Ya era hora.
La paciencia de miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha tocado fondo.
Esta semana, más de 20.000 efectivos han presentado una demanda colectiva contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Audiencia Nacional.
El motivo: una «flagrante discriminación salarial» respecto a sus homólogos en las policías autonómicas, como los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra o la Policía de Canarias.
La plataforma Equiparación Real, que aglutina a estos agentes, denuncia que la brecha salarial se mantiene pese a que todos desempeñan funciones idénticas bajo competencia estatal: seguridad pública, orden público o lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
La diferencia no es menor: un ertzaina o un mosso puede cobrar hasta un tercio más que un policía nacional o un guardia civil por el mismo trabajo.
Un conflicto enquistado y sin solución efectiva
El origen del conflicto es antiguo, pero la frustración se ha intensificado en los últimos años. En marzo de 2018 se firmó un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos policiales para avanzar hacia la equiparación salarial. Sin embargo, los agentes consideran que ese pacto ha sido incumplido sistemáticamente.
«No tiene justificación objetiva que existan diferencias tan abultadas cuando las funciones son las mismas», sostiene Miguel Durán, abogado de la plataforma denunciante.
Los demandantes reclaman:
- Homologación real de los salarios con efectos retroactivos, al menos desde marzo de 2018 o, subsidiariamente, los últimos cinco años.
- Garantías para evitar futuras desigualdades.
- Reconocimiento de su labor como profesión de riesgo, al igual que sucede con otros cuerpos autonómicos y locales. Esta calificación implicaría beneficios adicionales, especialmente en materia de jubilación.
¿Cuánto se pierde por ser estatal?
Las cifras son contundentes:
- Un agente nacional cobra hasta un 30% menos que un autonómico.
- La brecha puede suponer varios cientos de euros al mes.
- Más de 150.000 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil están afectados por esta diferencia estructural.
En paralelo a esta demanda colectiva, se han producido sentencias favorables a casos individuales. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obligó recientemente al Ministerio del Interior a pagar unos 20 millones de euros a 500 guardias civiles discriminados en procesos selectivos. Cada uno recibirá entre 40.000 y 50.000 euros en atrasos por años trabajados sin percibir el salario correspondiente. Este precedente refuerza la posición legal del colectivo.
Claves para entender la demanda
La acción judicial está impulsada por Equiparación Real, pero cuenta con el respaldo de sindicatos y asociaciones profesionales. Las reivindicaciones se estructuran en torno a dos ejes principales:
- Igualdad retributiva: Reclaman que no haya diferencias entre cuerpos policiales por razones territoriales.
- Reconocimiento profesional: Exigen la declaración oficial de profesión de riesgo para Policía Nacional y Guardia Civil.
Esta última cuestión no es menor: implica ventajas laborales (como jubilaciones anticipadas) ya reconocidas en otras policías españolas.
Comparativa salarial: estatales vs autonómicos
| Cuerpo policial | Salario base mensual (estimado) | Diferencia (%) respecto a Policía Nacional |
|---|---|---|
| Mossos d’Esquadra | 2.600 € – 3.000 € | +30% |
| Ertzaintza | 2.500 € – 2.900 € | +28% |
| Policía Foral | 2.400 € – 2.800 € | +25% |
| Policía Nacional | 1.900 € – 2.200 € | – |
| Guardia Civil | 1.800 € – 2.100 € | – |
Fuente: estimaciones sindicales y datos oficiales actualizados
El impacto social y político
El conflicto llega en un momento delicado para el Gobierno central, cuestionado por otros colectivos públicos (sanidad, educación) y enfrentando presiones territoriales crecientes sobre financiación autonómica.
El argumento central del colectivo policial es claro: si el Estado exige una seguridad pública homogénea en todo el territorio nacional, debe garantizar también condiciones salariales equivalentes entre quienes la prestan.
En palabras del abogado Miguel Durán:
«Esto no solo atenta contra el principio constitucional de igualdad recogido en el artículo 14, sino también contra la dignidad profesional y personal de miles de agentes y, por extensión, contra la dignidad ciudadana».
La demanda presentada ante la Audiencia Nacional podría marcar un antes y un después si prospera jurídicamente: abriría la puerta a reclamaciones millonarias por atrasos salariales e intereses legales.
Más allá del salario: reconocimiento profesional
La plataforma Equiparación Real prepara además una nueva ofensiva legal para lograr que ser policía nacional o guardia civil sea reconocido oficialmente como profesión de riesgo. Los beneficios asociados incluyen:
- Jubilación anticipada.
- Mejores coberturas ante lesiones o fallecimiento.
- Mayor protección social para familias.
Este reconocimiento ya lo tienen policías autonómicos y locales en varias comunidades autónomas, lo que añade presión al Ministerio del Interior para evitar agravios comparativos.
Reacciones políticas y sindicales
Las asociaciones policiales han pedido reuniones urgentes con Interior para evitar que el malestar derive en protestas o paros encubiertos durante los próximos meses clave del verano.
Mientras tanto, desde Interior se insiste en que «se sigue trabajando» para mejorar las condiciones laborales y salariales dentro del marco presupuestario disponible.
¿Y ahora qué?
La pelota está ahora en el tejado de la Audiencia Nacional, pero también del propio Gobierno central. Si no se atiende esta histórica reivindicación –considerada prioritaria por los colectivos policiales– la conflictividad laboral podría aumentar durante los próximos meses.
Las fuerzas estatales reclaman ser tratadas con equidad respecto a sus compañeros autonómicos y locales. Lo hacen no solo por justicia salarial, sino también por dignidad profesional y reconocimiento social.
