Lo peor sería causar un estado de miedo y pánico. No es alternativa atrincherarse y montar exageradas medidas de seguridad contra un enemigo que permanece invisible
(Guillermo Gazanini).- La explosión en el edificio Juan Pablo II, sede de la secretaría de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), a pocos metros de la Basílica de Guadalupe, ha suscitado toda clase de especulaciones sobre la existencia de una eventual persecución contra la Iglesia en México y si se trata de una escalada de la violencia con especial dedicatoria.
Después de hacer público el video del atentado difundido inicialmente a través de la cuenta tuiter del obispo de Cuernavaca, Mons. Ramón Castro, el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el obispo auxiliar de Monterrey, Mons. Alfonso Miranda Guardiola, en conferencia de prensa, dedicó algunos minutos a explicar las circunstancias de la detonación durante la madrugada del martes y cómo se descartaba la posibilidad de un golpe directo a la Iglesia mexicana; por lo demás, aunque no se conoce reivindicación alguna de la detonación del artefacto hecho al parecer por un sujeto solitario, el secretario de la CEM decantó por la cada vez más precaria seguridad de la Ciudad de México y el país aseverándolo con los últimos datos que recopila el informe del Centro Católico Multimedial sobre sacerdotes asesinados en el sexenio, 18 casos.
A pesar de las dimensiones del hecho, se descarta una persecución religiosa; sin embargo, las cosas parecen ser más graves puesto que la fractura en la seguridad demuestra el inestable estado de cosas que perjudica a todos y llega hasta las instituciones más honorables bajo asedio del crimen. Dos cosas podrían inferirse de este atentado según la experiencia de otros donde se han usado similares artefactos.
Generalmente, y esto es en la mayoría de los casos, grupos radicales intentan demostrar su descontento hacia las instituciones del sistema político por acciones anónimas contra oficinas bancarias y dependencias públicas para crear la atmósfera de inestabilidad desafiando al orden establecido. Los ataques son perpetrados con explosivos rudimentarios que dejan al amparo de la noche y sin mensaje político alguno.
En 2014, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México había detectado a cinco grupos radicales tras la detonación de bombas en Ciudad Universitaria. Esos mismos habían incitado a la violencia a través del reparto de panfletos y la adjudicación de causas sociales sin solución de las autoridades como sería el caso de víctimas del delito y desaparecidos.
El uso de artefactos explosivos de fácil obtención y confección es una manifestación oculta contra el poder establecido y la Iglesia, según sus proclamas, es parte de esta estructura. Las células más violentas, las de insurrección, permanecen en la clandestinidad manteniendo «operaciones de sabotaje» con dispositivos de baja potencia de fuego, sin embargo son advertencia de su presencia siendo invisibles a la policía.
La segunda hipótesis podría derivar en la acción de un desquiciado que actúa solo; una opción quizá ilusa, pero existe esa posibilidad de un perturbador de la paz con un claro objetivo de llamar la atención con un ideario fanático. Las dimensiones de la explosión permiten entrever que el criminal preparó un explosivo bastante potente como para volar una puerta sólida de un edificio que no es centro del culto religioso, pero que representa una institución como parte del poder.
Podría inferirse que el solitario dinamitero tenga un respeto por la fe del pueblo sin perjudicar un lugar público que pudiera arrojar víctimas fatales. Sus intenciones en sí mismas serían las de intimidar a sus adversarios sin dañar a la población civil en virtud de las hora por la madrugada y de lo solitario del lugar.
No obstante lo anterior, en México se ha registrado condenables incidentes donde potentes explosivos han segado la vida de inocentes y esto más bien se atribuye a la acción de los cárteles de la delincuencia organizada. Tristemente recordado es la explosión en la capital del Estado de Michoacán con granadas de fragmentación durante las fiestas patrias de 2008. Ahí, sicarios del crimen portaban esas armas detonándolas en el momento de mayor efervescencia popular, a un costado de Catedral del Arzobispado de Morelia, con un saldo de 132 heridos y cuatro muertos lo que fue un atentado terrorista sin precedentes en la historia de México.
En la historia de la Iglesia católica se recuerda el célebre bombazo contra la imagen sagrada de Santa María de Guadalupe el 14 de noviembre de 1921. Un individuo, dejando unas flores a los pies de la imagen, perpetró el acto con un dispositivo de dinamita que voló el entorno cercano al ayate sin que la pieza sagrada tuviera el mínimo daño a consecuencia de la detonación que dobló una cruz de latón que ahora se exhibe como testigo del hecho.
Era la época de la persecución religiosa y, de acuerdo con las indagatorias, el mismo presidente Álvaro Obregón y los líderes de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) cuyas facciones comunistas habrían de perpetrar la ejecución del sacrílego acto contra la imagen más venerada y querida del pueblo mexicano en un acto oficial de terrorismo contra la Iglesia y en franca intimidación al pueblo católico.
La detonación contra la sede de la CEM no debe tomarse a la ligera. La cuestión es la seria vulneración de la seguridad pública donde cualquier persona podría ser lesionada y perder la vida a causa de la inestabilidad social y de seguridad que ahora padecemos. Durante la conferencia de prensa de esta tarde, Mons. Miranda Guardiola advirtió de este preocupante estado de cosas que amenaza a los sacerdotes y laicos de a pie, no por odio a la fe sino consecuencia del tejido social desgarrado mientras millones y millones de pesos se invierten en programas que no dan mayores resultados en cuanto a la seguridad pública. El Estado mexicano, a pesar de sus buenas intenciones, continúa fallando en ofrecer lo que tiene por obligación otorgar: seguridad.
Lo peor sería causar un estado de miedo y pánico. No es alternativa atrincherarse y montar exageradas medidas de seguridad contra un enemigo que permanece invisible. El comunicado de los obispos de México, firmado por el secretario general de la CEM, abona a lo anterior para llamar a la serenidad y prudencia, pero también advierte que, independientemente de las causas del atentado, reflexionemos sobre esta urgencia nacional como lo es la descomposición del tejido social. Los obispos han reiterado esta invitación para «una conversión social (y) mirarnos como hermanos… que cada ciudadano sea constructor de la paz en nuestro país y poder tener la garantía de una vida digna». Por lo pronto, la evidencia no necesita demostrar que México, cada día, se debate en conservar su paz, estabilidad y permanencia frente a los constantes actos que denigran la vida de miles de mexicanos y la Iglesia ya no está exenta.
Después de la Conferencia de prensa, la Secretaria de Gobernación publicó un escueto boletín donde afirmó la «condena los hechos ocurridos esta madrugada en las instalaciones de la Conferencia del Episcopado Mexicano y que ocasionaron solo daños materiales».
Y reiteró su «solidaridad y apoyo a las autoridades eclesiásticas, y refrenda su compromiso para coadyuvar en las investigaciones que las autoridades correspondientes realicen para esclarecer los hechos y, en su caso, capturar a los responsables». Una reacción de protocolo como son los intentos de seguridad para este país.
