila” en la “Trama Maña”, presunto chivo expiatorio de una confabulación entre clérigos y cardenales en España y Roma animados por el Papa Francisco, que acabó con la destitución por parte del Papa del arzobispo de Zaragoza monseñor Manuel Ureña en 2014.
Tras el acto de la lectura por parte del Arzobispo de Barcelona de las acusaciones a Miguel Ángel Barco, fue este reducido al estado laical sin posibilidad de defenderse, lo que implica ser desprovisto de todas las prerrogativas de sacerdote y la prohibición de aparecer o actuar como tal ya para siempre.
En toda esta trama oscura concurre el hecho que Omella fue el actor principal de la “trama maña”. como colaborador directo del Jesuita español amigo del papa Germán Arana, rector del Seminario Pontificio de Comillas de los Jesuitas en Madrid, para recabar información contra monseñor Ureña, y M A Barco la pieza clave en torno a la cual giraron los argumentos contra el entonces arzobispo de Zaragoza.
Se acusa así al cardenal Omella de intención maliciosa de dañar a la persona de Miguel Ángel Barco, “la intentio damnanti en el caso de que [Omella] hubiese leído al querellante [Miguel Ángel Barco] un pliego de cargos distinto del llegado de Roma (o incluso inexistente) para prevenir cualquier defensa eficaz contra los cargos auténticos que pudiesen tener en la Congregación”, reza la querella en su página 4 de 5, firmada por el abogado Vladimir Lamsdorff-Galagne.
Más acusaciones con agravantes
Al recién estrenado (28 junio 2017) cardenal Omella (73) se le acusa más en concreto de ocultar las declaraciones del sucesor de Ureña en la sede de Zaragoza, monseñor Vicente Jiménez, y también de rechazar unas pruebas que refutaban la paternidad del “cura de Épila” Miguel Ángel Barco sobre una niña, pruebas reconocidas ante el Juzgado de Alcalá de Henares a petición de la madre de la niña, por el mismo Obispo de Alcalá Juan Antonio Reig, del cual dependía en todo momento M A Barco. Y de Juan Antonio Reig dependía, puesto que en Zaragoza se hallaba de Comisión de Servicio autorizada por los obispos responsables de ambas diócesis.
Miguel Ángel Barco explica a PD apoyado todo por documentos ratificados con firmas de monseñores que, si esas pruebas hubieran sido enviadas a Roma, Roma no hubiera podido redactar esa pena contra él. El cardenal que firma en el Vaticano la condena sin haber considerado las pruebas definitivas es el Prefecto de la Congregación del Clero, el cardenal Beniamino Stella, quien dirigió desde la sombra la “Trama Maña”.
La defensa de Barco concluye que “estas acusaciones han sido hechas a sabiendas de su falsedad y con temerario desprecio de la verdad. (…) existe la fundadísima sospecha que el autor de las falsas acusaciones contra el querellante es Monseñor Omella, puesto que según el canon 1718 del Código de Derecho Canónico de la iglesia católica le corresponde al obispo del lugar iniciar la investigación por delito eclesiástico (Jiménez de Zaragoza, o Reig de Alcalá como diócesis de origen), y ellos desmintieron cualquier resto de inculpación contra Barco). Ureña a su vez habría desmentido haber hecho una declaración con la que se acusa a Barco, que no quisieron en el arzobispado de Barcelona transmitir a Roma.
El cardenal Omella puede ser condenado a cárcel, e inhabilitado por un Juez Civil
Como líder de una confesión religiosa, Omella sería castigado por el apartado 2 del mismo artículo 390, que prevé estas penas para el responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas descritas respecto de actos y documentos que puedan producir efecto en el estado de las personas o en el orden civil. Al haber actuado Monseñor Omella fuera del estricto marco de su competencia, el delito pasa a ser el previsto en el artículo 392.1 con la agravante 7ª del artículo 22: “Prevalerse del carácter público que tenga el culpable”. Añade la defensa de Barco el delito de injuria continuada al pliego por mor del artículo 208, y trato degradante por mor del artículo 173. A la pena de 6 meses a tres años más multa de hasta 12 meses se le añadiría a Omella inhabilitación para su cargo de arzobispo.
La lectura por parte de Omella de las acusaciones
Miguel Ángel Barco explica que pudo grabar la ignominiosa lectura de autos, para poder defenderse como corresponde. Las palabras que salieron de la boca de Omella fueron:
«1.- El 18 de diciembre de 2015, un eclesiástico del que consta su credibilidad, declara que el sacerdote acusado le dijo: “Que desde hacía un año aproximadamente o algo más, estaba teniendo una relación afectiva con una chica de su parroquia, mayor de edad, 19 años, y que había tenido varias relaciones íntimas con ella, y fruto de una de ellas, la chica estaba embarazada”. 2.- Con fecha 30 de octubre de 2016, otro clérigo del que se ha comprobado su credibilidad declaró: “El 7 de septiembre de 2016, hablé con Don Miguel Ángel Barco López, quien me comunicó que había tenido relación con Doña X Y Z, y como consecuencia, ésta había quedado embarazada”.
