Hoy hablamos de una alarma eléctrica que el Gobierno ha preferido ignorar durante años. Varias provincias clave —Toledo, Guadalajara, Segovia, Ávila, Cáceres, Badajoz, Huelva, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Murcia— están llegando al límite de su capacidad eléctrica y, en algunos casos, la saturación es total: cero capacidad disponible.
¿Qué está pasando? Que la red eléctrica no ha crecido al ritmo de la economía ni del urbanismo, mientras la llegada de nuevas industrias —centros de datos, logística y grandes proyectos renovables— ha disparado la demanda sin que nadie planificara de verdad el refuerzo de la infraestructura.
Las propias distribuidoras llevan tiempo advirtiendo de que faltan subestaciones, líneas de alta tensión y refuerzos que llevan años pendientes.
¿Las consecuencias? Empresas que quieren instalarse y no pueden conectarse, promotores inmobiliarios paralizando proyectos, familias que compran viviendas nuevas y no pueden recibir suministro, y municipios enteros viendo frenado su desarrollo económico.
Esto es gravísimo, porque sin electricidad no hay actividad económica, y porque España presume de querer atraer inversiones tecnológicas que requieren enormes cantidades de energía mientras su red está al borde del colapso.
Red Eléctrica y las distribuidoras lo dicen claro: hacen falta inversiones urgentes en transporte y distribución, acelerar permisos y una planificación realista con un marco estable para integrar renovables sin colapsar el sistema. Pero mientras no se haga nada, el daño ya está aquí: menos inversión, menos empleo y menos futuro.
Y SI EL GOBIERNO LO PERMITE, seguiremos creciendo sobre una red eléctrica agotada.
