El país y el mundo ahora están más claros: la democracia ha sido violada con un golpe mortal contra la soberanía del pueblo cuyos votos han sido quemados en la hoguera de los usurpadores
(Jesús Bastante).- Los jesuitas venezolanos han dicho basta. Ante la escalada de violencia en Venezuela, que anoche se cobró otras seis víctimas, y la situación de hambre y necesidad que vive el país, la Compañía de Jesús, a través de sus diversos órganos, ha denunciado que «vivimos en un Estado secuestrado y violado por un Gobierno territorial», al tiempo que hablan de «represión indiscriminada y sistemática contra la población civil», por parte del Ejecutivo de Maduro.
«Como cristianos, nos corresponde acompañar este largo Viernes Santo que ha vivido nuestro pueblo», denuncian los jesuitas, que se suman al «mensaje claro y valiente» de los obispos del país.
El primero en reaccionar ha sido Luis Ugalde, sj., Director del Centro para Estudios Religiosos de la Compañía de Jesús (CERPE), que califica la situación en Venezuela de «moralmente inaceptable».
Para Ugalde, «se ha puesto en evidencia que vivimos en un Estado con Constitución democrática pero secuestrado y violado por un Gobierno dictatorial», refiriéndose a la decisión del TSJ (posteriormente echada para atrás) de de anular los poderes de la Asamblea Nacional.
«El país y el mundo ahora están más claros: la democracia ha sido violada con un golpe mortal contra la soberanía del pueblo cuyos votos han sido quemados en la hoguera de los usurpadores», subraya Ugalde, quien incide en que «este grave delito tiene delincuentes que deben ser sancionados», y que «no hacerlo es complicidad con el golpe».
«No estamos ante una disputa de poderes y una diferencia interpretativa de juristas, sino ante un golpe que despoja al pueblo de su soberanía«, añade el jesuita, quien se posiciona junto a los obispos del país, que consideran que «esta distorsión es moralmente inaceptable». Ugalde va más allá y afirma que «es un deber de conciencia rechazar el golpe y la Constitución llama al pueblo de Venezuela a desconocer cualquier decisión que la viole».
Por su parte, la revista SIC y el Centro Gumilla, órgano de la Compañía de Jesús en Venezuela, publicaron un editorial, titulado «Es una dictadura», en el que califican los últimos movimientos del Ejecutivo de Nicolás Maduro como «claro golpe de Estado y un claro desenmascaramiento definitivo del gobierno como una dictadura»
Para la revista, «las situaciones de hambre, represión, falta de atención e insumos médicos básicos, que hemos definido como crisis humanitaria en un país en el cual tales circunstancias resultan inexplicables en el fondo pueden ser leídas como una política expresa de sometimiento de la población, cuyo objeto fue y es evitar el levantamiento popular frente a un auto golpe».
Al tiempo, denuncian «las continuas detenciones de diversos políticos venezolanos«, así como «el desprecio con el que se ha tratado a la comunidad internacional, comenzando con el mismo Vaticano». Para la revista, «nos enfrentamos a una dictadura como ciudadanos y como cristianos. Tenemos presente lo dispuesto en los artículos 333 y 350 de la Constitución que nos exigen hacer todo lo que de nosotros dependa para la restitución de las libertades. Se trata del accionar como ciudadanos a través de la protesta pacífica, sin armas, sin violencia y en resistencia al abuso del poder. Se trata de usar la palabra y la razón a pesar de que la misma en tiempos de turbulencia le cuesta encontrar su camino. Se trata de no caer en el chantaje de la fuerza y alegar nuestros derechos y el derecho de una solución democrática y electoral».
«Como cristianos -añade- nos corresponde acompañar este ya largo viernes santo que ha vivido nuestro pueblo. El hambre sigue presente, la falta de medicinas, las operaciones violentas de la OLP, los malos servicios públicos o su desaparición, la inseguridad, que se suman y agravan otros males que tienen larga data», al tiempo que critica el último paso dado por el TSJ (que provocó los últimos incidentes), que es «una nueva estación en este viacrucis del pueblo venezolano, un despojo más, una nueva espina, otro golpe en este camino tortuoso en el cual llevamos varios años».
«Queremos caminar hacia la verdadera libertad que supone reconocernos todos como miembros de una comunidad política que respeta los derechos de todos, que permite verdaderos caminos de desarrollo, que propicia una auténtica solidaridad», concluye el editorial, que reclama «respeto al Estado de Derecho, separación de poderes, legitimidad del parlamento como instancia de control y decisión democrática».
Finalmente, las autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello ofrecieron una rueda de prensa para fijar posición sobre la actuación de los organismos de seguridad del Estado frente a las protestas registradas en el país en la última semana en contra de las sentencias del Tribunal Supremo que inhabilitaron a la Asamblea Nacional y a favor de la restitución del orden constitucional.
El encuentro estuvo encabezado por el rector, Francisco José Virtuoso, el Cardenal Jorge Urosa Savino -arzobispo de Caracas y Canciller de la UCAB- y el Padre Rafael Garrido -Provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela y Vicecanciller de esta casa de estudios- quienes leyeron un comunicado en el que denunciaron el despliegue de una «represión indiscriminada y sistemática contra la población civil» y el «uso irresponsable e ilegal de la fuerza» por parte del Ejecutivo Nacional.
En el documento, las autoridades aseguraron que la Universdad Católica «no debe ni puede permanecer callada frente a la violación de derechos humanos y la impunidad».
Calificaron como «aberrantes» acciones represivas como el uso de armas de fuego, el disparo de bombas lacrimógenas hacia centros hospitalarios y centros comerciales y el lanzamiento de estos artefactos desde helicópteros del Estado.
Los representantes de la UCAB exigieron al gobierno nacional el cese de la criminalización de las manifestaciones pacíficas y las detenciones arbitrarias, advirtieron que no «se pueden sacrificar los derechos humanos con el pretexto de restaurar el orden público» y pidieron investigar «de manera independiente y exhaustiva» los excesos cometidos en el control del orden público, porque «configuran graves infracciones del derecho internacional y pueden constituir crímenes de lesa humanidad».
Igualmente recordaron que la protesta es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y llamaron a quienes deseen ejercerla a hacerlo «en el marco del respeto a las leyes y a los ciudadanos, evitando todo tipo de violencia que tergiversa los más nobles propósitos».
A continuación el texto completo del comunicado, que también está disponible para descarga aquí
