Los retos no son menores. En la sensibilidad de los obispos está el propósito de que la Iglesia católica sea considerada como protagonista en los cambios del país y no como obstáculo
(Guillermo Gazanini, corresponsal en México).- A partir del domingo 11 de noviembre, con la reunión del Consejo de la Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), inicia el cónclave de obispos nacionales hasta el 16 de noviembre. Ha sido publicada la agenda en el sitio de la CEM.
Destaca la renovación de los organismos, particularmente la presidencia en manos del cardenal arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, quien ha llevado las riendas de la Conferencia por seis años. Estatutariamente cumplió dos períodos, el segundo habiéndose dado por reelección.
Actualmente, el Consejo de la Presidencia 2016-2018 se conforma además por el vicepresidente, el obispo de Zamora, Mons. Javier Navarro Rodríguez; el secretario, el auxiliar de Monterrey, Alfonso G. Miranda Guardiola; tesorero, el obispo de Cuernavaca, Mons. Ramón Castro Castro y dos vocales, el arzobispo de Morelia, Mons. Carlos Garfias Merlos y el obispo de Zacatecas, Sigifrido Noriega Barceló.
Hace seis años, Robles Ortega llegó a la presidencia de la CEM sucediendo al arzobispo de Tlalnepantla, Carlos Aguiar Retes. En ese momento, la elección a la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto suscitó el deseo de una tersa relación entre el episcopado y el nuevo gobierno mexicano de mutuo respeto y colaboración al darse la alternancia que devolvió al PRI a Los Pinos; seis años después, la renovación de la presidencia del Episcopado Mexicano está frente a un nuevo gobierno con muchos desafíos que tocarán particularmente los temas que interesan a la Iglesia católica incidiendo específicamente sobre la dignidad y respeto a la persona.
Los retos no son menores. En la sensibilidad de los obispos está el propósito de que la Iglesia católica sea considerada como protagonista en los cambios del país y no como obstáculo. En el último trienio, y gracias al papel del auxiliar de Monterrey y secretario de la CEM, Alfonso G. Miranda Guardiola, el episcopado quiso dar bríos distintos sobre las relaciones que deberían ser hasta cierto punto normales entre las autoridades civiles y la cúpula eclesiástica en una democracia que se precie de serlo. Miranda Guardiola amarró la firma de convenios con la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y otras secretarías de la Administración Pública Federal convencido de que Iglesia y Estado deben apurar una dinámica como el de las relaciones de colaboración y entendimiento bajo las premisas de la laicidad positiva. El mensaje es claro para la siguiente administración lopezobradorista.
No obstante, los seis años de Robles Ortega no son dulces y armónicos como se pretendía con el gobierno peñista que ahora termina. No fueron pocas las veces que la CEM cuestionó la grave situación de millones de católicos mexicanos ante la inseguridad, pobreza y el supuesto beneficio de las reformas estructurales. Peña Nieto, ante los fuertes cuestionamientos del episcopado, justificó las mismas tratando de convencer a los prelados en una comida privada en la residencia oficial en marzo de 2015; sin embargo, la aplicación de las reformas no fue nada fácil cuando a principios de 2017, protestas sociales pusieron en riesgo la paz e hicieron tambalear al gobierno por el impopular gasolinazo. Los obispos de México urgían a al presidente de México a reconsiderar esta decisión. Una reunión que este último sostuvo en enero de ese año con los cardenales encabezados por Robles Ortega, los obispos del Consejo de la Presidencia de la CEM y el nuncio apostólico en México, Franco Coppola pretendió justificar la decisión del Ejecutivo, pero la exigencia no era menor, los prelados insistieron en revertir el gasolinazo.
Quizá el tema más delicado fue el de la seguridad y las denuncias de los obispos sobre la corrupción y el dispendio de los gobiernos estatales. Robles Ortega contuvo a dos secretarios de Gobernación, el actual senador Miguel Ángel Osorio Chong y al saliente Alfonso Navarrete Prida. En la asamblea de la CEM de abril pasado, la tensión llegaría a niveles de incertidumbre por saber cuál sería la amonestación que el episcopado daría a Mons. Salvador Rangel Mendoza, obispo de Chilpancingo-Chilapa, cuando admitió haberse reunido con miembros del crimen organizado a fin de negociar la paz en territorios asolados por la violencia en el Estado de Guerrero. Navarrete Prida dijo que revisaría el caso del obispo. No obtuvo la cabeza del prelado rebelde y después del encuentro con el presidente de la CEM, la cosa quedó en un extrañamiento y en el “aquí no hay delito que perseguir”.
Situación similar se dio con el obispo de Cuernavaca, Mons. Ramón Castro Castro, por el presunto activismo político ante la corrupción del gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido. En marzo de 2017, Castro recibió la dura advertencia de la Secretaría de Gobernación que provino a través de Humberto Roque Villanueva, puesto por Osorio Chong en la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Según Roque, esa intervención política estaría en los límites de lo dispuesto por el anquilosado artículo 130 constitucional. El subsecretario instigó una investigación contra el obispo de Cuernavaca. Al final, y gracias al apoyo del episcopado ahí quedó, en el amago.
Los retos de la próxima presidencia de la CEM no son menores y requieren audacia para poner a la Iglesia como protagonista en este momento de la pretendida cuarta transformación lopezobradorista. Debe ir a la vanguardia más que reaccionar. Por lo pronto, Robles Ortega ha dado buenas señales cuando, en septiembre pasado, Andrés Manuel López Obrador tuvo un encuentro con los obispos en Monterrey para platicar sobre los planes de reconciliación y pacificación del sexenio 2018-2024.
En la agenda de la 106 Asamblea, los ejes a tratar irán imprimiendo el dinamismo del próximo Consejo de la Presidencia. Robles Ortega pasa la estafeta con notables logros, pero sin dejar que se requiere contundencia ante la delicada situación del país. Entre los retos del próximo presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano están, además, introducir en la agenda del nuevo gobierno un análisis sobre la relación del Estado y las iglesias para poner al día la legislación en materia de libertad religiosa debiéndose adecuar al marco constitucional de derechos humanos. También está el espinoso tema de la seguridad, la pacificación y reconciliación donde la Iglesia lleva un importante camino recorrido y valiosa experiencia; sin embargo, apuntan también los casos de 26 sacerdotes muertos violentamente en los seis años de administración de Peña Nieto.
Dos nombres se asoman. En esos podría haber un consenso si es que no hay otra sorpresa. Entre el arzobispo de Monterrey, Mons. Rogelio Cabrera López (1951) -uno de los principales impulsores y conciliadores del texto final del Proyecto Global de Pastoral PGP 2031-2033 y el de Morelia, Mons. Carlos Garfias Merlos (1951) –el hombre de confianza del cardenal Robles Ortega en la pacificación y reconciliación del país ante López Obrador- están los nuevos liderazgos que llevarán a la CEM hacia el replanteamiento de sus métodos para ser Iglesia Pueblo que vence “actitudes de individualismo, celos pastorales, pretensiones principescas, arrogancia, soberbia y comportamientos que contradicen una vida de comunión y participación (PGP 2031-2033, No. 178) para ser el lugar donde los cristianos construyen “las bases de una sociedad donde se reconozca, se valore y se construya integralmente la dignidad de la persona”. (PGP 2013-2033, No. 173).
Para saber:
En la 94 Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano de noviembre de 2012, los arzobispos de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega, (1949); de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, (1950); de Monterrey, Rogelio Cabrera López, y de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, (1941) sonaban como candidatos a suceder al anterior presidente de la CEM, Carlos Aguiar Retes (2011 – 2015).
