Escuelas Católicas (EC) ha solicitado una reunión urgente con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la fiscal general del Estado, María José Segarra, a raíz del reciente informe de la Fiscalía General del Estado sobre las diligencias en curso por delitos de abusos sexuales a menores publicado a finales de junio.
Los titulares de los centros católicos lamentan la «falta de rigor» y discrepan de algunas de sus afirmaciones, según han hecho público en un comunicado.
«Somos los primeros interesados en combatir esta lacra social que también afecta a la Iglesia, y cualquier iniciativa que nos ayude a avanzar en la protección de la infancia es bienvenida», reconocen.
Así, agradecen que la Fiscalía General del Estado reconozca el papel desempeñado por EC al destacar las actuaciones que, «en el ámbito de los centros de enseñanza católicos, se están llevando a cabo».
No obstante, discrepan de las consideraciones del Informe según las cuales «se deben evitar comprobaciones o filtros internos de verificación previos a la información del caso a las autoridades competentes».
Para Escuelas Católicas esta visión es sorprendente, pues es «contraria, no solo a la más elemental prudencia, sino también a las indicaciones de la mayoría de los protocolos de las Consejerías de Educación, e incluso de otros sectores como el deportivo, que recomiendan una primera evaluación de la situación que permita determinar si existen sospechas o indicios razonables de hechos delictivos susceptibles de ser informados o denunciados a las autoridades».
Asimismo, los titulares de los centros católicos indican que «prescindir de una mínima comprobación inicial sería judicializar hasta el extremo la vida de los centros, saturar la Justicia, exponer a los menores innecesariamente y arrasar el derecho a la presunción de inocencia. Todo ello no debe ser visto como un intento de ocultación, sino como un ejercicio responsable de las funciones de los profesionales, que ante un mínimo indicio razonable, tal y como recomendamos en nuestros protocolos, informarán o denunciarán ante los órganos competentes».
Según explican, «la primera valoración es la que puede llegar a permitir una actuación rápida que, de esperar a los plazos administrativos, podría retrasar medidas urgentes imprescindibles».
Por eso, añaden, «aprovechamos también para solicitar al Ministerio que promueva medidas que agilicen la atención a estos casos que eviten situaciones tan graves como no poder apartar a un sospechoso de los menores mientras una investigación se prolonga en el tiempo de manera preocupante».
Escuelas Católicas critica la falta de rigor del documento de la Fiscalía General del Estado, en el que «se exponen las cifras de escritos de acusación, sentencias y diligencias de investigación incoadas entre 2017 y 2019 que corresponden al conjunto de la sociedad española. Estos datos ponen de relieve la importante dimensión de este grave problema social, pero como el propio Informe señala: ‘No proporcionan detalle sobre aspectos fácticos de la conducta supuestamente delictiva como los relativos a la condición del autor o al entorno o naturaleza de la institución en cuyo seno se produce el abuso o la agresión sobre el menor'».
Pese a todo, «el compromiso del Ministerio Fiscal en una eficaz respuesta frente a estos delitos se circunscribe únicamente al ámbito de Iglesia católica, apoyándose de forma exclusiva, y ciertamente inexacta, en que ‘los medios de comunicación se han hecho eco de numerosos casos de agresiones o abusos sexuales cometidos en el entorno de instituciones religiosas católicas’, pareciendo así, no sabemos si intencionada o casualmente, que los datos globales se adjudican solo a esta, y dejando sin atender los ámbitos en los que la lacra del abuso sexual se da con mayor frecuencia: las propias familias o el entorno deportivo o la escuela en general».
De hecho, según la OMS, casi el 80% de los abusos a menores se dan en la familia. Esta cifra es del 73% en España, según la Fundación ANAR.
Por otra parte, la Fiscalía no especifica si las sentencias emitidas han sido condenatorias o absolutorias, «lo que convierte el dato proporcionado en algo irrelevante para la valoración de la situación sobre los abusos en España», sostienen.
En el mismo sentido, Escuelas Católicas rechaza «la presunción que hace el referido Informe cuando, sin la más mínima justificación, considera a los centros de enseñanza e instituciones religiosas católicas como ‘entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad’, toda vez que se está haciendo un ejercicio real de transparencia y de responsabilidad».
Y es que «Escuelas Católicas está poniendo desde hace tiempo todos los medios a su alcance en la prevención y actuación contra estos delitos», insisten.
A este respecto, en 2014, Escuelas Católicas propuso al entonces ministro de Justicia la obligatoriedad de presentar un certificado negativo de delitos sexuales como requisito para la contratación de personal en centros educativos y entornos con menores, que fue aprobado un año después.
En 2016, Escuelas Católicas elaboró y remitió a todos sus asociados un modelo de Manual de Conducta o Código Ético.
En 2019, elaboró su Decálogo de actuación. Además, actualmente está trabajando en un Protocolo laboral ante situaciones de abusos y en una Guía para ayudar a los centros a prevenir y atajar cualquier caso de abuso sexual.
Por todo ello, Escuelas Católicas «reitera su compromiso de tolerancia cero con los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y de la sociedad en general y manifiesta su compromiso de colaboración en la erradicación de esta lacra,comenzando por garantizar la seguridad en su seno».
De hecho, «Escuelas Católicas, como parte de la Iglesia española, ve en esta situación una oportunidad de convertirse en pionera en las garantías de seguridad para los menores y los colectivos en situaciones de vulnerabilidad y está trabajando en ello cada día para lograrlo».
