No hay constancia escrita de algunas charlas mantenidas por el arzobispo con algunos testigos, ni por supuesto con la totalidad de los diez sacerdotes investigados
El arzobispo de Granada, Javier Martínez, sólo interrogó a tres de los sacerdotes imputados por el caso de abusos a menores en su diócesis, pese a que la Santa Sede le solicitó que iniciara una investigación completa y pese a que él mismo, en sus escritos enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Secretaría de Estado, reconoce que varios de ellos pudieron ser víctimas de abusos en el pasado, para convertirse posteriormente en cómplices, en mayor o menor grado, de las atrocidades cometidas contra «Daniel» y otros chicos y chicas. Siete de esos sacerdotes continúan, a día de hoy, ejerciendo como tales en diversas parroquias de Granada.
Según ha podido saber RD, el prelado abrió una investigación únicamente después de que la Santa Sede, a través de Secretaría de Estado, le conminara a ello, una vez el Papa Francisco llamase a la víctima de dichos abusos. Martínez respondió asumiendo la verosimilitud de las acusaciones contra los miembros del clan de los «Romanones».
Sobre éstos, el propio arzobispo reconoce que se trata de un grupo compacto y cerrado, aunque mostró su temor por el daño a la Iglesia que se podría producir dado el nutrido número de sacerdotes del que se hablaba. Ello podría explicar cómo, pese a sus impresiones, Javier Martínez decidiera únicamente interrogar -y suspender «a divinis»- a tres de los sacerdotes imputados, los mismos que Roma reconoce inicialmente como posibles autores materiales de los abusos.
Asociación ilícita
El dato resulta de vital importancia a la hora de que, el próximo mes de septiembre, la Audiencia Provincial de Granada pueda aceptar la petición de las acusaciones de considerar al grupo como «asociación ilícita» y corruptores de menores, de modo que sus posibles delitos no hubieran prescrito desde el punto de vista penal. Canónicamente ninguno de ellos ha prescrito.
Todo ello después de que, a mediados de septiembre, el arzobispo pidiera directamente a la víctima un listado tanto de los posibles abusadores, cómplices o encubridores, como de otras víctimas o testigos. La situación cambió radicalmente en un mes, pues el prelado pasó de ofrecer una total colaboración y asegurar a la víctima que todos los culpables serían castigados a decir que «estamos en manos de la Virgen», cerrar abruptamente cualquier interrogatorio (con la falsa excusa, como demuestran las sucesivas peticiones del Juez y la carta del padre de Daniel, de que tanto el Magistrado como la víctima le habían solicitado no interferir) y, lo que es más grave desde el punto de vista humano, a cerrar cualquier comunicación directa con la víctima de abusos.
Una actitud ultradefensiva
El prelado admite expresamente ante Doctrina de la Fe que este grupo de sacerdotes están desproporcionadamente presentes en el Consejo Presbiteral de la diócesis, y que uno de ellos -como ya se publicó- era juez del Tribunal Eclesiástico. Al tiempo, advierte de su actitud virulentamente defensiva y su distanciamiento doctrinal con la Iglesia, pese a dar la impresión de una radicalidad en su vida en común. Los datos confirman que todos los imputados mantenían una vida en común, con propiedades comunes, pese a no conformar oficialmente una hermandad o asociación aprobadas por la diócesis. Pese a todo, se les permitió -aún lo hacen muchos- continuar viviendo juntos y compartiendo sus bienes.
Con estos datos, la Santa Sede, a través del secretario para la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, envió al arzobispo de Granada indicaciones precisas para elaborar los interrogatorios y tomar las medidas disciplinarias cautelares hasta que Roma tomara las decisiones definitivas. Instrucciones que Javier Martínez no siguió, pues no hay constancia escrita de algunas charlas mantenidas por el arzobispo con algunos testigos, ni por supuesto con la totalidad de los diez sacerdotes investigados. Sí se sabe que el arzobispo de Granada recibió a mediados de octubre en su despacho, y por separado, a tres de los imputados, que negaron rotundamente los abusos.
Desde el comienzo del proceso, y una vez se conoció que el Papa Francisco había forzado la investigación del caso de abusos, el prelado se ha escudado en el «secreto pontificio» (que el juez ha decretado no existe para este caso) y en que no tomó mas medidas porque la Justicia y la víctima así se lo pidieron.
Sin embargo, a finales de noviembre, y una vez detenidos tres sacerdotes y un laico, el arzobispo sí emitió un decreto para quitar la «venia docendi» de éste último, que ejercía como profesor de Religión. Pese a ello, y a asumir que al menos algunos de los «Romanones» -además de los tres ya suspendidos a divinis- fueron cómplices de los abusos a «Daniel», el arzobispo permite que siete curas continúen ejerciendo su ministerio, sin ningún tipo de sanción y, si nos atenemos a la investigación judicial -tras varios apercibimientos y un ultimátum- al juez, sin siquiera ser escuchados por su pastor.
