Grave crisis. El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, ha señalado a la Iglesia católica, a líderes de opinión y a algunas ONG de impulsar las acusaciones de fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre de 2019 en las que el presidente Evo Morales logró la reelección directa en primera vuelta.
«El fraude es una coartada que fue instalada hace bastante tiempo en los medios de comunicación, en las redes sociales, a través de los opinadores contratados, organizaciones no gubernamentales con financiamiento extranjero, la Iglesia católica alineada con la derecha», ha afirmado Quintana en una entrevista.
En respuesta, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) ha rechazado estas acusaciones. «La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana desmiente categóricamente las falsas afirmaciones del ministro de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Ramón Quintana, de que la Iglesia católica sería responsable de promover las acusaciones de fraude en las elecciones generales de Bolivia», ha dicho la CEB en un comunicado.
«Las afirmaciones del ministro son totalmente falsas y carecen de todo fundamento real. Son acusaciones lanzadas contra la Iglesia u otras instituciones de Bolivia, en forma gratuita con el único fin de menoscabar su credibilidad», ha añadido.
En ese sentido, los obispos han asegurado que la Iglesia católica en Bolivia «no ha realizado ni inspirado acción o reflexión alguna que tuviese como fin promover o financiar acusaciones de un fraude electoral en el país», en cambio han reivindicado su «rol pacificador y de servicio a la concordia y la democracia en el país».
Por todo ello, la CEB ha exigido al ministro que presente pruebas de sus afirmaciones o retractarse de las mismas, «ya que con ellas está ofendiendo los sentimientos del pueblo católico de Bolivia».
Evo Morales fue declarado ganador de los comicios por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con un 47,08 por ciento de los votos, mientras que su principal rival, Carlos Mesa, quedó en segundo lugar con un 36,51 por ciento de los sufragios.
La legislación electoral boliviana establece la victoria directa en primera vuelta del candidato que logre más del 40 por ciento de votos y diez puntos de ventaja frente a su rival, lo que daría la victoria directa a Morales sin necesidad de la segunda vuelta que exigen la oposición y organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Las alarmas saltaron durante la noche electoral cuando el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) se interrumpió durante más de 23 horas. Al reanudarse, se produjo un cambio a favor del oficialismo que muchos tildan de «inexplicable».
Las protestas a favor y en contra de los resultados de la elección del 20 de octubre en Bolivia han escalado y en todo el país se produjeron choques y amenazas entre seguidores del Gobierno –que bloquean los caminos en el área rural e intentan desbloquear las calles en las áreas urbanas– y opositores que, atrincherados en las ciudades, se esfuerzan para detener las actividades cotidianas de la población. El excandidato Carlos Mesa y el vicepresidente, Álvaro García Linera, se culparon mutuamente de agudizar el conflicto y de causar violencia.
