(PD).- La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, ha dado hoy la razón a quienes apuntaban que el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, la eligió como ministra de Economía para superar el bloque que Pedro Solbes estaba imponiendo a algunas iniciativas anticrisis de otros departamentos. Durante su primera rueda de prensa, Salgado ha contradicho a su antecesor al asegurar que sí hay margen fiscal para nuevas medidas.
Así, frente al irrefutable «el margen fiscal está agotado» de Solbes, Salgado ha respondido hoy a los periodistas que «no puede no haberlo». No obstante, ha advertido de que el deterioro de las cuentas del Estado obliga a «ser más selectivo» en cuanto a las medidas que finalmente verán la luz.
Por otra parte, Salgado ha anunciado que el Gobierno cambiará «previsiblemente» sus estimaciones de crecimiento para este año y el que viene a la vista de cómo está evolucionando la economía, aunque lo hará cuando realice el cuadro macroeconómico para elaborar los presupuestos. La ministra ha admitido que, como ha apuntado el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre España, «estamos en la peor recesión económica desde la depresión de los años treinta».
Así, ha reconocido que dicho informe ha revisado drásticamente a la baja las previsiones de crecimiento para España, como lo ha hecho también con otros países, y ha añadido que, «previsiblemente a nosotros nos va a suceder lo mismo», en alusión a la próxima estimación que hará el Ejecutivo. Por otra parte, ha confirmado que las pensiones no se revisarán a la baja aunque la inflación registre tasas negativas.
Antes de comparecer por primera vez ante los medios, Salgado ha acudido al pleno del Congreso que debía convalidar la intervención por valor de hasta 9.000 millones de euros en Caja Castilla La Mancha (CCM). Un decreto ley que ha contado con el voto a favor de todos los grupos menos ERC y Upyd.
Intervención de CCM
Frente a los diputados, la ministra ha defendido que el Gobierno y el Banco de España tomaron la decisión de intervenir a la caja por la «urgente necesidad» de asegurar que la entidad siguiese operando con normalidad.
Según Salgado, había que garantizar que CCM cumpliese «con sus obligaciones frente a los depositarios y acreedores» ante sus «dificultades transitorias de liquidez» y con el objetivo último de garantizar la solvencia de todo el sistema.
Sobre este tema, la ministra ha asegurado en línea con los argumentos de su antecesor en el cargo, Pedro Solbes, que tomaron la decisión para cumplir con «el compromiso del Ejecutivo con el funcionamiento eficiente, la solvencia y la viabilidad del sistema financiero». Así como para «garantizar los derechos de los depositantes y los acreedores» de la caja.
Además, tras recordar que la intervención está dentro del marco legislativo y es coherente con la normativa europea, ha destacado que, sobre todo, «cumple específicamente con las funciones encomendadas» al Banco de España, que no son otras que el buen funcionamiento del sistema y el cumplimiento de las garantías legales. Asimismo, ha reseñado que respeta los principios de transparencia exigidos por el Congreso.
Sobre el aval, ha confirmado que no prevé que se aumenten los 9.000 millones que se han puesto sobre la mesa, aunque de momento solo se ha librado una tercera parte de ellos, y ha añadido que en caso de una eventual ejecución de las garantías de este préstamo, el Fondo de Garantías de Depósitos será el responsable de reembolsar al Tesoro el capital exigible.
Apoyo de la mayoría de grupos
El hecho de que la mayoría de los grupos, incluido el popular, hayan apoyado el real decreto que avalará a CCM, no ha evitado las críticas a la ministra, especialmente en lo que se refiere a no modificar la Ley de Cajas de Ahorros sin consenso.
El portavoz del grupo popular, Cristóbal Montoro, ha ejemplificado los argumentos de la oposición al asegurar que el PP apoya la medida por una «única» razón, que es el presente y el futuro de CCM, y para velar por los intereses de sus depositantes.
Además, ha exigido transparencia y control público de los recursos del Estado, «para que no se tape a nadie y que los gestores asuman esa responsabilidad», y ha aprovechado para añadir que si el Gobierno no hubiera negado la crisis, no habría habido una intervención pública.
Por su parte, el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, aunque también apoya la medida, se ha mostrado «radicalmente en contra» de un cambio en la ley de cajas. Idéntico argumento ha sostenido, desde el PNV, Pedro Azpiazu, quien ha solicitado al Gobierno que presente una «hoja de ruta, concreta y precisa» sobre eventuales nuevas intervenciones. En el mismo sentido también se ha pronunciado el diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien ha reseñado que apoyará la concesión de avales por razones de «urgencia» y viabilidad, aunque tampoco aceptará una reforma de la normativa.
ERC y Upyd, por el contrario, han rechazado la iniciativa ya que puede suponer una «privatización» por parte de los bancos que siempre han visto a las cajas de ahorro como un «caramelo», ha señalado desde Esquerra Joan Puigcercós. Por su parte, Rosa Díez ha criticado que el Decreto «vulnera» los acuerdos europeos sobre estabilidad financiera y no da garantía a la entidad.
El Gobierno pone 14.000 millones para atajar la morosidad de los ayuntamientos
Los ayuntamientos españoles podrán endeudarse a largo plazo para poder hacer frente al pago de las facturas que tienen pendientes con las empresas y autónomos, según un Real Decreto-Ley que aprobará mañana el Gobierno. Esta norma se une a la decisión adoptada para poner en marcha una línea de crédito avalada por el ICO de hasta 3.000 millones de euros para que las empresas puedan pedir a la banca préstamos por las facturas que tienen pendientes de cobrar.
La vicepresidenta Elena Salgado ha anunciado que a la primera de estas medidas se podrán acoger más de 1.000 ayuntamientos que tuvieron remanentes de tesorería al cierre de 2008, mientras que a la línea del ICO podrán acogerse todas las empresas que tengan facturas sin cobrar y soliciten un préstamo.
En rueda de prensa la vicepresidenta segunda señaló que estas dos normas, que en conjunto pueden suponer una financiación de 14.000 millones, han sido consensuadas con la Federación Española de Municipios y Provincias y cuenta con el apoyo y la «satisfacción» tanto de este organismo como de la Comisión Nacional de Administración Local.
Caamaño propone una reforma «integral» de la ley concursal
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha anunciado hoy que propondrá una reforma «integral» de la Ley Concursal, la que se aplica a empresas y personas insolventes. Durante su comparecencia en el Congreso para defender la convalidación del real decreto ley de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal, Caamaño ha señalado que la «propuesta de actuación integral concursal» abordará también las condiciones para declarar insolvente a una empresa de forma voluntaria (cuando lo pide la propia compañía) o necesaria (cuando lo pide un acreedor).
Esa propuesta también abordará la posición de los trabajadores en el procedimiento concursal -muy criticada ahora sobre todo por los sindicatos- y «la coordinación de las acciones de responsabilidad contra los administradores» de empresas insolventes. También incluirá el estudio de las especialidades procedimentales para atender los casos de sobreendeudamiento de los consumidores y las familias.
Desde la oposición, el grupo parlamentario popular le ha advertido de que no convalidará el real decreto porque, en su opinión, debería hacerse como un proyecto de Ley para que sea «consensuado» y pueda hacerse con «estabilidad y criterio».
