Las acciones realizadas intencionalmente para causar la muerte del enfermo y así evitarle sufrimientos -por acción positiva o por acción de omisión- aunque se sumen a la causa de la enfermedad presente han de calificarse de eutanasia
Los obispos aragoneses han hecho pública hoy una carta pastoral en la que advierten de que le ley autonómica que regula la muerte digna, aprobada el pasado mes de marzo por las Cortes de Aragón, podría abrir la puerta a «la eutanasia encubierta«.
La pastoral, titulada «Sólo Dios es el señor de la vida» y hecha pública hoy, plantea las dudas del arzobispo de Zaragoza y los obispos de Barbastro-Monzón, Teruel y Albarracín, Huesca y Jaca y Tarazona sobre la finalidad y necesidad de la Ley de Derechos y Garantías de la Legitimidad de las Personas en el Proceso de Morir y de la Muerte, como se llama oficialmente.
A su juicio, la norma, que fue aprobada el pasado mes de marzo por todos los partidos representantes en las Cortes aragonesas salvo el PP, es positiva porque mejora la atención de los pacientes en la fase terminal de su enfermedad y a sus familias, con una mejor dotación en medicina paliativa, hospitalaria y domiciliaria.
Pero «cabría temer», señalan en la carta pastoral, que la ley «pudiera proteger acciones de eutanasia encubierta por abandono terapéutico o sedación final inadecuada» u obligar a los médicos y personal sanitario a realizar o colaborar en acciones contrarias a los principios éticos fundamentales.
«Por lo menos, da la sensación de poder abrir la puerta a ello», indican los obispos, quienes consideran que «la vida humana es un bien inviolable e indisponible«, por lo que la acción de «quitar la vida intencionalmente a alguien es, pues, siempre inmoral» y «no caben excepciones».
Defiende la libertad de los médicos y pacientes para tomar decisiones «sobre la base del conocimiento de los datos», pero sostiene que considerar al enfermo «sólo desde el punto de vista técnico impediría descubrir la respuesta a las preguntas más importantes para él».
En la larga pastoral, de más de treinta páginas, explican que ningún ser humano «tiene nunca vida sólo biológica» y utilizar la expresión «calidad de vida, aplicada a la vida humana, puede en muchos casos generar confusión desde el punto de vista ético».
Es necesario, sostienen, «evitar decididamente la llamada conspiración de silencio, el ocultar al enfermo la verdad de lo que le sucede por parte de cuantos le rodean y atienden» y defienden que la información médica ha de ser «una comunicación personal continuada».
Asimismo indican que es preocupante considerar al profesional de la sanidad pública como «un mero dispensador instrumental» de los servicios ofrecidos a los usuarios y advierten de que la ley «no considera el derecho de los profesionales de la sanidad a la objeción de conciencia, lo que supone una grave carencia de la misma».
Sobre la sedación paliativa, catalogarlo de derecho del paciente del modo que lo hace el artículo 14 de la norma, «nos parece que permite abrir la puerta a acciones de eutanasia», porque en el se equiparan situaciones graves e irreversibles, terminales y de agonía.
Al enfermo en situación grave e irreversible, pero no terminal ni de agonía, hay que atenderle para que pueda vivir en las mejores condiciones posibles, ya que «no es aún tiempo de morir», señala la pastoral.
«Las acciones realizadas intencionalmente para causar la muerte del enfermo y así evitarle sufrimientos -por acción positiva o por acción de omisión- aunque se sumen a la causa de la enfermedad presente han de calificarse de eutanasia».
Concluyen diciendo que se proponen formar específicamente a agentes pastorales que puedan participar en los cuidados paliativos para cuando el enfermo requiera asistencia religiosa católica.
(Rd/Efe)
