Desde el Atlántico

Carlos Ruiz

La presidenta del TC impide que se anule el Estatuto catalán

La situación es extremadamente grave. La presidenta del Tribunal Constitucional, en lugar de defender la Constitución, está impidiendo su defensa. Sólo así se pueden entender sus maniobras dirigidas a impedir que se declare inconstitucional el Estatuto catalán. La complicidad de María Emilia Casas con el gobierno de Rodríguez Zapatero resulta, así, escandalosa.

Las noticias que han aparecido en la prensa en relación al debate sobre el Estatuto catalán en el Tribunal Constitucional son pocas, pero significativas. Y escandalosas. Básicamente son dos, a cual más tremenda.

Aquí ya me he referido a otros escándalos que están rodeando el juicio de constitucionalidad sobre el nuevo Estatuto catalán:
– la inactividad de la presidenta Casas Bahamonde para investigar las supuestas irregularidades de uno de los magistrados más favorables al Estatuto catalán (13-V-2009)
– el caso del nuevo ministro de Justicia que, cosa asombrosa en Europa, está presionando al TC (29-IV-2009)
– los retrasos de la Presidenta del TC para evitar una sentencia que declare inconstitucional el Estatu (14-IV-2009)

Pero lo que se ha publicado en agosto supera el ya alto listón del escándalo que rodea al nuevo Estatuto catalán.

I. ‘El Govern está presionando ZP para que influya en la sentencia’
Este es el titular que Catalunya press da a una noticia que también recogieron Público (30-VII-2009) y La Razón (31-VII-2009).
Tal y como recoge Público:

Puigcercós no dudó en poner en cuestión la independencia del Alto Tribunal («aquí todo el mundo toma partido») y afirmó que el Govern, con su president al frente, está tomando cartas en el asunto para que Zapatero cumpla con su obligación de «trabajar, luchar y condicionar» el resultado de la sentencia.
(…)
Puigcercós admitió que en el Govern hay «mucha preocupación» por el alcance que pueda tener la sentencia del TC en tanto pueda limitar el autogobierno. El presidente de Esquerra admitió que nadie ve «clara» la salida, y que si hay un fallo adverso para los intereses catalanes «Zapatero y el PSOE deberán entender que son ellos los responsables».

Sí, es cierto que el secretario del Partido Socialista de Cataluña, José Zaragoza, al día siguiente,

ha recordado este viernes al presidente de ERC, Joan Puigcercós, que el Tribunal Constitucional (TC) es un «tribunal independiente» que no admite presiones.

Pero no es menos cierto que:
– ni el Presidente Rodríguez Zapatero (el directamente aludido por Puigcercós) lo ha desmentido
– ni la presidenta del TC, ni nadie en nombre del TC ha salido a defender la independencia del TC.
Gravísimo en cualquier caso.

La cosa no acaba aquí. Un mes después se publica otro importante artículo.

II. «Casas no ha imaginado jamás una sentencia con el respaldo unánime del pleno. Para lograrlo, habría que declarar inconstitucional medio Estatut. O más»
La frase está extraída de un artículo publicado en La Vanguardia y firmado por José María Brunet el domingo 9 de agosto.
Lo que dice está claro: en lo que TODOS los magistrados están de acuerdo es en que el Estatuto es inconstitucional.
La pregunta entonces es: ¿por qué impide la Presidenta que se declare inconstitucional el nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña?

La pregunta alude a la responsabilidad de la presidenta, Casas Bahamonde, y de la ponente del recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados del PP, Pérez Vera.

III. LA RESPONSABILIDAD DE MARÍA EMILIA CASAS BAHAMONDE.
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece en su artículo 80:

Se aplicarán, con carácter supletorio de la presente Ley, los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de comparecencia en juicio, recusación y abstención, publicidad y forma de los actos, comunicaciones y actos de auxilio jurisdiccional, día y horas hábiles, cómputo de plazos, deliberación y votación, caducidad, renuncia y desistimiento, lengua oficial y policía de estrados.

Pues bien, en su artículo 206, la Ley Orgánica del Poder Judicial dice lo siguiente:

1. Cuando el ponente no se conformare con el voto de la mayoría, declinará la redacción de la resolución, debiendo formular motivadamente su voto particular.
2. En este caso, el presidente encomendará la redacción a otro magistrado y dispondrá la rectificación necesaria en el turno de ponencias para restablecer la igualdad en el mismo.

La prensa ha informado que la ponente del recurso presentado por el PP, Elisa Pérez Vera, ha presentado ¡hasta tres proyectos de sentencia! Es más, hasta el «tercer» proyecto de sentencia se ha rechazado.

Si esto es cierto, las preguntas son:
– ¿Por qué después de ser rechazado el primer proyecto de sentencia no ha declinado Pérez Vera la redacción de la sentencia?
– Si fuera cierto que Pérez Vera declinó, ¿por qué Casas Bahamonde no ha procedido a encargar la redacción de la sentencia a otro magistrado?

Son preguntas importantes. Preguntas que requieren una urgente respuesta por la presidenta del TC y por la magistrada ponente. Y son preguntas que requieren una respuesta inequívoca. Porque de lo contrario, estaríamos en condiciones de pensar que la presidenta y la ponente están haciendo todo lo posible para evitar que se declare inconstitucional lo que está claro que es inconstitucional. Si lo anterior fuera cierto, la conclusión es que Casas Bahamonde, constatado que no puede conseguir que el Estatuto sea declarado constitucional, está bloqueando la declaración de inconstitucionalidad.
Y está bloqueando esta declaración porque se obstina en mantener, en contra de la legalidad vigente, a una ponente que sólo presenta proyectos de sentencias favorables al Estatuto que no tienen mayoría.
Esto significaría que, si la Presidenta cumpliera lo que prescribe la ley, ya se habría nombrado un ponente que habría presentado un proyecto de sentencia, apoyado por la mayoría, que declararía inconstitucional el Estatuto.
Esto significaría que una presidenta que jura defender la Constitución estaría amparando su violación.

Son sospechas muy graves.
Urge una respuesta rotunda, clara e inmediata.

POST-DATA (14-VIII-2009)
Ana Mato ha confirmado que el PP está manteniendo «contactos» con CiU, aunque ha descartado que sean «secretos» y los ha enmarcado en las reuniones «habituales» que mantienen con el resto de formaciones del Congreso. Tal y como adelantó LD, el objetivo prioritario de Rajoy es allanar esta relación.

Supongo que por eso este artículo está siendo silenciado.

Autor

Carlos Ruiz Miguel

Catedrático de Derecho Constitucional Director del Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental Universidad de Santiago de Compostela

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Carlos Ruiz Miguel

Catedrático de Derecho Constitucional
Director del Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental
Universidad de Santiago de Compostela

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