En la misma declaración dice:
“esta información la conocían también el vicario general de la diócesis, Monseñor Florentino Rueda Recuero y el Reverendo Pablo Ormazábal Albístur, amigo personal de Don Miguel Ángel”. 3.- Con fecha 5 de noviembre de 2016, otro clérigo de cuya credibilidad no se duda, declara: “Monseñor Manuel Ureña me dijo: ‘No entiendo cómo acusan a Miguel Ángel Barco de ser homosexual, siendo que es padre de una niña’.” 4.- Además de estas declaraciones en este expediente constan dos hechos significativos ocurridos en el mes de octubre de 2006, poco tiempo después de que Doña X Y Z quedara embarazada: a.- El asalto de la casa del sacerdote y los maltratos que este sufrió cuando los familiares de Doña X Y Z tuvieron noticia del embarazo de esta. En estos hechos intervino la policía y los servicios sanitarios del lugar. b. – a denuncia del sacerdote ante autoridades civiles por parte de un familiar de la madre de la niña».
Monseñor Florentino Rueda había acudido en representación de la diócesis de Alcalá de Henares ante un procedimiento de Conciliación en el Juzgado de 1ª Instancia número 5 de esa población de fecha 21 de septiembre de 2016 a petición de la madre de la criatura cuya paternidad se intentaba atribuir al sacerdote Miguel Ángel Barco. El resultado de ese acto de conciliación fue la no-conciliación, pero lo más importante es lo recogido en acta bajo protección por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que la Diócesis, afirmando Florentino Rueda en nombre de la Diócesis que “la diócesis nunca ha hecho nunca se ha hecho manifestación alguna ni imputación sobre la paternidad a la que se refiere la papeleta de la demanda, por considerar que atañe única y exclusivamente a la esfera íntima y personal de la solicitante”.
Cronología de los hechos
Tras conocer las acusaciones firmadas por Mercier, secretario de la Rota Romana o alto tribunal de la Iglesia Católica el 12 de noviembre de 2016, contesta Miguel Ángel Barco con fecha 19 de diciembre de 2016 y manifiesta a Roma su sorpresa. A 12 de enero de 2017 Mercier firma una nueva carta informando a Barco que envía las acusaciones a Omella para que le puedan ser leídas y se le conceden 30 días para escucharlas y alegar. Le son leídas el 24 de febrero de 2017 por Omella, y su abogado de Zaragoza Fernando Valero se persona en la causa escribiendo el 13 de marzo de 2017 y dentro de plazo con un alegato de descargo dirigido a Mercier y solicitando la admisión de pruebas que demuestran la falsedad de las acusaciones contra él. Se solicita que pueda comparecer Barco ante el Prefecto de la Congregación del Clero, el enigmático y oscuro cardenal Beniamino Stella.
El mismo Beniamino Stella firma la pena de dimisión del estado clerical contra Barco 17 semanas después, el 24 de julio de 2017. 4 meses después, el 15 de noviembre de 2017 en una conversación entre el abogado de Barco, Vladimir, el cardenal y su vicario judicial, Santiago Bueno, Omella reconoce irregularidades; Vladimir propone que esa documentación se lleve a Roma, y sin embargo Santiago Bueno dice que no son competentes en la diócesis de Barcelona para hacerlo.
Ante esa gran incongruencia -haber recibido el encargo del Vaticano de informar a Barco y transmitirle la sentencia, y ahora decir que no son competentes-, Vladimir se ofrece a llevarlo él, y Omella pone la condición que Barco deje de decir misa para no estar en rebeldía y poner por tanto a Omella en un compromiso como intermediario.
El abogado de Barco, Vladimir, arguye que eso es fácil y que se lo pedirá a Barco; y que dos o tres días después iría a Roma a llevar las pruebas. Es entonces cuando Omella le sorprende con gestos de duda y cuidada gesticulación, me explica M A Barco, diciendo que si eso se autoriza tendrá necesariamente que ser al cabo de unos meses. Al cabo de dos días de esa reunión, el abogado Vladimir escribe una vez más a Bueno como memorándum del encuentro para nuevamente proponerle hacer llegar desde la diócesis las pruebas a Roma, a lo que Bueno repite que no son competentes.
El vicario judicial de Omella, Santiago Bueno, admitió conocer tal documentación desde la diócesis de Alcalá desmontando la acusación, arguyendo que Omella no la había considerado porque “no interesó”. Cuesta entender el móvil de este drama. Lo que sí parece cierto es que si M A Barco fuera declarado inocente, podría salir a la luz que no había motivo para obligar a renunciar a Don Manuel Ureña excepto por la inquina que le tenía su antecesor Monseñor Elías Yanes, y la ambición de Omella de ocupar la sede de Zaragoza, si no podía acceder a la de Toledo, que le correspondería a Ureña tras su servicio como Arzobispo de Zaragoza.
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J Pintor Rey (Periodista Digital)
