Está claro que bajo el régimen sanchista, lo que no sea obligatorio estará prohibido.
El debate sobre el acceso a la vivienda en España y en toda la Unión Europea ha dado un giro inesperado.
Pedro Sánchez sorprendió durante la cumbre en Bruselas al proponer que se prohíba la compra de viviendas que no sean para residencia, una medida sin precedentes en la agenda del PSOE y que representa un quiebre con las políticas históricas del partido y que se acercan al de regímenes comunistas dictatoriales como Cuba o Venezuela.
La presión ejercida por sus socios de Gobierno, especialmente Sumar, ERC y Podemos, ha sido crucial para que el Ejecutivo adopte esta iniciativa, destinada a según su relato «frenar la especulación inmobiliaria y aliviar las tensiones en el mercado residencial».
En una rueda de prensa previa al Consejo Europeo, Sánchez fue claro: «Proponemos que se establezcan medidas legislativas para reducir la compra no residencial». Este enfoque no solo responde a la crisis habitacional que atraviesa España, sino que también busca abrir el debate a nivel europeo, donde los precios de las viviendas han aumentado más de un 60% en la última década. En España, este incremento alcanza el 72%, superando ampliamente a otros países como Francia (26,6%), Italia (13,3%) o Alemania (51,3%), según datos recientes del Consejo Europeo.
El cambio de postura del PSOE es significativo: hasta ahora, los socialistas habían calificado «extrema» la propuesta de prohibir la compra de viviendas con fines distintos al uso residencial, defendida por sus aliados parlamentarios. De hecho, hace apenas un mes, el portavoz socialista Patxi López afirmó que una medida así sería «contraproducente», afectando incluso a quienes adquieren una segunda residencia legítima, como una casa vacacional.
Esta iniciativa surge tras las críticas de Sumar y su portavoz Verónica Martínez, quien pidió a la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez acciones «valientes» y consideró insuficiente la reciente creación de una línea telefónica informativa sobre vivienda. Además, tanto Ione Belarra (Podemos) como Gabriel Rufián (ERC) han convertido esta prohibición en una condición indispensable para negociar los Presupuestos de 2026, insistiendo en que el acceso a la vivienda debe ser considerado un derecho constitucional.
La propuesta presentada por Sánchez no solo ha suscitado controversia en Europa; también ha generado reacciones encontradas dentro de España. Sectores críticos advierten que una prohibición general podría tener efectos secundarios indeseados, como una reducción del parque habitacional disponible para alquiler o una caída en las inversiones. El líder opositor, Alberto Núñez Feijóo (PP), recordó que su partido promovió la creación de una Comisión sobre Vivienda en el Parlamento Europeo; sin embargo, sostiene que las soluciones deben centrarse en incentivar tanto la construcción como la iniciativa privada.
Mientras tanto, los socios del Gobierno presionan para que las medidas vayan más allá: Podemos propone incluso contratos indefinidos para alquileres, rebajas obligatorias del precio hasta un 40%, e incluso ilegalizar empresas dedicadas al desalojo. Estas propuestas extremas han encendido alarmas entre propietarios e inversores preocupados por una posible contracción aún mayor del número de viviendas disponibles.
Zonas tensionadas y fondos europeos
La propuesta de Sánchez incluye otras dos peticiones clave: establecer «palancas» legales para intervenir en las llamadas zonas tensionadas, aquellas donde los precios tanto de compra como de alquiler han aumentado debido a la presión turística y a la escasez de oferta; además de solicitar la creación de un fondo europeo específico destinado a edificar vivienda protegida. Ciudades como Madrid y Barcelona se sitúan entre las más afectadas dentro de toda la UE, donde las familias llegan a destinar hasta el 74% de su salario al alquiler, solo superadas por Lisboa.
La escasez de vivienda pública y asequible es otro aspecto crítico del modelo español. Actualmente, el parque de vivienda protegida apenas representa el 3,4% del total, frente a una media europea del 9%. Además, de las 184.000 viviendas sociales prometidas por el Gobierno, 84.000 aún no han sido construidas ni entregadas. A pesar de esto, el Ejecutivo reclama más fondos a la UE para impulsar edificación social, alineándose con el plan del Banco Europeo de Inversiones, que prevé destinar 10.000 millones de euros para construir 1,5 millones de viviendas asequibles en los próximos dos años.
Bruselas opta por un enfoque más liberal
El acceso a vivienda se ha convertido en uno de los temas más apremiantes para los ciudadanos europeos. La proporción del presupuesto familiar destinada a este fin ha crecido notablemente, sobre todo entre quienes residen en grandes ciudades. Esta crisis tiene un impacto triple: afecta derechos fundamentales, compromete competitividad económica y socava confianza hacia las instituciones comunitarias.
Mientras el Gobierno español aboga por intervenir en el mercado con medidas restrictivas, tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo están explorando otras alternativas. El debate en Bruselas se centra en simplificaciones burocráticas, reducciones fiscales y disminución de trámites administrativos. Una propuesta destacada consiste en establecer un plazo máximo de 60 días para otorgar licencias de construcción y aplicar un IVA superreducido –incluso del 0%– para promoción y rehabilitación de viviendas.
El ponente del informe sobre vivienda en la Eurocámara, el español Borja Giménez Larraz, advierte que la caída del 20% en las licencias de obra durante los últimos cinco años es uno de los principales obstáculos para aumentar la oferta. También subraya la necesidad urgente de revisar normativas medioambientales y energéticas que encarecen y retrasan los proyectos residenciales.
Dentro del conjunto de medidas propuestas también se contempla gravar al 100% o incluso prohibir directamente la compra por parte extranjeros no comunitarios; especialmente en zonas turísticas. Se busca así mitigar presión sobre los precios y priorizar el acceso para residentes locales. La eliminación del programa Golden Visa prevista para abril de 2025 ya marcó un primer paso hacia esta dirección. En 2023, los extranjeros no comunitarios adquirieron cerca del 15% del total de viviendas transaccionadas en España.
La cumbre celebrada en Bruselas podría marcar un punto decisivo en cuanto a cómo se aborda esta problemática dentro del ámbito europeo. La propuesta española es polémica pero obliga a todos los actores involucrados a reconsiderar cómo equilibrar intervención pública con dinámicas del mercado. El debate está abierto y las próximas semanas serán cruciales para determinar si Europa está dispuesta a seguir el camino trazado por Pedro Sánchez, o si optará por mantener fórmulas menos intervencionistas.
