"Es escandalosa la sumisión de la política a la economía"
Un centenar de sacerdotes, religiosos y misioneros de la Diócesis de Cartagena en la Región de Murcia han suscrito un documento en el que denuncian la situación que viven centenares de familias al verse afectadas por el desahucio de sus viviendas al no poder hacer frente a los pagos de las hipotecas a causa del paro y de la crisis económica. El documento también cuenta con el apoyo de la Asamblea General de Cáritas Diocesana de Cartagena, celebrada hace tres semanas.
El manifiesto, que lleva por título ‘En el nombre de Dios, ¡Basta ya de desahuciar a las familias!’, ha sido presentado este jueves en rueda de prensa en la Iglesia de Santa Rosa de Lima, en el barrio de Los Rosales de la pedanía de El Palmar. Un barrio, precisamente, muy castigado por la crisis y donde se han evitado varios desahucios gracias a la intervención de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas que se constituyó hace unos meses.
El acto ha contado con la presencia del párroco de Los Rosales, José Tornel, así como varios sacerdotes diocesanos, Juan Francisco Ortega, que intervino en la rueda de prensa, José Luis Bleda y Joaquín Sánchez. Asimismo participaron varias religiosas, entre ellas Sor Juana Peñalba, Hija de la Caridad y muy implicada en Cáritas, y otras de la Institución Teresiana y de las Carmelitas de Santa Joaquina de Vedruna. También intervino el religioso salesiano José Miguel Gambín, misionero durante 25 años en Malí.
En su escrito, dirigido a «los políticos, banqueros y a todos aquellos que participan directa o indirectamente en el desahucio de viviendas», los firmantes aseguran que «la vivienda no es sólo ladrillo y cemento, es un hogar donde se ha materializado un proyecto familiar, es un espacio en el que todo adquiere un significado afectivo y existencial: el amor de la pareja, los momentos felices y duros, el nacimiento de un hijo. Es el lugar vital donde la familia encuentra el cariño, el descanso y la tranquilidad».
Tras recordar que «las familias han ido pagando sus hipotecas mientras alguno de sus miembros ha tenido un trabajo», el paro «ha supuesto no poder cumplir con la cantidad mensual establecida» y provocado «que los bancos y cajas de ahorros, a través de demandas judiciales para desahuciar, estén provocando un sufrimiento a la sociedad en aras de sus beneficios«.
Los sacerdotes y religiosos denuncian que «los bancos y las cajas han recibido muchísimo dinero público para tapar sus agujeros» y que «las demandas judiciales tienen amparo legal en una Ley Hipotecaria que no defiende ni ampara a la persona ni a la familia».
Muchas familias, prosiguen, «han sido echadas a la calle, con el agravante de no concederles la dación en pago (cancelación de la hipoteca con la entrega de la vivienda), lo cual las deja sin futuro. No pueden volver a reiniciar sus vidas. ¿Qué futuro -se preguntan- pueden darles a sus hijos si están en paro, o con un trabajo precario, y además con una deuda de miles de euros?».
Por ello, piden «a los bancos y cajas que no ejerzan la demanda de desahucio, sino que busquen soluciones con las familias y las administraciones, que permitan a las familias poder seguir disfrutando de su hogar. En este sentido, valoramos el trabajo y el compromiso de las plataformas de afectados por la hipoteca«.
CAMBIAR LA LEY
También reclaman a los jueces, secretarios judiciales, comisiones judiciales y fuerzas de orden público «una gran sensibilidad y respeto ante estas situaciones» y que «sus actuaciones no supongan un mayor sufrimiento a las familias. Que no olviden que echar a una familia a la calle sepulta la dignidad humana, por muy legal que sea».
Asimismo, exigen «a los gobernantes que estén al servicio de los ciudadanos y del bien común, ya que es escandalosa la sumisión de la política a la economía. Que cambien ya la ley, que paralicen los desahucios ante esta situación social, concedan por ley la dación en pago y se establezca el alquiler social».
Recuerdan diversos textos de la Doctrina Social de la Iglesia, así como la encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, así como la Carta de los derechos de la familia de 1983, al referirse a que «la familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar y proporcionada al número de sus miembros, en un ambiente físicamente sano que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y de la comunidad». Les exigimos, por tanto, a los políticos, que protejan a las familias.
