El PSOE creía que esto era como dar un paseo por el parque. El Supremo avanza en sus deliberaciones sobre el acuerdo ministerial en el que el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez ponía fecha a la exhumación de Franco. Fuentes jurídicas apuntan a okdiario que el Alto Tribunal se inclinaría por legalizar el Decreto -posteriormente ratificado en sede parlamentaria- pero, al mismo tiempo, descarta que su decisión sirva para que el Gobierno pueda prescindir de la preceptiva autorización de la Iglesia, sobre el traslado de los restos del dictador, según recoge la autora original de este artículo María Jamardo en okdiario y comparte Ivan Rastik para Periodista Digital.
El recurso de casación presentado por la familia Franco -y al que posteriormente se sumaban los interpuestos por la Fundación, la Abadía benedictina y la Asociación para la defensa del Valle de los Caídos- planteaba una duda competencial al Supremo: la validación del acuerdo de exhumación teniendo en cuenta que quedaría, aún así, supeditado a los Tratados Internacionales suscritos entre la Santa Sede y el Estado español.
Según la jerarquía normativa en España, aún cuando la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez fuese confirmada por los magistrados, ésta no podría anteponerse a la inviolabilidad de los espacios de culto, recogida en los acuerdos suscritos entre el Vaticano y España.
Consentimiento de la familia
Hace ahora un año, la Iglesia ya estableció un protocolo claro: no facilitará el traslado de los restos del dictador desde su actual ubicación en el Valle de los Caídos, sin el consentimiento de la familia. Una postura equidistante en la que no se pronunciaba ni a favor de los deseos del Gobierno, ni del lado de los Franco.
En conclusión, aún obteniendo la convalidación judicial del Supremo para poder ejecutar su acuerdo gubernativo, Sánchez podría verse bloqueado, nuevamente, en el trámite posterior.
La posición de la Iglesia de Roma ha hecho descansar sobre los Franco y el prior benedictino del Valle de los Caídos la última palabra en esta materia. Por parte de la familia, el primer paso fue firmar una escritura en la que los siete nietos del dictador formalizaron notarialmente su rechazo a la exhumación de los restos de su abuelo del Valle de los Caídos.
El prior Cantera
El propio Gobierno socialista admitió -en el acuerdo que ordenaba la exhumación de los restos- que necesitará la autorización de la comunidad benedictina que custodia la Basílica de Cuelgamuros, para acceder a la tumba del dictador.
A este respecto, el prior Santiago Cantera -superior de la orden benedictina del Valle de los Caídos- siempre ha mantenido su oposición a las pretensiones del Gobierno. Pero también ha precisado que su comunidad religiosa acataría la decisión de la autoridad civil sobre la exhumación de los restos de Franco, que «en este caso», indicaba, corresponde a los tribunales.
Si, finalmente, el Supremo autoriza la salida del dictador de su actual ubicación, pero en su fallo no suple la necesidad de que el Gobierno obtenga la preceptiva conformidad de las autoridades eclesiásticas competentes para autorizarla, Sánchez tendrá un nuevo escollo que salvar.
A ello habrá de sumarse el hecho de que, aprobada la exhumación, el Supremo podría admitir, en la misma sentencia, que el lugar de reinhumación quede reservado a la discrecionalidad de la familia. Y los Franco han mantenido, desde un primer momento, que el lugar predilecto para enterrar al dictador -subsidiariamente al Valle de los Caídos- es La Almudena. Un aspecto en el que la Iglesia no aprecia inconveniente desde el punto de vista del derecho canónico.