El escrito, al que esperan que se sumen más sacerdotes y religiosos de toda la Diócesis de Cartagena, finaliza con la petición de que «todos pongamos en el centro de nuestras actuaciones y decisiones a la persona y su dignidad, porque el ser humano no es mercancía, sino que es el centro y fin de toda la vida económica y social» (Caritas in Veritate, 25), pues, concluyen, «desde la fe cristiana consideramos a cualquier persona imagen de Dios y por tanto, merecedora de respeto, justicia y fraternidad». (RD/EP)mar
EN EL NOMBRE DE DIOS ¡BASTA YA DE DESAHUCIAR A LAS FAMILIAS!
«No negarás justicia al pobre» (Ex 23,6)
A los políticos, banqueros y a todos aquellos que participan directa o indirectamente en el desahucio de viviendas:
La crisis financiera está llevando a miles de familias a tener grandes dificultades para pagar la hipoteca de su vivienda. La vivienda no es sólo ladrillo y cemento, es un hogar donde se ha materializado un proyecto familiar, es un espacio en el que todo adquiere un significado afectivo y existencial: el amor de la pareja, los momentos felices y duros, el nacimiento de un hijo… Es el lugar vital donde la familia encuentra el cariño, el descanso y la tranquilidad.
Las familias han ido pagando sus hipotecas mientras han tenido un trabajo. La pérdida de éste les ha supuesto no poder cumplir con la cantidad mensual establecida. Esto ha hecho que los bancos y cajas, los cuales han sido unos de los causantes fundamentales de esta crisis, a través de demandas judiciales para desahuciar, estén provocando un sufrimiento a la sociedad en aras de los beneficios. En estas actuaciones muestran que el sistema financiero no tiene corazón. Los bancos y las cajas han recibido muchísimo dinero público para tapar sus agujeros, que ellos mismos han provocado buscando el máximo beneficio y rápido. Estas demandas judiciales tienen amparo legal en la Ley Hipotecaria, que no defiende ni ampara a la persona ni a la familia. Muchas familias han sido echadas a la calle, con el agravante de no concederles la dación en pago (cancelación de la hipoteca con la entrega de la vivienda), lo cual los deja sin futuro. No pueden volver a reiniciar sus vidas ¿Qué futuro pueden darles a sus hijos si están en paro o con un trabajo precario y además con una deuda de miles de euros?
Pedimos a los bancos y cajas que no ejerzan la demanda de desahucio, sino que busquen soluciones con las familias y las administraciones, que permitan a las familias poder seguir disfrutando de su hogar. En este sentido, valoramos el trabajo y el compromiso de las plataformas de afectados por la hipoteca.
También, pedimos a los jueces, secretarios/as judiciales, comisiones judiciales y fuerzas de orden público una gran sensibilidad y respeto ante estas situaciones. Que sus actuaciones no supongan un mayor sufrimiento a las familias. Que no olviden que echar a una familia a la calle sepulta la dignidad humana, por muy legal que sea.
Exigimos a los gobernantes que estén al servicio de los ciudadanos y del bien común (cf. Caritas in Veritate, 36). Es escandalosa la sumisión de la política a la economía. Que cambien ya la ley, que paralicen los desahucios ante esta situación social, concedan por ley la dación en pago y se establezca el alquiler social. Miles de familias viven hacinadas, con todo lo que supone, en casas de sus padres y otros familiares. El derecho a la vivienda, además de ser un derecho constitucional y un Derecho Humano, está recogido ampliamente por la Doctrina Social de la Iglesia. Así por ejemplo en la Carta de los derechos de la familia de 1983 en el art. 11 se recoge: La familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar, y proporcionada al número de sus miembros, en un ambiente físicamente sano que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y de la comunidad (cf. también Familiaris Consortio, 46; Pacem in Terris, 11). Les exigimos a los políticos que protejan a las familias.
Por último, pedimos que todos pongamos en el centro de nuestras actuaciones y decisiones a la persona y su dignidad, porque el ser humano no es mercancía, sino que es el centro y fin de toda la vida económica y social (Caritas in Veritate, 25). Desde la fe cristiana consideramos a cualquier persona imagen de Dios y por tanto, merecedora de respeto, justicia y fraternidad.
